EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Los derechos son una creación de la inteligencia para que sea posible la convivencia. Es cada sociedad la que los establece y la que decide a quiénes corresponden. Los derechos, por tanto, cambian con los lugares y los tiempos.

En el siglo pasado, después de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 48 votos a favor, 8 abstenciones y 2 ausencias, la Carta Internacional de los Derechos del Hombre, compuesta de dos Pactos Internacionales y una Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Derechos estos que se basan en el reconocimiento de que todos los seres humanos son valiosos, con independencia de sus características, sus circunstancias y su comportamiento. Son derechos que se adquieren desde el nacimiento y que la humanidad está obligada a respetar y garantizar. La educación es uno de ellos, y así se dice en el Artículo 26 de la Declaración:

(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Ahora bien, tal y como está redactado, este artículo admite distintas interpretaciones; entre otras cosas porque convierte el derecho en una obligación y no queda claro si la obligatoriedad  de la instrucción elemental consiste en recibirla o en proporcionarla. Al parecer, el derecho a recibirla corresponde a los menores mientras que son sus padres y tutores, y subsidiariamente la sociedad, los que tienen la obligación de que esta instrucción tenga lugar; pero el artículo no lo dice de forma explícita. No de forma tan clara, al menos, como cuando afirma que son los padres los que tienen derecho preferente a escoger cómo deben educarse sus hijos.

Aunque el término preferente también está sujeto a interpretación, ya que los padres tienen más preferencia en algunos países que en otros, en los que hay pocas opciones entre las que elegir o en los que hay un sistema único de enseñanza impuesto por el Estado. En cualquier caso, los que no tienen preferencia son los que están siendo educados.

Facilitar la educación de los menores es responsabilidad paterna, pero también social. Y corresponde a la sociedad la creación de un sistema de enseñanza que haga posible que todos sus menores se eduquen. Un sistema que garantice el acceso a la educación con igualdad de oportunidades y que certifique y homologue las enseñanzas recibidas y los saberes adquiridos.

Esto puede conseguirse de diferentes maneras, pero lo habitual es que se haga mediante un sistema público financiado y gestionado por el Estado. Es el Estado, además, el que define, mediante la legislación, cuáles son los itinerarios formativos, qué se obtiene con ellos y cómo se cambia de unos a otros. Decide también el contenido del currículo y establece cuáles son las enseñanzas regladas, aquellas que tienen reconocimiento oficial. Ahora bien, aunque sea socialmente útil, este sistema no tiene necesariamente que ser estatal ni tiene por qué ser el mismo para todos. Es más, no es bueno que lo sea.

Se puede proporcionar una buena educación mediante una pluralidad de sistemas de enseñanza, que van desde la educación en casa hasta la educación en un internado, empleando diferentes metodologías e impartiendo los conocimientos más diversos.

El Estado, como representante de la sociedad, está obligado a proporcionar los medios para que todos accedan a una educación de calidad, pero eso no equivale a que dichos medios sean de su propiedad ni que tengan que emplearse para educar como el Estado quiera, poniendo la educación a su servicio.

Hay razones poderosas para no dejar totalmente la educación en manos estatales. La principal es que el Estado, como la mayoría de los grupos de poder, utiliza las escuelas para transmitir la ideología, los valores y los conocimientos que responden a sus intereses. Un ejemplo claro de ello es el uso que están haciendo de ella los nacionalismos, imponiendo una lengua, un sentir y una visión sesgada de la historia.

Pero no es la única razón. Aún en el caso improbable de que la educación estatal fuera aséptica, su oferta tiende a ser única y homogeneizadora, con lo que se pierden los beneficios y posibilidades de las opciones alternativas. En la búsqueda de ese equilibrio imposible entre libertad e igualdad se prima la uniformidad sobre la variedad.

La educación pública obliga a todos los ciudadanos a financiar la escolarización forzosa de los menores dentro de un sistema único que es administrado por políticos, funcionarios y burócratas. Pero esto, incluso con la intervención del Estado, podría ser de otra manera.

Así, sin negar que la educación deba ser gratuita para aquel que no puede pagarla, hay otras formas de financiarla además de los impuestos; por ejemplo, mediante el mecenazgo de instituciones, sociedades y particulares o mediante el copago, según las posibilidades económicas de los usuarios. También hay otros sistemas, como el cheque escolar o los vales educativos, de redistribuir lo recaudado; es decir, subvencionando directamente a los alumnos en vez de pagar a las escuelas. Todas estas alternativas admiten, por supuesto, múltiples fórmulas intermedias.

En lo que se refiere a la homologación de las enseñanzas y las titulaciones, lo primero que hay que señalar es que los saberes adquiridos en la escuela son cada vez más irrelevantes para los empleadores y los que buscan empleo. La mayoría de las profesiones, salvo la de profesor, se aprenden fuera de la escuela; trabajando con alguien que las ejerce, practicando, resolviendo situaciones reales y no supuestos académicos.

Dicho esto, la expedición de certificados que garanticen que una persona posee las capacidades asociadas a su profesión puede ser necesaria para ciertas profesiones, como la de piloto, cirujano o conductor de grúas, en las que está en juego la seguridad o la salud de los demás, pero es difícilmente justificable en muchas otras, como las de filósofo, historiador, restaurador artístico o jardinero.

Y lo mismo puede decirse de muchos saberes y conocimientos cuya homologación no es necesaria, pero que se está empleando como un mecanismo de normalización y de selección, de conducir los aprendizajes por unos caminos determinados al tiempo que se dificultan o se cierran otros. Todo aquello que no se homologa, que no está sujeto a una evaluación externa, no se considera digno de ser aprendido.

La necesidad de homologación de las titulaciones no justifica que los saberes empiecen a normalizarse desde la infancia. Y es contraproducente que así se haga: por la rigidez, por los límites que impone, por los desarrollos que cierra y por la enorme cantidad de posibilidades que se están desaprovechando. Y, lo que es peor, con la normalización de los saberes se consigue que todas las escuelas funcionen de la misma manera.

Finalmente, admitiendo la necesidad de cumplir ciertos requisitos para obtener un título y de que haya alguien que lo avale, esto no implica que estas garantías tengan que ser proporcionadas por el Estado. Universidades como Oxford, Yale o el MIT de Massachusetts tienen el suficiente prestigio como para no necesitar de los avales del gobierno de turno. Hay cientos de titulaciones propias que ya son reconocidas por las empresas, vengan acompañadas o no de un papel oficial.

Las diferencias entre la intervención del Estado en los distintos países residen en la titularidad  de los centros educativos, en cómo se financian y en la mayor o menor autonomía de la que gozan. Un sistema educativo en el que las escuelas sean propiedad de las comunidades que las utilizan, las formas de financiarlas sean flexibles y diversas y estas escuelas disfruten de gran libertad para organizarse, decidir la metodología y seleccionar los contenidos, sería un sistema poco intervenido por el Estado, aunque este siga ejerciendo un papel regulador, vigilando y poniendo los medios para que se cumpla la ley. Esto sería un avance, pero se podría llegar mucho más lejos.

La escolarización es la forma en la que las sociedades modernas han institucionalizado la educación, pero no es la única opción posible. Se pueden diseñar sistemas educativos alternativos, con y sin escuela. Se pueden diseñar y poner en práctica redes educativas encaminadas a conseguir que la educación sea más personalizada. Pero este es otro tema del que ya hemos hablado, repetidas veces.

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Sobre Enrique Sánchez Ludeña

Enrique Sánchez Ludeña, nacido en 1956, es licenciado en Ciencias Químicas, con la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante diez años fue profesor de ciencias y matemáticas en el Colegio Ágora. Simultáneamente, y desde entonces, se ha dedicado a la elaboración y edición de textos escolares y otros materiales didácticos sobre ciencias experimentales, tecnología e informática. Ocasionalmente colabora en actividades de formación del profesorado.

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One Respuestas a EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA

  1. Sedente 16 Abril, 2017 at 13:42 #

    “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.”

    No puedo si no decir: ¡Menudo fracaso!

    Es como decir que llevamos más de 70 años enseñando a construir puentes que se caen y además, ayudamos a que se caigan entre el fervor de muchos.

    Llegado a este punto, no sé si es más importante, preocupante y primordial la forma de enseñar y el “cómo”, o el “qué es” y “para qué es” todo lo que enseñamos.

    Saludos.

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