Jueces independientes

En sus primeros días como Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva que suspende la acogida de refugiados sirios indefinidamente, la de otros refugiados durante 120 días y prohíbe durante 90 días la entrada a los nacionales de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

Ante las primeras noticias de que se había prohibido la entrada a ciudadanos de esos países, diversas asociaciones de abogados defensoras de los derechos civiles (alumnos y antiguos alumnos de Yale, el Lawyers´ Committee for Civil Rights Under Law, la American Constitution Society o la American Civil Liberties Union –ACLU-) se movilizaron para preparar un modelo de acción colectiva que fue defendida por abogados de la ACLU, adoptando la juez de Brooklyn, Ann Donnelly, la medida cautelar de suspensión de la Orden Ejecutiva.

Según la ACLU, mientras que en los últimos tiempos esa asociación había recibido en torno a 5 millones de dólares anuales en donaciones, desde la elección del Presidente Trump, ha recibido 71,3 millones de dólares, de los cuales 31,5 millones los percibió de donaciones a través de Internet realizadas desde la fecha en que el Presidente firmó la Orden Ejecutiva.

Hace bien poco, el viernes 3 de febrero, el juez federal, James Robart, suspendió, con efectos en todos los Estados, la ejecución de la Orden presidencial, prohibiendo su aplicación a todos los trabajadores del país. La reacción del Presidente en twitter ha sido airada afirmando que la decisión judicial es «ridícula y será revocada». El conflicto está servido.

En cualquier caso y al margen de las razones en las que se apoye el Presidente para adoptar la citada Orden -que a unos les parecerán válidas y a otros no tanto- de estos hechos resulta fácil percibir la importancia, para un funcionamiento democrático saludable, de que exista una sociedad civil despierta y activa que controle a los poderes públicos y un Poder Judicial independiente, fuerte y respetado, que esté en condiciones de garantizar el imperio de la ley.

En cuanto a la sociedad, hemos reiterado en este blog que la democracia es sencillamente imposible sin una ciudadanía cultivada y consciente de la importancia de lo público.

En cuanto al Poder Judicial, sabemos que en los modernos Estados de Derecho existe una división de poderes atenuada entre el Ejecutivo y el Legislativo; pero, para que un Estado merezca el calificativo de Derecho, resulta imprescindible que exista una auténtica separación del Poder Judicial que garantice su independencia de los otros dos poderes.

Sin esa independencia, el Presidente Trump -o cualquier otro- podría hacer y deshacer a su antojo y sin límite alguno, utilizando a los jueces como simple justificación formal o aparente de la legalidad de sus medidas. Volveríamos a los orígenes del Estado, allá por la Alta Edad Media, en los que, al no existir leyes elaboradas racionalmente, el Rey era fundamentalmente un juez, y los súbditos iban “descubriendo” las “normas” a través de las decisiones del Monarca y sus iudices.

Desde entonces hemos mejorado y los poderes están sometidos a la ley y a la Constitución, siendo los jueces quienes deben garantizar ese sometimiento.

Podemos preguntarnos si cumplen bien con esa esencial función.

Cuando, como ciudadanos de a pie, acudimos a la justicia frente a otros particulares, la independencia del juez hacia cada una de las partes viene asegurada, entre otras garantías, por las causas de abstención y recusación: si el juez tiene alguna relación con las partes o con el objeto del pleito que afecta su imparcialidad debe abstenerse y, si no lo hace, puede ser recusado. En estos procesos, lo que más nos interesa es que la justicia tenga un funcionamiento eficaz como servicio público y que nos dé una respuesta rápida y razonablemente motivada.

Sin embargo, las grandes cuestiones relativas a la independencia judicial se plantean en los procesos en que la justicia debe poner límites a los otros dos poderes formales (Ejecutivo o Legislativo) o en los que resultan afectados los intereses de poderes fácticos o materiales (grandes lobbies o corporaciones). La pregunta que surge es si tiene una juez de Brooklyn, por poner un ejemplo, la suficiente fuerza como para pararle los pies a todo un Presidente de los Estados Unidos. Y resulta imprescindible que la respuesta que demos a esta pregunta clave no dependa de la valentía o actitud heroica del juez en cuestión sino de la existencia de un marco institucional que le proteja frente a potenciales presiones o intromisiones.

En España, lo cierto es que la justicia ha aguantado relativamente bien situaciones absolutamente excepcionales, como la propia investigación del partido político que sustenta al Presidente del Gobierno o la de una de las sucesoras a la Corona. No obstante, siguen existiendo dos eslabones débiles por los que puede tambalearse el control judicial de los poderes.

El primero de ellos es el Tribunal Constitucional, que debe garantizar, nada menos que, la sujeción de los distintos legislativos y ejecutivos (estatal y autonómicos) a la Constitución. En los próximos meses se ha de producir el cese y nombramiento de cuatro nuevos Magistrados propuestos por el Senado y ya empieza el típico runrún sobre posibles candidatos y sobre las negociaciones de nombres entre PP y PSOE.

La Constitución prevé que los doce Magistrados del Tribunal Constitucional sean designados por el Rey, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial. Resulta cuando menos llamativo que el nombramiento de los Magistrados dependa precisamente de aquellos a quienes deben controlar. Sencillamente, no existe ninguna garantía institucional de que los designados sean los más aptos, desde un punto de vista profesional y de independencia, más allá de la difusa lealtad o buena fe de quienes tienen la sartén por el mango. Y que la eficacia del guardián dependa de la buena fe del vigilado parece una broma de mal gusto. En el artículo que os enlazo hice referencia a un modelo de designación de nuestras elites basado en la transparencia y el mérito de los candidatos y no en su afinidad a los distintos partidos.

Resulta igualmente inaceptable que el procedimiento para la designación de los Magistrados se haga a escondidas y sin publicidad alguna. A instancias de Europa, para la designación de la terna de candidatos que España debe presentar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se acaba de publicar un acuerdo del Gobierno que obliga a que el procedimiento de selección se difunda a través del BOE, permitiendo que quienes reúnan los requisitos presenten sus candidaturas, atribuyendo la designación a un Comité integrado por altos cargos de distintos ministerios. Resulta incomprensible porque no puede darse igual publicidad al procedimiento de designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

El otro eslabón frágil sigue siendo el Consejo General del Poder Judicial al que corresponde el gobierno de los jueces y del que depende nada menos que la carrera profesional, los ascensos, los nombramientos y el régimen disciplinario de los jueces y magistrados. Es decir, la vida profesional de estos.

Desde que con la ley orgánica de 1985 se atribuyera al Congreso y al Senado la designación de los 20 vocales del Consejo -con Guerra proclamando el famoso «Montesquieu ha muerto»- en los últimos tiempos se han introducido reformas presentadas como garantía de la independencia del Consejo. Sin embargo, han sido pura cosmética. Es cierto que de esos 20 vocales, los 12 que deben pertenecer a la carrera judicial deben elegirse entre los jueces y magistrados que libremente presenten su candidatura, bastando para ello que aporten el aval de una asociación profesional o de 25 de sus compañeros. Pero al fin y al cabo la decisión corresponde a las Cortes Generales, esto es, nuevamente al acuerdo de los partidos políticos. Es más, para la designación de los otros ocho vocales, las Cortes solo tienen el requisito de que deben elegir entre quienes cuenten con más de 15 años de experiencia profesional. Pocas garantías de independencia son estas. En este artículo traté cómo debía ser un Consejo independiente.

En tiempos agitados y convulsos como los que estamos viviendo, solo jueces independientes pueden poner límites a la arbitrariedad y a los abusos de poder. Sin esa garantía vivimos en una democracia a medias.