Declaración de Granada y presupuestos públicos

“La Hacienda Pública se ha convertido en agente de la razón de Estado. Una razón que descansa sobre un solo pilar cual es la recaudación. En el margen del camino ha ido quedando primero la Ley; más tarde la seguridad jurídica y unos metros más allá las garantías y los derechos del contribuyente…”

Con estas palabras finaliza la declaración pública de un nutrido grupo de catedráticos y profesores de Derecho Tributario en Granada, el pasado fin de semana (hoy mismo las asociaciones de jueces y fiscales han declarado una huelga de protesta y denuncia de la Administración de Justicia; hace unos días eran las fuerzas de seguridad del Estado). Las aguas institucionales están revueltas, con razón, esgrimiendo el ¡basta ya! que colma la paciencia de todos.

El documento es denso y contundente en su análisis de la situación existente, donde el contribuyente o ciudadano ha quedado convertido en mero “súbdito” de la Administración Tributaria y, por ello, sujeto a sus caprichos normativos, sus veleidades interpretativas y su prepotencia administrativa, todo lo cual ha producido y produce una grave situación de inseguridad jurídica y ha hecho un daño irrecuperable a la economía nacional, con la pérdida de cientos de miles de pequeños negocios y autónomos, a los que se ha asfixiado y perseguido con saña, en detrimento de sus derechos constitucionales.

El documento de quince páginas va desgranando desde los orígenes de lo que fue el Derecho Financiero y Tributario, asentado sobre la Ley aplicable en todos los ámbitos y para todos los contribuyentes sin excepción, a la situación actual en que “la utilización torticera por parte de los poderes públicos o por algunos de sus servidores de los recursos allegados” ha provocado una cierta objeción fiscal. Es decir, la negativa a contribuir al saqueo, derroche o despilfarro de las contribuciones públicas, mientras hay grandes compañías o sujetos pasivos que cuentan con medios para esquivar impuestos o llegan a determinados acuerdos fiscales que les son favorables vulnerando los más elementales principios de justicia tributaria.

“Parece que el afán recaudatorio se ha convertido en el único objetivo del comportamiento de los órganos tributarios, con olvido de los derechos y garantías individuales…. se lleva a cabo atendiendo de manera preferente a normas reglamentarias e instrucciones internas que, más veces de las deseables, solo están hechas para allegar recursos al Erario público, pero no necesariamente para hacerlo de forma más justa.”

El documento señala la “quiebra del principio de legalidad” al no ajustarse las actuaciones fiscales al imperio de la Ley, hurtándose al legislador su función por parte del ejecutivo y el recurso de éste a la figura del decreto/ley para así normativizar aquello que le conviene: “Su abuso puede suponer un ataque al principio de legalidad, sobre todo porque se hurta al Parlamento, único depositario de la soberanía nacional, la posibilidad de disponer…” Todo ello agravado además en un Estado con múltiples órdenes jurisdiccionales que provocan “una gran litigiosidad en materia tributaria y genera grandes dosis de inseguridad jurídica”. Esto último ha sido señalado en reiteradas ocasiones por instituciones y foros jurídicos especializados, como el informe realizado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña en el año 2014.

Muy importante en este sentido es lo recogido en este documento sobre el cripticismo fiscal que no facilita precisamente dicha seguridad jurídica: “el legislador usa en demasiadas ocasiones expresiones difícilmente comprensibles, permanentes remisiones normativas y otras fórmulas similares, que hacen poco menos que imposible no ya la interpretación de los textos legales o reglamentarios, sino su propia comprensión incluso por los especialistas en la materia… lo que convierte a la DGT en una especie de oráculo que viene a explicar a todos (Administración, contribuyentes y tribunales) la verdad revelada contenida en la norma… frente al principio de presunción de inocencia, parece haberse dado cálida acogida en las dependencias administrativas a la presunción de culpabilidad, convirtiendo al contribuyente en una especie de administrador vicario, lo que le obliga a cumplir con unas obligaciones materiales y unos deberes formales que deberían ser propios de la Administración Tributaria… Hemos llegado así a una Adnministración que sólo realiza funciones de control y castigo.”

Continúa el documento señalando la quiebra del principio de igualdad por el distinto tratamiento procedimental y efectivo sobre los que llama “obligados tributarios” (lo que ya es una muestra de la visión fiscal sobre el ciudadano) que extiende sus tentáculos buscando la responsabilidad de terceros ajenos al hecho imponible y al sujeto responsable del mismo. Señala, como hemos dicho la quiebra del principio de seguridad jurídica, del principio de solidaridad y del principio de justicia financiera, todo lo cual son “cauces por los que han fluido, torrenciales, las aguas que se han llevado consigo la igualdad de los españoles ante la Ley fiscal…”

Pues bien, todo esto se señala y denuncia públicamente cuando estamos asistiendo al “supuesto” debate sobre presupuestos en el Congreso de Diputados, donde todo está ya “atado y bien atado” como se recoge en otra parte de dicho documento: “Y lo que es más grave, ha llevado a la opinión social al convencimiento de que, en la vida pública, todo se compra y se vende: los votos, los ingresos a favor de determinado sector o territorio y la reforma fiscal del sistema estatal o de determinados sistemas autonómicos… que convierten en puramente formal el derecho al presupuesto de la representación pública de los ciudadanos.” Dicho en términos castizos: “ya está vendido el bacalao” en la trastienda de la transparencia pública por mucho que, desde el mundo académico o profesional, se denuncie la situación. Pero ya es algo de gran importancia subrayar la desmitificación de la “ilusión financiera” que decía Amílcare Puviani allá por el año 1903 con que el Estado (los gobiernos), vienen haciendo juegos de prestidigitación ilusionista sobre sus finanzas.

4 comentarios

4 Respuestas a “Declaración de Granada y presupuestos públicos”

  1. O'farrill dice:

    “La DGT es una especie de oráculo que viene a explicar a todos (Administración, contribuyentes y tribunales) la verdad revelada contenida en la norma..”
    He seguido con interés el caso del IVAM de Valencia en relación con unas obras de arte atribuidas a Gerardo Rueda, donde la abogacía del Estado de la Generalitat Valenciana y la propia Fiscalía, creen que la producción de obras con posterioridad a la muerte del artista, supone falsificación de las mismas, algo que la razón y la sensatez avalan. Quienes producen las obras en nombre del artista o las reproducen en series, están creando una grave distorsión en la historia del Arte……. sobre todo al intentar que pasen como auténticas. Pues bien, el criterio de Hacienda ES QUE SE PUEDEN HACER HASTA OCHO REPRODUCCIONES QUE SERAN RECONOCIDAS COMO ORIGINALES. Y, digo yo ¿quien y en base a qué, alguien determina en Hacienda (la imprecisión es absoluta) el número de reproducciones que afectan o no al mundo del Arte? Semejante despropósito se amplía diciendo que “la normativa” (¿qué normativa?) contempla que los herederos pueden REALIZAR OBRA POSTUMA.
    Hasta aquí una pequeña muestra que avala todo lo expresado en la Declaración de Granada, pero supongo que todos conocemos más. Un saludo.

  2. pasmao dice:

    Aprecado O’farrill

    Yo creo que la AET/DGT.. son dignísmos herederos de la Inquisción.

    La han superado con creces. Hay que tener en cuenta que lo importante de la Inquisción no fue la cantidad de personas que se cargó o toturó, que fueron relativamente pocas (aunque al que le tocara maldita la gracia) en comparción con otros terrores como el protestante/calvinista o el del terror de la Vendee .. si no el régimen de terror que se instauró y que entre otras cosas se cargó a la Escuela de Salamanca.

    Lo terrible de la AET/DGT… no es lo que hace, siendo terrible, si no lo que está coartando, impidiendo que se desarrolle una sociedad mucho mas creativa, libre y responsable.

    Es mas, ni siquiera les preocupa el recaudar per se, recaudar es sólo una excusa para aterrorizar y acumular poder.

    Fuera de España intentas explicar lo que hay aquí y piensan que te has vuelto loco.

    Un cordial saludo

  3. O'farrill dice:

    Ahora se está preparando el “estatuto del artista” con una fiscalidad especial. De nuevo la “igualdad” ante la ley queda en entredicho. Veremos si el TC dice algo al respecto. Mientras tanto es previsible una avalancha de nuevos valores artísticos, pero… ¿quien y con qué criterios va a determinar qué es un “artista”? Un saludo

  4. Manu Oquendo dice:

    El artículo del Sr. Laguna y la llamada “declaración de Granada” son importantes a pesar de que esta declaración es, por así decirlo, demasiado respetuosa y moderada ante lo que en algunos casos son auténticos abusos. Creo que PP no se ha dado cuenta del daño que le ha causado Montoro en su relación con grupos de contribuyentes injustamente dañados.

    Quisiera traer a colación aquí un fenómeno que tuvo lugar durante el viejo régimen en Francia. La minuciosa preparación de lo que se conoce como “Cahiers de Doléance”o Cuadernos de Quejas que cada vez que el monarca convocaba a los tres Estamentos, estos llevaban para presentar al Rey. Recordemos que estos estamentos eran representaciones de Pueblo,, Nobleza y Clero y que el Rey, antes de cualquier cambio Fiscal, debía obtener su aquiescencia.
    En estas cuestiones la Ilustración trajo, bajo apariencia de Falsa Representación, un régimen mucho menos Democrático y desde luego, hoy, definitivamente EXTRACTIVO sobre la clase media trabajadora y propietaria de su vivienda. La extractividad se extiende a numerosas cuestiones –no solo a la tributaria formal– que son insuficientemente estudiadas, y que hoy no es consistentemente recopilada a través de ejemplos concretos –que suelen suceder a segmentos de la ciudadanía y que por lo tanto no suelen hacer titulares ni son recogidos en una base de datos “ciudadana”.

    Quizás una sección de los Blogs podría dedicarse al registro de las mismas. Si se hace con seriedad y análisis ecuánime y no ideologizado puede convertirse en un potente instrumento de comunicación.

    Un saludo

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