EL CONCIERTAZO VASCO

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A raíz de la negociación entre el PP y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y ganar algo más de tiempo de legislatura al actual Gobierno en minoría, se ha vuelto a poner el foco mediático en el llamado concierto vasco.

Según uno de los mayores expertos de financiación autonómica (Ángel de la Fuente), la negociación del Gobierno con el PNV nos va a costar a todos los españoles 4.480 millones € al año en sobrefinanciación al País Vasco, una de las comunidades autónomas más ricas del país.

La Constitución española, en uno de sus preceptos más vergonzantes, introdujo en su disposición adicional 1 el reconocimiento de los llamados “derechos históricos de los territorios forales”, en un vano intento de apaciguar a la banda terrorista ETA.

Este precepto constitucional supuso que, en nuestro Estado autonómico, supuestamente basado en el principio de solidaridad, hoy existan dos sistemas de financiación bien diferenciados: el general, que rige para todas las comunidades; y los regímenes especiales del País Vasco y Navarra.

En el régimen general, los tributos con mayor capacidad de generar ingresos se regulan y recaudan por el Estado. Así, el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el IVA son impuestos estatales. Las comunidades autónomas pueden establecer sus propios tributos, pero estos nunca pueden incidir sobre una manifestación de riqueza ya gravada por el Estado o por un tributo municipal. Esta limitación hace que los impuestos propios de las comunidades tengan poca capacidad recaudatoria. Por tanto, la correcta financiación de las amplísimas competencias autonómicas depende de los fondos que éstas reciban del Estado. Estas cantidades se calculan en función, básicamente, de la población de cada comunidad, tratándose de garantizar una financiación equitativa per cápita.

Recordemos que en España los servicios básicos directamente relacionados con el llamado Estado del bienestar, como la educación o la sanidad, son competencia de las comunidades autónomas. Y, aparte de la eficiencia y honestidad con que los gestores autonómicos apliquen los recursos disponibles, es evidente que la calidad de aquellos servicios dependerá del dinero de que se disponga para financiarlos.

Pongamos un ejemplo: en materia de sanidad, el Estado debe garantizar que en todas las comunidades se presta una cartera mínima de servicios sanitarios. Garantizado ese nivel mínimo, las autonomías pueden reconocer a sus ciudadanos prestaciones adicionales en función de la disponibilidad financiera. Es obvio decir que cuanto más dinero tenga una comunidad mayor será la calidad de la cartera mínima de servicios y más servicios adicionales podrá ofrecer a sus ciudadanos. Incluso es lógico pensar que en las elecciones de cada comunidad los distintos partidos entrarán en una subasta ante el electorado para ver quién puede conseguir más dinero del Estado y ofrecer más servicios a los electores.

Los regímenes especiales del País Vasco y Navarra se denominan, respectivamente, concierto y convenio económico. En el concierto los impuestos con mayor poder recaudatorio se establecen, regulan y recaudan por las haciendas forales, esto es, las provincias (denominadas diputaciones forales). El cupo es la cantidad que el País Vasco paga al Estado anualmente para sufragar las competencias del Estado (defensa, relaciones exteriores, etc.) y garantizar la solidaridad interterritorial. La forma de cálculo del cupo se establece en una ley de vigencia quinquenal que se negocia bilateralmente entre el Estado y representantes de la comunidad y de las diputaciones forales. El convenio económico navarro es bastante parecido al concierto, con la diferencia de que la hacienda navarra corresponde a la comunidad (y no a la provincia) y el cupo que Navarra debe pagar anualmente al Estado se denomina aportación.

Hay que recordar que los fueros eran privilegios que Reyes en una situación de debilidad otorgaban a determinados territorios para ganarse su adhesión. Mientras los fueros que, por ejemplo, se otorgaron a Valencia fueron suprimidos por los Decretos de Nueva Planta, para no volver a aparecer; algunos de los privilegios otorgados a las Vascongadas y Navarra han subsistido. Curiosamente la expresión “concierto” se utilizó por primera vez en un Real Decreto de 1878 por el que, tras la Tercera Guerra Carlista, las Provincias Vascongadas se incorporaron al régimen tributario general de la Monarquía, una vez “establecida la unidad constitucional”. Es decir, históricamente, el concierto significó la eliminación del privilegio fiscal vasco. Sin embargo, la supresión no llegó a ejecutarse plenamente por la desidia de la Hacienda española, que permitió que transitoriamente fueran las haciendas forales las que siguieran recaudando los tributos. Y ya sabemos que no hay nada más permanente que lo transitorio. El resto lo ha logrado la habilidad del nacionalismo vasco para mantener el privilegio.

Hay poca discusión sobre que el resultado de la aplicación del concierto vasco y del convenio navarro ha sido que en estas comunidades se disfrute de una auténtica sobrefinanciación y, consiguientemente, de una mayor calidad de servicios y prestaciones. Y manda narices que, en un modelo constitucional supuestamente basado en la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y en la solidaridad, dos de las comunidades más ricas reciban todos los años dinero de las demás regiones, incluidas las más pobres, para mantener un nivel de vida privilegiado. Esto no sería muy diferente a si Alemania o Francia pretendieran financiar sus servicios a costa de Grecia o Rumanía.

Sin embargo, siempre que se discuten estos regímenes forales -que yo sepa actualmente sólo lo hace Ciudadanos como partido de ámbito nacional-, los partidos vascos, sean o no nacionalistas, saltan ofendidos esgrimiendo, como único argumento, que el concierto es un régimen histórico reconocido en la Constitución. Sobre esta cuestión conviene recordar que nuestro Tribunal Constitucional tiene declarado que los regímenes forales subsisten porque así lo quiso la Constitución de 1978 y no por su existencia histórica, dado que no existen, jurídicamente, derechos históricos que puedan imponerse a la propia Constitución, como máxima expresión de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Esto es, igual que el pueblo español decidió incorporar el privilegio en la Constitución, podría suprimirlo, mediante una reforma constitucional, sin que la historia pueda imponerse a la soberanía nacional.

Un sistema constitucional no es más que un intento de realizar una ordenación racional de una sociedad a partir de una serie de principios rectores que se consideran positivos. Si una institución, por mucho arraigo histórico que tenga, no sólo no responde, sino que se opone a la realización de tales principios, no existe ninguna justificación válida para su mantenimiento. Así, la esclavitud o la discriminación racial tuvieron reconocimiento histórico y, sin embargo, fueron suprimidas normativamente en cuanto se oponían al principio de igual dignidad de cualquier ser humano, con independencia de sus diferencias.

Aparte del nada persuasivo argumento histórico, se suele decir que el problema no es el concierto o el convenio económico, sino la forma de calcular el cupo o la aportación de la comunidad al fondo común. Esto es, el defectuoso funcionamiento de los regímenes forales se debería a la habilidad negociadora de los representantes autonómicos y a la correlativa impericia de los estatales. Si esto es así cabría plantearnos generalizar a todas las comunidades los regímenes ahora especiales. Lo que no es de recibo es que a estas alturas sigamos manteniendo privilegios históricos. Así, si la tarta de la financiación autonómica es común y debe repartirse equitativamente entre todos ¿por qué el País Vasco y Navarra mantienen el privilegio de la negociación bilateral con el Estado y no se sientan en la misma mesa con el resto de Comunidades Autónomas?

Pues bien, si el mantenimiento del privilegio es ciertamente injusto, su generalización sería un suicidio colectivo. En un Estado como el nuestro, con importantes fuerzas centrifugas que pretenden su destrucción, una de las principales herramientas para mantener la cohesión, siguen siendo los dineros. No me cabe ninguna duda de que el Estado no hubiera sido capaz de afrontar con el mismo éxito el proceso de secesión catalán, sin tener el control de la hacienda. Pero es que, además, mantener 17 sistemas fiscales diferentes y 17 haciendas recaudadoras no sólo es un disparate, sino que llevaría incorporado el germen de la insolidaridad y el egoísmo. El todo para mí y que se pudra al vecino en que se basa cualquier nacionalismo, florecería en la pesadilla de sistema autonómico que significaría la generalización del concierto.

Si esto es así, debemos preguntarnos por qué ciertos partidos que hacen bandera de la solidaridad y la igualdad, no discuten estos privilegios. La respuesta es fácil: los vascos y los navarros siguen queriendo vivir mejor que los demás y es difícil que cualquier partido tenga opciones de ganar en esos territorios si discute los fueros. Además, el sistema electoral otorga mayor peso a los partidos políticos que concentran sus votos en una comunidad frente a los que obtienen el mismo número de votos dispersos por el territorio, lo que ha dado una enorme capacidad de influencia a los partidos nacionalistas. Cada vez que un Gobierno en minoría (sea del PP o del PSOE) ha dependido del voto del PNV, el apoyo nos ha salido por una fortuna a todos los españoles, aumentándose la desigualdad entre personas que residen en distintas regiones.

En fin, si realmente pretendemos lograr una sociedad justa y sin privilegios, deberíamos hacérnoslo mirar. No tiene ninguna justificación que regiones ricas sigan viviendo del cuento de privilegios históricos.

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Sobre Isaac Salama Salama

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE, E-3). En 1996 ingresa en el cuerpo de Abogados del Estado y, desde entonces, ha desempeñado diversos puestos como Abogado del Estado: la Delegación del Gobierno de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los diversos Comités de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos. En el período 2000-2004 formó parte del gabinete del Presidente del Gobierno. En situación de excedencia voluntaria desde octubre de 2013.

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7 Respuestas a EL CONCIERTAZO VASCO

  1. Julio 30 noviembre, 2017 at 19:59 #

    En total acuerdo con la exposición del artículo. Es palmario, y no se hace necesario aportar más argumentos, la injusta desigualdad en el trato recibido por unos ciudadanos frente a otros del mismo Estado.
    Un problema para reconducir esta situación, es que requeriría la modificación de la constitución, y en este aspecto, creo que mayoritariamente demandada por la Sociedad Civil pero no por la clase política.
    Un remiendo a este problema, tal cómo se menciona en el artículo, es un cálculo más acorde con la realidad en lo que se refiere al cupo. Y en este punto, considero que dicho cálculo favorable a la tesis nacionalista, no se produce por la pericia de éstos a la hora de negociar el mencionado cupo ó a la deficiente acción del gobierno central de turno, si no a la fuerza que obstentan el PNV (y partidos nacionalistas) debido a la mencionada repetidas veces Ley Electoral que les otorga un poder sobredimensionado para conformar mayorías parlamentarias.
    Para arreglar el desaguisado, a mi entender, existirían dos soluciones :
    – a) Modificar la constitución en el sentido de suprimir privilegios. Y aquí nos topamos con la inmensa mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria. Cómo ejemplo aparece estos días la última ” perla” del PSOE-PSC avalando la condonación de deuda de la comunidad autónoma de Cataluña y la creacción de un cupo fiscal para esta comunidad en consonancia con la existente en el país Vasco y Navarra, éso es lo que se dice solidadidad con el resto de población del país, permitáseme que me ría.
    -b) La modificación de la ley orgánica que regula la ley electoral existente. Y aquí nos volvemos a topar con la mayor parte de los partidos políticos. Quizás una forma de pontearlos, sería la recogida de firmas necesaria de la Sociedad Civil que llevara la propuesta al congreso de los diputados para que se debatiera y modificara la desastrosa Ley Electoral. Y aquí, nos volvemos a topar con la clase política.
    Quizás frente a la incapacidad manifestada para resolver el entuerto, tendremos que confiar otra vez en la Unión Europea, en que en un futuro a la hora de cohesionar una Europa sin privilegios de unas regiones frente a otras, tome cartas en el asunto.
    Conclusión, que desastre de partidos políticos tenemos, ó quizás es lo que nos merecemos.

  2. pasmao 30 noviembre, 2017 at 20:26 #

    Buenas tardes Don Isaac

    Excelentemente bien explicado.

    Pero el personal no está interesado en que le timen, una pena. Yo lo voy a contar de otra manera, 4.448 millones divididos entre 46,5 millones de habitantes nos sale a 95,66 € por ejpañolito. Casi 100€.

    Incluidos bebés, minusválidos, enfermos de alzhéimer.. todos apoquinando casi 100€ todos los años por los santos bemoles carlistas de la paz social.

    Por lo demás simplemente recordar que durante el franquismo se conservaron los fueros en Navarra y Álava. Simplemente por apoyar a Franco durante la Guerra Civil. No se si al 100% y de igual manera en ambas. Si estoy seguro de que entonces Navarra funcionó como nuestro pequeño Luxemburgo/Lienchenstein local.

    Y ello influyó y mucho para que hubiera unas concentraciones de capital en Navarra que dieron lugar a que determinadas industrias, etc acabaran allí y no en otros sitios. Para domiciliar en Navarra no valía como cuando se domicilia en Gibraltar, con un simple apartado de correos o similar (o eso cuentan), era necesario que existiera una cierta actividad ligada al business en cuestión.

    Y ahí es donde por lo que me han contado mi historia discrepa un poco de la suya.

    Usted nos dice que ETA pesó mucho en la decisión de no hacer tabla rasa en la Constitución del 78 y volver a tiempos pasados.. y es posible, pero recuerde que Navarra, entonces, se consideraba una provincia fiel pero problemática. Recuerde Montejurra 76.
    dejo dos links, por si el de la Wiki no es suficientemente preciso

    https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesos_de_Montejurra

    http://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2016-05-09/pedro-fernandez-barbadillo-montejurra-1976-cuando-el-carlismo-se-suicido-78925/

    En 1977/78 haber quien tenía bemoles de echar un pulso al Carlismo, y además quitándoles dineros, con una Constitución que liquidara los conciertos existentes.

    Podría pasar que esos patriotas mutaran en abertzales y la liáramos. Así que si tragaban con Juan Carlos y a cambio se le dejaban los fueros.. pues todos contentos.

    Sume que toda esa ingeniería fiscal, tan afecta al régimen, y los que hacían la Constitución eran puro régimen, se caía y tendrá otro elemento mas.

    Que los de ETA fueron y son unos miserables asesinos (iba a poner otra palabra mas fuerte que empieza por “hijos ” pero para que) no tengo duda, pero que aprovechando que ETA.. me parece necesario señalarlo.

    Aprovecho para recordar un suceso que ahora no apetece recordar y es el fraude del IVA, que se hizo en Landaben/Volskwagen, y que tan bien a la Hacienda Navarra, y que concluyó en un “pelillos a la mar, por que son de los nuestros” escandaloso, pero no suficiente por que nadie se acuerda.

    ttps://www.elconfidencial.com/espana/2012-07-18/hacienda-admite-que-regalo-a-navarra-el-iva-de-las-exportaciones-de-volkswagen_224203/

    Hay muchos mas links pero con ese quien quiera seguirle la pista lo tiene fácil.

    Muchísimas gracias por ser tan didáctico.

    Un cordial saludo

  3. O,farrill 1 diciembre, 2017 at 16:25 #

    Excelente artículo de Isaac que pone otra vez el dedo en la llaga de la vulneración del principio de “igualdad” del artº 1º de la C.E. Y… digo yo, cuando se producen estos atentados al texto constitucional desde las instituciones ¿porqué no se actúa de oficio desde la Fiscalía del Estado para, al menos, denunciarlas ante el TC o porqué no actúa el propio TC directamente? Los privilegios existen en todos los órdenes. Es un privilegio que el valor del voto sea mayor para unos territorios y otros; es un privilegio el “aforamiento” como hemos visto en las causas abiertas por el secesionista; es un privilegio ser inviolable a título personal; es un privilegio que los servicios públicos, los sueldos públicos, las formas de gestión pública, puedan ser diferentes; etc.etc. Tenemos pues un texto constitucional modificado por la vía de los hechos que se han llevado por delante, entre otras cosas, la “igualdad” proclamada. Pero también ha ocurrido con los derechos de libertad (ver el caso de Madrid) ; con el derecho a la propiedad legítima (ver las confiscaciones directas en las cuentas bancarias por sanciones que vulneran el derecho administrativo… En fin, no podemos alargar el comentario con la cantidad de despropósitos que la “legalidad” vigente, construida a conveniencia, contiene y que nacen en una Constitución que nadie respeta, muy pocos conocen, menos aún entienden su texto farragoso y muchos vulneran sin graves consecuencias. Quizás sea hora de repensar a fondo la reforma constitucional desde la propia sociedad. Un saludo.

  4. José María Bravo 4 diciembre, 2017 at 12:32 #

    Buenos días, si el artículo no tuviera, ya en su título una adhesión política, podría conllevar a una reflexión general y sería interesante analizar, sin partidismo, la financiación autonómica.

    Podríamos matizar el reparto de ayudas que se acuerdan en los Presupuestos Genrales.

    Yo creo que el artículo simplifica, como simplificó en el debate del Concierto, “conciertazo”como se tituló el argumentaría, bastante pobre,del líder de Ciudadanos.

    Un cordial saludo

    • Isaac Salama Salama 4 diciembre, 2017 at 12:42 #

      Estimado José María,
      Todo título es, por definición, una simplificación de un desarrollo más extenso que se contiene en el texto; por tanto, no deja de ser otra simplificación la crítica al contenido del artículo en función del título, orientado este a llamar la atención sobre un desarrollo más o menos acertado y que expone una opinión. Me parece, como dice, interesante el tema del reparto equitativo del dinero de todos, pero me sorprende el tabú que se extiende sobre ciertos temas, como si fuera imposible discutirlos o cuestionarlos. Esto ocurre con los llamados derechos históricos que no son más que privilegios mantenidos a lo largo de la historia; y aplaudo que haya, al menos, un partido que se haya atrevido a discutirlo y a fomentar el debate. Esto es siempre saludable en una sociedad que aspira a convertirse en una democracia madura.
      Saludos.

  5. José María Bravo 4 diciembre, 2017 at 13:03 #

    Estimado Isaac:

    Muchas gracias por su amable respuesta. Si tengo, el gusto, de leer sus artículos es porque los considero de calado aunque no comparta lo ideológico.

    Yo vi en YouTube el debate y el “oportunismo” como llamo el PP al argumentaría de Ciudadanos lo comparto. Pobre, demasiado pobre, el discurso del Líder de Ciudadanos, apoyado por titulares de periódicos. Dentro de una coyuntura Política, como la que atraviesa el país, para llamar la atención. Puede usted, Isaac, estar de acuerdo pero estoy seguro que sabría matizar mejor, usted es un constitucionalista de siempre.

    Ciudadanos tiene, creo, la presidencia de esa comisión de estudio. Y, ahora, cuando el país está como está viene un líder a dar un titular.

    Eso es lo que no comparto.

    Muchas gracias de nuevo

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