Soy un Juez cualquiera en un Juzgado de Instrucción cualquiera. Llevo los asuntos habituales: robos, hurtos, lesiones, accidentes de tráfico, etc. Tengo el Juzgado hasta arriba de papel, con declaraciones y señalamientos a diario. Pero hoy me ha tocado el Gordo. Han llegado al Juzgado ocho cajas con un asunto muy feo de corrupción. Cuatro Alcaldes, sus Concejales de urbanismo y varios funcionarios denunciados. Parece que, además, pudiera estar relacionado con la financiación ilegal de uno de los grandes partidos políticos. El expediente está repleto de datos contables y no tengo la formación necesaria para entenderlos.

Con la carga de trabajo que ya tiene el Juzgado, no sé qué hacer. Sé que nadie me va a ayudar en este asunto. El partido afectado me va a poner todas las zancadillas que pueda, aunque en principio debía ser el primer interesado en sacar las manzanas podridas de su cesto. Los medios de comunicación contrarios a ese partido me van a presionar para que vaya más lejos de lo que debo, mientras los favorables criticarán todo lo que haga. Incluso me atacarán personalmente. Todo ello con independencia de que lo que haga sea impecable jurídicamente. Tampoco puedo esperar apoyo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque la ley diga que es el órgano de gobierno de los jueces y que debe garantizar su independencia, sabemos que es un órgano político que ha sido vampirizado por los partidos. En fin, estoy pensando en pedir un traslado.

¿Creen de verdad que el Juez de nuestra historia va a ser capaz de llevar a buen puerto, en un tiempo razonable, el caso de corrupción que tiene entre manos?

Para que nuestro juez pueda llevar adelante su investigación, a mi juicio, tenemos dos opciones. La primera pasa por descargarle del trabajo que tienen en su Juzgado, de forma que pueda dar prioridad a la investigación de los delitos de corrupción; prestándole, además, el apoyo inmediato de un inspector de hacienda o de un interventor, especialistas en derecho tributario y en contabilidad. Esta fórmula sería un simple parche para ir tirando, pero no soluciona los problemas de fondo; al margen de que va a depender de la decisión en cada caso de los órganos de gobierno judicial, que podrán o no descargar a nuestro juez en función de cómo estén el resto de juzgados.

La segunda opción sería crear juzgados especializados y establecer un procedimiento ágil para la investigación de estos delitos. Con el grave problema de corrupción que tenemos, a mi juicio resulta evidente que esta es la solución idónea. Si analizamos la mayoría de los casos de corrupción que se han juzgado o se están juzgando, comprobaremos que el mayor atasco está en la fase de instrucción o investigación de los delitos. El juez instructor simplemente se ve superado por este tipo de asuntos, a los que no le puede dedicar el tiempo necesario y para los que carece de la formación imprescindible. Una vez superada la fase de instrucción lo cierto es que las cosas van mucho más ligeras y, completada la investigación, no se tarda tanto en obtener una sentencia.

Es, por tanto, bastante obvio que se necesitan juzgados de instrucción especializados en los casos de corrupción y delincuencia económica. En este tipo de procesos, encontramos tanto fiscales como abogados especialistas en estos tipos de delitos. Siendo claros, parece que el único que no tiene conocimientos especializados sobre lo le están hablando es el juez. Nada menos que el actor principal en la historia.

Ya sé que lo de los especialistas tiene sus riesgos. Para justificar su existencia tienden a magnificar el problema. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la fiscalía de medio ambiente (al menos, en sus primeros tiempos) o con la fiscalía de delitos de seguridad vial. Pero es que, en nuestro caso, no es que se cree la organización y luego ya se buscará una ocupación. Es que, tal y como están las cosas, los juzgados anticorrupción, si se les atribuye además la competencia sobre la delincuencia económica, van a tener trabajo seguro. Tratándose de los delitos que nos ocupan, otro riesgo sería crear una categoría de jueces con un enorme poder: nada menos que el de poder hundir a un partido político o a un gobierno. Pero el principal peligro es que controlando a un pequeño número de jueces, digamos que los políticos pueden vivir más tranquilos. Pastoreando a los especialistas en sus delitos ¿quién va a pararles los pies? Este riesgo es real si el acceso a esos juzgados depende de un CGPJ politizado y colonizado por la casta. Por tanto, la puesta en marcha de la propuesta de los especialistas requiere o bien de normas claras para su selección que minimicen la discrecionalidad o bien de un CGPJ independiente, en el sentido que hemos propuesto en otros artículos. En cualquier caso, tampoco pensemos que la creación de estos juzgados de especialistas iba a aumentar la impunidad de los políticos respecto de la situación actual. Con el absurdo sistema de aforamientos que tenemos, los políticos ya saben qué juzgados y tribunales van a enjuiciar sus delitos y, por tanto, qué plazas judiciales tienen que tratar de ocupar con personas afines. Entre otras cosas, por eso hay tanto interés en influir en la decisión sobre quién ocupa una plaza la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o en la de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.

Pero pesar de los riesgos descritos en la creación de los juzgados especializados, pesan más las ventajas. Si yo fuera inocente y me viera envuelto en uno de estos casos, preferiría, sin duda, que me juzgara un especialista, que sabe sobre lo que tiene entre manos y va a decidir rápido, con lo que no me voy a ver sometido durante 15 años a la “sospecha” de que soy un corrupto. Si fuera culpable, por el contrario, preferiría un juez ordinario: tengo la probabilidad de que no se entere y me pueda librar; y, en todo caso, el proceso va a ser largo con lo que puedo jugar mediáticamente con la presunción de inocencia hasta que, después de un porrón de años, cuando ya nadie se acuerde, se dicte sentencia.

Por tanto, la propuesta sería ir suprimiendo los aforamientos, que distorsionan y dificultan la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos: una vez el juez ordinario se ha estudiado y conoce el asunto, si aparece un aforado, le obligan a dividir el procedimiento y enviar una parte al tribunal del aforamiento, con lo que si la cosa ya es lenta, acaba siendo la historia interminable. Y, en paralelo, crear juzgados especializados en delincuencia económica y en corrupción.

Además, para que esto no quede en una simple operación de marketing, a nuestros nuevos jueces hay que dotarles de medios (una oficina judicial eficiente) y de un procedimiento ágil. En este no puede faltar una fase que venimos reclamando desde hace tiempo: en la investigación el juez debe dictar una resolución de inculpación formal, en cuanto existan suficientes indicios de culpabilidad contra una determinada persona; de tal modo que todos podamos tener claro desde ese momento que esa persona ya no debería estar ocupando un cargo público. Esta resolución, en el proceso penal común hoy no existe y se tiende a confundir con la simple citación a declarar como imputado; cuando la imputación es una simple garantía para la persona que viene a declarar, que, desde entonces, tiene derecho a ser asistido por un abogado y a no decir la verdad, como estrategia para su defensa. Sin embargo, no supone valoración alguna del juez sobre la existencia de indicios suficientes de culpabilidad, por lo que no puede hacer pesar sobre la persona ninguna carga peyorativa (a pesar de lo engañoso del palabro imputación que, por eso, en otros países se ha sustituido por la expresión el llamado a declarar con abogado).

Tengamos en cuenta que los partidos políticos siempre van a tratar de tener bien atado al poder judicial. Está en su naturaleza. Y lo único que puede impedirlo es una ciudadanía bien formada, atenta y responsable. Que no se deje distraer por fuegos de artificio. Sin ella, la democracia se convierte en un engañabobos, pura adormidera para que los políticos pueden hacer y deshacer a su antojo.

5 comentarios

5 Respuestas a “JUECES ANTICORRUPCIÓN”

  1. Colapso2015 dice:

    Sr Isaac, jueces, fiscales y policía ha habido desde que el ser humano usa taparrabos. Más o menos sofisticados, por esto de la especialización del trabajo, pero con operativa similar.
    No parece ser pues la solución … razones obvias.

    Tal como decía Montesquieu (El espíritu de las leyes), someterse a un tribunal especial es privilegio. Tengo mis dudas pues que tal cosa no sucediese con áreas especializadas, relativamente pequeñas y por lo tanto accesibles a la corrupción en su forma.

    La anualidad de las magistraturas, La fianza, La rendición de cuentas, El sorteo, El examen, El juramento, El ostracismo, La acción de ilegalidad, La “antídosis”.

    Previamente a todo ello Solón vio que la corrupción (humana) era el sistema (costumbre), se limitó la esclavitud por deudas. Y posteriormente Clístenes de Atenas articuló (ley) eso llamado isonomía.
    Estos dos pequeños pasos, serían impensables en la idiotez actual. Pues la ley, bien sea a través de la costumbre, inercia o fuerza legal tienen un sentido religioso, o simplemente coercitivo. Los textos legales tengan o no el mínimo sentido ahí permanecen como un monumento al desvarío burocrático (la ley del indulto por citar un ejemplo).
    Pudiere ser, la concentración monoteísta del poder en un Dios, cuya apariencia es el macro-hombre, el poder, el Estado; anule el desprecio por la ley, frente a aquello llamado justicia.

    De verdugos de bien está la historia llena. Es el sistema lo que está podrido, no hay pues solución en la religión del Estado. La acción de la política, el control, escrutinio permanente del poder en todas sus formas,…, –Democracia–. La democracia en España acabaría con la corrupción sistémica y sistemática.

    Se resume mejor con:
    “El sabio no sigue los mandamientos de las leyes, sino de la virtud “ Clístenes de Atenas.

  2. Luis dice:

    Tengo entendido que existe un proyecto de ley, en proceso de tramitación parlamentaria, que obligará a los jueces a completar la fase de instrucción en un plazo máximo de 6 meses.
    En consecuencia, parece que, si a las dificultades existente añadimos la obligatoriedad de celeridad, una salida fácil y ademas, jurídicamente justificada, para que los políticos salgan de rositas en las acusaciones por corrupción, puede ser el que, al cumplirse el plazo que la justicia dispone para hacer las imputaciones, no se puedan llevar a cabo los peritajes necesarios para garantizar la oportunidad de tales imputaciones y, la causa pueda ser felizmente archivada.
    A la opinión pública se nos ha vendido esta modificación como una mejora de la justicia, pero… ¿estamos ante una perversión de los procedimientos judiciales para dar cobertura a las impunidades de los políticos?

  3. Victoria dice:

    Has trasladado magníficamente el sentir de un juez cualquiera, pero responsable, cuando le llega un mamotreto de ese calibre.

    Pero de un juez cualquiera, anónimo, porque últimamente, sobre todo en asuntos seguidos -perseguidos- por la prensa, los jueces y los fiscales ya tienen nombre y apellido, detalle nada baladí…

    A la situación descrita creo que le falta la pieza de la Fiscalía. Es muy difícil deslindar, a veces, esa representación y defensa del interés público, de las víctimas, con su actitud procesal en cada caso concreto. Ha de acreditar una real capacidad y voluntad de trabajo, no burocrático; un compromiso de formación continua y especializada, y con una interpretación y aplicación de las leyes fuera de todo contexto subjetivista y/o de mandato al superior, y con miras siempre al interés superior de la sociedad.

    Sin la revisión profunda del Ministerio Fiscal e integradora de esas propuestas reformadoras del ponente, sin erigirse en un instructor ajeno e independiente, seguiremos cojeando.

  4. ¿Y también crearemos Juzgados Especiales para juzgar médicos? ¿Y taxistas? …
    EL Juez Predeterminado por la Ley no es un Juez Especial, sino el ordinario.
    Para lo demás están los Peritos.
    El problema es la politización del CGPJ; no miremos el dedo.
    Pero el problema está también en la Audiencia Nacional; Sala de lo Penal para juzgar al Poder Político y Económico; o para ser juzgados por “sus” jueces, que no “nuestros”. Ssala de lo Contencioso -Administrativo para Juzgar actos de Gobierno. Es la sinrazón de los Tribunales Especiales. El de Orden Público, hoy vivo en la AN, era solo un especie de ese vil género.
    Buen post, en todo caso. Gracias

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *