LA APISONADORA ESTATAL

Probablemente uno de los encuentros más desagradables que podamos tener es con el temido Inspector de Hacienda. Cuando te cruzas con él, pocas cosas buenas pueden ocurrir. Aunque pienses eso de yo soy un buen ciudadano que cumple con la ley y con sus obligaciones… sabes que no te puedes confiar. No las tienes todas contigo.

Si eres un asalariado o pensionista y sólo percibes rentas del trabajo, normalmente es difícil que te pillen en un requiebro, dado que tus obligaciones tributarias están bastante tasadas.

Mayores problemas se plantean si eres autónomo o has tenido la osadía de crear una empresa. En tal caso, tu declaración tributaria estará sujeta a numerosas incertidumbres, que los juristas llamamos conceptos jurídicos indeterminados. Por ejemplo, la legislación tributaria dice que el empresario tiene derecho a deducirse los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial o que las transmisiones deben computarse a valor real de mercado. ¿Qué gasto es necesario para el desarrollo de una actividad o cuál es el valor real de bienes que no cotizan? Pues sencillamente lo que diga el Inspector. Y así puede empezar una interminable discusión sobre si te has deducido los gastos adecuados o si has valorado correctamente determinados bienes.

El influyente juez Oliver Wendell Holmes Jr. venía a decir que la ley es lo que los jueces deciden que es; y, antes de la decisión de estos, la ley sólo es una “predicción” sobre lo que los jueces van a hacer. Un poco exagerado, aunque no le falta razón.

En cualquier caso, en el ámbito tributario, la ley es lo que dice el Inspector de turno. Y este tiene poderosos incentivos para tratar de hacer decir a la ley y para interpretar la realidad de forma que pueda liquidar la mayor cantidad posible de impuestos.

Así, sabemos que los Inspectores cobran un porcentaje importante de su sueldo en forma de complemento de productividad. Y, en principio, resulta saludable este tipo de modelo retributivo, que trata de estimular el trabajo del funcionario. Sin embargo, si no está bien diseñado, puede producir efectos perniciosos, sobre todo en el caso de aquellos funcionarios que ejercen intensas potestades públicas, como son los Inspectores. Aunque los criterios de reparto de la productividad no están publicados, se han filtrado parcialmente a través de las sentencias judiciales que han debido resolver la impugnación de tales criterios por algún Inspector o asociación profesional de estos. Por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23/12/2015 resolvió un recurso del Sindicato de Inspectores contra la norma de reparto de la productividad, fundado en que esta tenía en cuenta, no tanto la dedicación y trabajo de los Inspectores, como la cantidad finalmente liquidada por el Inspector al sufrido contribuyente: cuanto mayor sea esa cantidad, mayor será el sueldo del Inspector. Todo ello con independencia de la razonabilidad de la liquidación o de que esta posteriormente sea convalidada o anulada por los tribunales.

En definitiva, para que al Inspector le sea “rentable” el tiempo dedicado a una inspección, tiene que haber podido liquidar, cuanto más mejor. Y, al margen de la honestidad y profesionalidad de la mayoría de los Inspectores, en la que creo, este no parece un buen incentivo para que se llegue a la interpretación y aplicación más razonable de la ley tributaria.

Una vez recibimos el previsible sablazo del Inspector, al que hay que sumar los intereses de demora, el recargo del 20% y la correspondiente sanción, que puede ir desde el 50 al 150% de la cuota; si el contribuyente considera que la liquidación es injusta, se le abre por delante un verdadero viacrucis.

En primer lugar, la Apisonadora Estatal se pone en marcha y, si no se paga lo que dice, puede embargar y ejecutar los bienes que sean necesarios para cubrir la deuda. En la práctica, aunque se recurra, no es posible obtener una suspensión de la ejecución sin aval bancario que cubra la deuda. Esto no será problema para las grandes empresas, pero supone la asfixia del autónomo o del pequeño empresario.

Con la Apisonadora en marcha, si el contribuyente quiere recurrir, lo primero que tiene que hacer es acudir a los tribunales económico-administrativos. No os dejéis engañar. A pesar de recibir el nombre de tribunales, están compuestos por Inspectores de Hacienda; es decir, son la propia Administración que se disfraza de tribunal. En estos tribunales, dada la sobrecarga de trabajo que pesa sobre ellos, podemos pasar entre dos y cuatro años, según donde vivamos; siendo el resultado de esta reclamación previsiblemente favorable a la Administración, que es juez y parte.

Una vez el contribuyente ha perdido en la vía económico-administrativa, puede acudir a los tribunales de verdad, es decir, a los jueces de lo contencioso-administrativo. Si no consiguió suspender la ejecución de la deuda en la fase anterior, puede pedirla ante los tribunales acreditando que, si no se otorga, se le causará un perjuicio “de difícil o imposible reparación”. Esto en la práctica resulta bastante complicado, teniendo cuenta que los jueces han dicho que los perjuicios económicos -como serían los derivados una ejecución tributaria- son normalmente reparables.

Es decir, de nuevo con la Apisonadora a pleno funcionamiento, el contribuyente debe esperar en torno a dos años para recibir una primera resolución judicial en su asunto. Además, si contra esa decisión cabe recurso, la cosa se alargará todavía más hasta tener una sentencia firme, que decida definitivamente la cuestión.

La gran empresa y el rico de verdad llegarán aquí con molestias pero sin dificultades; sin embargo, al pequeño empresario que llegue entero al final del trayecto hay que reconocerle unas excepcionales dotes de supervivencia.

En fin, convendría no olvidar que la caída del Antiguo Régimen absolutista y la llegada de las modernas democracias vinieron de la mano del eslogan “No Taxation Without Representation” con el que los colonos norteamericanos se rebelaron frente a los excesos de la Metrópoli. Es decir, que el ciudadano reciba un tratamiento fiscal justo se encuentra en la base de la propia democracia.

Por supuesto, nadie discute que, como dice la Constitución, todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Sin embargo, en el concepto de democracia en continua evolución, que sostenemos en este blog, no podemos conformarnos simplemente con un modelo tan imperfecto como el que tenemos.

Y en materia tributaria hay muchas e importantes mejoras que habría que introducir de forma inmediata.

En primer lugar, si en todos los ámbitos es deseable una simplificación normativa, en el tributario es casi una emergencia. La abundancia de leyes, reglamentos, resoluciones, ordenanzas… fiscales, hacen de esta una disciplina absolutamente inabarcable, incluso para los juristas especializados en ella. Si, además, añadimos las normas tributarias autonómicas y locales, la cosa ya empieza a ser escandalosa.

Los economistas llevan tiempo señalando la conveniencia de que el peso recaudatorio recaiga sobre impuestos sencillos y que requieran menores gastos de gestión. Desde un punto de vista racional, no sería demasiado complicado reducir el número de tributos y que éstos estuvieran regulados por normas claras y sencillas. Tampoco parece demasiado complicado imaginar un sistema retributivo de los Inspectores que atienda mejor al necesario equilibrio entre aumentar la recaudación y garantizar el respeto a los derechos del contribuyente.

Por último, aunque es probablemente cierto que la garantía del crédito tributario requiere otorgar a la Administración determinados privilegios, para equilibrar la balanza, resulta imprescindible que la controversia se resuelva definitivamente en un plazo razonable, que no exceda de seis meses. Esto es perfectamente posible si tenemos en cuenta que en ese plazo se resuelven complejos arbitrajes. Sólo es cuestión de voluntad.

Aunque todo lo anterior parezcan cuestiones técnicas, no podemos dejar de tener en cuenta que la competitividad y sostenibilidad del modelo están relacionadas con un sistema tributario eficiente; que permita mantener los ingresos públicos y, al mismo tiempo, no desincentive la actividad empresarial, que es la que crea empleos y riqueza.

 

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Sobre Isaac Salama Salama

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE, E-3). En 1996 ingresa en el cuerpo de Abogados del Estado y, desde entonces, ha desempeñado diversos puestos como Abogado del Estado: la Delegación del Gobierno de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los diversos Comités de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos. En el período 2000-2004 formó parte del gabinete del Presidente del Gobierno. En situación de excedencia voluntaria desde octubre de 2013.

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5 Respuestas a LA APISONADORA ESTATAL

  1. EB 5 abril, 2017 at 11:04 #

    Isaac, muy de acuerdo con usted, pero mucho me temo que no habrá cambios significativos en la dirección que usted indica. Peor, la probabilidad de una reforma radical que agrave el problema –aumentando los impuestos arbitrariamente– es mucho mayor que una que intente reducir y racionalizar la carga tributaria. Espero tener tiempo luego para explicar en detalle mi opinión.

  2. O'farrill 5 abril, 2017 at 21:05 #

    Por alguna parte del blog hay un artículo “la teoría de la ilusión financiera” que, en su momento, desarrolló un socialista italiano (Amílcare Puviani), que pone el dedo en la llaga sobre la fiscalidad y como se entiende desde el Estado y desde los ciudadanos. Como muy bien señala Isaac, no existe una forma justa de establecer el gasto público y, ante la duda, todo consiste en elevar progresivamente el mismo. Para eso está además la ·deuda”, esa que nos somete al imperio de quienes nos financian. En suma. Nos acostumbran a vivir por encima de nuestras posibilidades como país y como sociedad y así estamos con el pie al cuello constantemente.
    Lo del caso de la normativa fiscal es de “traca” si no acarreara muchas tragedias humanas pero está muy bien pensado para poner a cada uno en su sitio: el administrado sometido siempre a su administrador. Y, para rizar el rizo, que el administrador sea juez y parte a la hora de los litigios (que son muchos miles los que hay pendientes sin que, al parecer, a nadie le preocupe el asunto).
    Acabo con el papel de los administradores que reciben un “extra” por estrujar o retorcer la norma según sus criterios. No sólo es contrario a Derecho, sino que es una forma de entender “la igualdad de todos ante la ley”….. Pero, repito, se hace con total impunidad sin que nadie se escandalice. Así nos va con la soberanía popular.

  3. Manu Oquendo 6 abril, 2017 at 12:12 #

    Resumen.
    Las raíces de este problema están en las Constituciones de Postguerra y en la relación que éstas establecen entre súbditos y poder.

    No se resolverá en tanto en cuanto esta relación no madure y se convierta en una relación adulta entre Ciudadanos Administrados y Administrador Delegado con facultades tasadas y aquiescencia previa del administrado en cuestiones clave.
    Por ejemplo la cuestión fiscal en la cual hemos retrocedido a etapas previas al Antiguo Régimen. Es decir, poder sin límites y arbitrariedad por parte del Poder.

    Lo elaboramos un poco más a seguir pero, al leerlo recuerden que un contribuyente medio –unos 30,000 euros brutos– hoy tributa por encima del 55% de su renta bruta por todos los conceptos fiscales explícitos.

    ————————-

    El edificio fiscal construido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en Europa se deriva de la explosión de Constituciones Socialdemócratas y del coste, siempre creciente, de los compromisos políticos producidos por el proceso de compra de votos con cargo al presupuesto.

    Son los dos problemas centrales de la actual deriva de las mal llamadas Democracias Representativas– “mal llamadas” porque en realidad son regímenes Mixtos con algunos elementos democráticos (electorales) y otros de naturaleza aristocrática-oligopólica o directamente despóticas.

    El Estado carece de freno estructural a demandas asistenciales en un momento histórico en el cual el sistema económico ha dejado de crecer y de hecho decrece. Cualquier dique es roto por el Sistema Político y en particular por las dinámicas de la Compra de votos.

    No hace falta darle muchas vueltas para ver que esto no tiene salida real dentro de los Parámetros Constitucionales vigentes en los cuales no hay límite a lo exigible al Estado y a la Sociedad al tiempo que la persona que se posiciona como “Demandante” no es responsable por absolutamente nada.

    El fundamento filosófico elegido por el sistema –Rawlsiano– determina la naturaleza, frecuentemente Arbitraria (sin criterio de Justicia real) y Extractiva (al no estar en la verdad moral es puramente coactivo).

    Por ello el actual modo de establecer la fiscalidad incumple hasta sus propios principios de equidad y de equilibrio en aras del proceso recaudatorio. Por no hablar de las definiciones contables básicas de Renta, Coste, Beneficio, Activo, Pasivo, etc. Otro berenjenal.

    Todo ello nos lleva a dos conceptos básicos en cualquier sistema de convivencia que no han sido adecuadamente tratados y han dado lugar a sistemas de fiscalidad que, al crecer desorbitadamente para atender un pozo sin fondo de demandas, han producido un edificio estructuralmente insostenible que, además, conduce necesariamente hacia un poder crecientemente totalitario y despótico.

    Estamos ya viviendo las consecuencias de la pérdida del Criterio de Justicia –sin adjetivos– para entrar en un sistema puramente Extractivo cuyo criterio central es la Recaudación sin más historias. Una mala situación para el Estado (pierde la “Virtud”) y para los Ciudadanos que soportan el Sistema (entran en el círculo vicioso de empobrecimiento).

    Esto es soportable durante un tiempo pero tiene límites que ya hemos excedido.

    Hoy el contribuyente medio, es decir, un mileurista en neto después de impuestos, sufre cargas fiscales que exceden el 55% de sus ingresos brutos solo con la fiscalidad explícita. Estos ingresos brutos decrecen y más con la inflación real.

    Si este mileurista en neto aplicase criterios económico-utilitarios para decidir sobre su vida veríamos que ya es más rentable –y saludable– ubicarse en la parte asistencial del Estado –complementando ingresos, RBU´s etc. con pequeños trabajos chapuza o mendicidad–.

    Una masa ingente, nativa y foránea, ya ha optado, racionalmente, por ubicarse en lo Asistencial y la Dependencia. No hay datos de Free-Riders pero nadie duda de que la mentalidad Okupa ya es Racional. Como mínimo una sabia optimización de la realidad.

    Podemos quejarnos lo que queramos sobre determinados detalles fiscales pero ninguno de nosotros querría encontrarse en el papel de las Instituciones Recaudatorias en una situación en la que no hay límites ni al gasto ni al comportamiento inevitablemente destructivo del también impotente sistema Político.

    Si el mensaje de Davos del año pasado es cierto (más empobrecimiento), que lo es, …………. ¿Qué perspectivas tienen la recaudación, la redistribución y la coacción en un entorno en el cual con absoluta certeza el ciudadano medio va a seguir empeorando económicamente?

    Hemos de comenzar a apuntar a las “Reglas Mayores”. Las grandes leyes, las Constituciones, que están siempre por detrás de los detalles y no tiene sentido perder el tiempo en detalles con la que está cayendo.

    Saludos y gracias por el Artículo.

  4. O'farrill 7 abril, 2017 at 13:50 #

    Anoche, en un programa de televisión, un alcalde del PP definía a su partido como de “derechas” y “liberal”. Es más, defendía el uso de los espacios públicos para asuntos privados en relación con lo dicho en comparecencia parlamentaria por el ex-ministro del Interior, lo que me llevó de nuevo al tiempo de aquel “hermanísimo” con despacho público para asuntos particulares, el uso del avión “Mystere” para acudir a un partido de fútbol o, más recientemente, -como el propio alcalde del PP reconocía- el uso de espacio público para conversaciones y visitas privadas, el uso del patrimonio público para domiciliar a amistades peligrosas o para poner algún “despachito” a los “ex” aunque sólo sean unos simples ciudadanos, etc.
    Al igual que se confunde interesadamente el Estado con la Administración del mismo, el alcalde mencionado parecía no haberse enterado bien de donde estaba (en una socialdemocracia confusa y a la carta, según convenga que es lo que nos diseñaron allende los mares antes de la Transición, con OTAN sí.
    Por todo ello, la cuestión de la fiscalidad o gastos “necesarios” estará siempre al albur de quienes nos mandan, según su conveniencia y la de los muchos “lobbies” instalados en su entorno. No nos olvidemos que la captura del voto no está en los ideales, sino en los bolsillos y muchos de tales votos salen de la fiscalidad y de su gestión administrativa.
    Ahora se anuncian otros cuantos miles de plazas para la Administración, otros cuantos miles de millones para las CC.AA. a pesar de su incumplimiento reiterado del “déficit” y otras “bicocas” sin ninguna justificación política (salvo la compra de votos), mientras que los ciudadanos miran para otro lado o se programan vacaciones (los fijos e instalados) en habitaciones de hotel que limpiarán otros compatriotas suyos por dos euros y medio, contratos precarios y miedo al avispado empresario de la “externalización”.
    Estoy muy de acuerdo con Manu. Esto no puede resolverse desde lo “ligth” sin entrar a fondo en las raíces de la situación, pero carecemos de ganas o somos demasiado cómodos para hacerlo.
    Un saludo.

  5. Jacinto Silvestre 9 abril, 2017 at 11:27 #

    Y aún así el autor se ha quedado bastante corto.

    La Hacienda y sus múltiples y activas divisiones, especialmente la Agencia Tributaria, tienen un comportamiento bastante arbitrario, un trato bastante denigrante, una consideración hacia el ciudadano como si fuera un delincuente fiscal al que solo hay que determinar el grado entre potencial, latente o patente.

    Su práctica recuerda al de los Tribunales de la Inquisición que, a sabiendas de la inevitable impureza de las almas, aprovecha el poder concedido, no solo para juzgar al “mal” (actualmente el fraude fiscal), sino también para hacer valer su potestad juzgadora, hacer sentir al otro como súbdito de un Estado abusador, y para contribuir sobremanera a la mayor de las impotencias actuando como juez y parte en los conflictos.

    Este “matonismo” con aire administrativo, no solo es el culpable de dividir a la sociedad en buenos y malos, sino también de generar todo ese conglomerado de asesores y sociedades que tratar de evitar ser los reos de semejante abuso.

    Si estas son las consecuencias de actuar en pos del bien común, es que ese bien lo único que trata es de ampliar las arcas estatales, y de ahondar la brecha entre los buenos ciudadanos -los funcionarios-, y los malhechores, entendidos como el resto de la ciudadanía que tienen que servirles.

    No se entiende que un Estado moderno un abuso de este calibre se esté observando, aceptando y aporbando.

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