La Inquisición se fundó, en 1184, por la Iglesia Católica para erradicar por completo la herejía de los cátaros, que había arraigado con fuerza en el Languedoc francés.

Las características del juicio inquisitorial son muy conocidas: todo empezaba por la “fama”, entendida como un rumor popular que hacía que pesara la sospecha sobre una determinada persona. Esto en un clima en el que todo “buen cristiano” tenía el deber de conciencia de espiar y, en su caso, denunciar a su vecino.

Una vez esta “fama” llegaba a oídos de la autoridad, el sospechoso era considerado “diffamatus”, debiendo entonces comparecer ante la autoridad para dar explicaciones y probar debidamente que no era culpable de las herejías por las que era acusado en ese rumor. Es decir, sobre el difamado se hacía recaer la carga de acreditar su inocencia. La autoridad judicial era eclesiástica y, por tanto, tenía prejuicios contra cualquiera que fuera difamado por hereje. Aunque, en un principio, se aceptaba que el difamado tuviera abogado, si aquel resultaba condenado, el abogado era sometido a la misma pena; por lo que, como se puede suponer, había pocos voluntarios, con lo que el derecho en la práctica nunca existió. Tampoco era fácil conseguir testigos de descargo, dado que estos tenían bastantes probabilidades de meterse en problemas como protectores de herejes e incluso de ser sometidos a las mismas torturas que el propio difamado.

En los registros del Inquisidor Bernardo Gui (autor de “Práctica de la Inquisición en la depravación herética”) consta que juzgó a 930 personas, de las cuales 42 fueron quemadas y 307 condenadas a prisión. Algo tuvieron todas en común: a las 930 se les confiscaron todos sus bienes.

Hoy todo esto nos parece una aberración. Somos muy modernos y nos consideramos en la cúspide de la civilización. Pero convendría que siguiéramos revisando nuestros comportamientos y tratáramos de descubrir aquellos por los que las personas “civilizadas” de dentro de 500 años nos mirarán como bárbaros. Conviene tener en cuenta que las gentes del siglo XII no se consideraban incivilizadas, que había una demanda social de una institución que conservara la pureza de la religión y que intelectuales respaldaban la conveniencia de la Inquisición.

El moderno proceso acusatorio, al que hoy estamos acostumbrados, divide el juicio penal básicamente en dos fases: una primera fase de investigación, que se encarga a un juez instructor, y en la que debe decidirse si existen indicios suficientes para acusar a una determinada persona de un delito concreto; y una segunda fase, atribuida a otro juez distinto, en la que se resuelve si esa persona es culpable de haber cometido tales delitos y, en su caso, la pena que debe imponerse.

En este proceso penal acusatorio juega un papel esencial el llamado derecho a la presunción de inocencia, que consiste, como su nombre indica, en que el juez debe siempre partir de que la persona que tiene delante y a quien se imputa un delito es inocente. Desde esa presunción, el Estado a través del Ministerio Fiscal (o la acusación) es quien está obligado a probar, más allá de toda duda razonable (como dice el clásico aforismo), la culpabilidad del imputado. Para su defensa el imputado tiene derecho a no declarar y, si decide hacerlo, a mentir. La presunción de inocencia prohíbe al juez extraer cualquier consecuencia negativa para el imputado de su silencio y/o pasividad.

Hasta aquí es donde ha llegado nuestra forma de ejercer la justicia. Aunque, últimamente, en los procesos penales en los que aparece como acusación la Agencia Tributaria, percibo ciertos tintes de populismo inquisitorial que no me gustan nada y ante los que deberíamos estar muy atentos.

El sistema impositivo permite la recaudación del dinero necesario para hacer carreteras, mantener una sanidad pública de calidad y la gratuidad de la educación obligatoria, entre otros servicios de importancia. No cabe duda, por tanto, del deber que tenemos todos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, como mecanismo de redistribución de la riqueza. Y, consecuentemente, resulta imprescindible que la Agencia Tributaria utilice todos los instrumentos dentro de la Constitución y la ley para luchar contra el fraude fiscal. Además, en un momento de crisis fiscal como el que vivimos es necesario transmitir el mensaje de que todos contribuyen según su capacidad económica, empezando por los que más tienen. La Agencia Tributaria debe seguir tirando de la manta para descubrir las bolsas de fraude y de paso ir destapando los escándalos político-financieros que, de un tiempo a esta parte, están saliendo a la luz.

Hasta aquí no hay discusión. Pero que la lucha contra el fraude deba ser una prioridad no puede hacernos olvidar derechos tan básicos como los que he referido en este artículo.

El clima social contra el defraudador está generando un caldo de cultivo en el que parece que todo buen ciudadano tiene el deber de espiar y denunciar al vecino. En ese ambiente de confusión se denomina defraudador, con la misma carga peyorativa, a personas que realizan actos de muy diversa gravedad. No es lo mismo quien comete blanqueo de capitales, en el que el dinero defraudado tiene un origen delictivo; a quien, ganando el dinero legítimamente, la Agencia le gira una liquidación tributaria por sostener una interpretación distinta de lo que se puede o no hacer según la ley tributaria.

Sin embargo, una vez que la Agencia Tributaria apunta su dedo acusador contra una persona se genera la “fama” social de que es culpable. Y se le  mete en el mismo saco del defraudador. Algo habrá hecho. Si no la Agencia no se metería con él.

El juez penal, que, como he explicado en otro artículo, no sabe Derecho tributario, queda atrapado en esa corriente social. Además, posiblemente de forma inconsciente, tiende a pensar que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, como organismo público, es imparcial. Frente al neutral organismo, se le presenta un defraudador cualquiera rodeado de sus abogados y peritos. Todos ellos con espurios intereses a los que resulta ajena la Agencia, cuando lo cierto es que esta y sus inspectores son también parte interesada en el proceso. La primera, por su legítima intención de recaudar a toda costa, para cumplir objetivos y que pueda salir el Ministro de turno diciendo que es el Gobierno que más ha luchado contra el fraude y que se han batido todos los records de recaudación. Los segundos, para que el cumplimiento de objetivos tenga reflejo en su complemento de productividad. Y ojo me parece bien que esto sea así, pero no que se le otorgue una posición de especial credibilidad en un proceso penal.

Como es obvio, la autoridad tributaria tiene prejuicios contra el inculpado por la defraudación y esos prejuicios se los transmite al juez, que tiende a creer en la neutralidad de la Agencia. Abundan sentencias del Tribunal Supremo en la que se dice que es lógico que se dé prevalencia a los informes hechos por los inspectores, dada su neutralidad y falta de interés en el asunto; frente a los elaborados por los peritos de la defensa, dado que estos tienen interés en defender.

Es decir, a partir de ahí comienza la lucha del defraudador por acreditar su inocencia. La presunción está en su contra y ya puede esmerarse.

La cosa se complica cuando el defraudador es además un personaje público. Entonces el circo mediático agita un ambiente social de linchamiento que resulta insoportable para cualquier inteligencia que aprecie los valores democráticos.

A nadie nos gusta que la gente con más capacidad económica no pague a Hacienda. Pero la cruzada contra el fraude no puede hacernos relajar los principios en los que se basa un Estado de Derecho y una democracia que se precien. Nos jugamos mucho. Hay que recordar que los derechos protegen por igual al inocente, al defraudador, al sinvergüenza e incluso al asesino. Porque a todos ellos, al entrar por la puerta de un juzgado, se les presume no culpables.

4 comentarios

4 Respuestas a “¿Un proceso inquisitorio?”

  1. Inés dice:

    Dentro de 500 años, no. Ahora
    Los civilizados no, los salvajes.
    Los salvajes le decimos a los civilizados que nos dejen en paz.
    Que no tienen moral ni vergüenza, que han estado siendo cómplices absolutos de la creación de un estado tan tóxico que no reconozco como País.
    Y los ciudadanos que desde dentro del sistema, aferrados a él han y siguen queriendo justificar lo injustificable, tendrán que asumir su responsabilidad.
    La responsabilidad de organizar esa banda armada que va quemando por donde va pasando, pero no quema a los banqueros ni a los Rouco, ni al General, sino que ha sacado a la gente de las casas, ha llenado las calles de basura, ha contaminado el cielo y la tierra llenándola de millones de euros de carreteras vacías y nos ha robado años de esfuerzo.
    No olvidamos, no hemos olvidado y no olvidaremos.
    No olvidaremos los muertos de la vaya que se legislaron, ni los del mar, ni los que esperaron en los pasillos de los hospitales.
    Y da igual cómo lo llame. Se ha legislado una injusticia que asustaría al mismísimo Torquemada.
    Y eso es precisamente lo que se ha estado haciendo, echar otra vez a todos los judíos y a todos los moros y a los gitanos, y ya sabe lo que queda después de eso, después de eso sólo queda la Santa Inquisición.
    ¿Amnistía fiscal?

  2. Manu Oquendo dice:

    Simplemente recordar que la Inquisición Española duró oficialmente 400 años y ejecutó a unas 1200 personas en ese tiempo operando en todos los rincones del entonces vasto imperio. América, Europa y Asia. La mayor parte de los autos promovidos por los Gobiernos usando a la Iglesia Católica como Sistema Judicial. El resto a cargo de la Corona.

    Solo entre Alemania, Francia y Suiza el Protestantismo quemó 200,000 personas en la mitad de tiempo. Nuestro Miguel Servet lo fue en Basilea por Calvino.

    ¿Cómo es posible que perduren la falsedad y el mito con tal fuerza? Porque así interesa. ¿A quién?

    Conviene poner todo en perspectiva para ver la historia de esta vieja tierra con cierta objetividad. Los españoles nunca hemos creído en el valor del Marketing y esto nos ha costado la…..fama, como dice Isaac.

    Hay otro dato histórico que también solemos olvidar.

    Las Monarquías nunca pudieron “Extraer” o subir impuestos sin el consentimiento directo de los Sujetos Pasivos. Se hacía Directamente, ciudad a ciudad, o por Representación Estamental.
    Es decir, una persona con las mismas características del Sujeto Pasivo, que sería igualmente afectado y que normalmente actuaba por “Mandato Imperativo” de los afectados. Caso por caso.

    Hoy lo deciden los Representantes de un Partido o de varios para Comprarse los votos de unas personas a costa de otras.

    A lo largo del siglo XX el peso del Sector Público ha pasado de menos del 10% a más del 50% en una dinámica que sigue hoy creciendo en Europa y que nunca es suficiente.

    Hoy, en el momento de más Peso del Estado, es cuando los Impuestos recaudados son más y más Insuficientes y se ha de Compensar la Diferencia con Deuda Creciente. Es decir con impuestos que deberán pagar los niños que dejamos nacer y los emigrantes que traemos para que se note menos la impotencia.

    El sistema se ha consumido a sí mismo en menos de un siglo.

    Todo ello sin que se escuche una voz acerca de lo insensato del sistema que ha conseguido ser Sacralizado al tiempo que se desmorona.

    La mente humana es floja y en grupo más todavía.

    Saludos

  3. Maria Cruz-Guzman dice:

    Estimado Sr. Salama, aprecio su erudicion sobre la Inquisicón catolíca y la naturaleza d esus procesos en España, más bien en los reynos de España, que en aquella época no exisitia España. Pero creo un poco excesivo establecer un paralelismo entre aquellos proceso y la actual “cruzada contra el fraude fiscal”.
    Durante demasiado tiempo en nuestro país se ha aclamado socialmente al “defraudador” proliferando los negocios de consultoria y asesoria juridica cuyo objetivo era , precisamente eludir los impuestos. Hasta tal punto que hasta la más mediana familia media participa en diversos tipos de “ingenios fiscalo financieros” para evitar tributar por lo que serían ingresos normalmente tributables en otros países mucho más civilizados que nosostros. durante demasiado teimpo se ha considerado “poco inteligente” a quienes cumplen con estas obligacioens tributarias.
    No se trata de “pagar a Hacienda”, se trata de contribuir a los bienes comunes, eos a los que todos en algun momento tendremos que acudir, por muy “iusprivatista ” que se sea, hospitales, investigación, educaión decente, pensiones … etc etc.

    1. Estimada María, muchas gracias por el comentario. Si se fija el artículo no se refiere a la Inquisición española, sino a la primera que se instauró para la persecución de la herejía albigense. Por supuesto que estoy de acuerdo con que cada uno pague lo que debe a Hacienda (así se dice en el artículo) y, como a Usted, no me gusta el clima social de este país en el que pagar impuestos es de poco espabilados (permítame la expresión). Pero lo que tampoco me gusta es que, ante la necesidad de recaudar, nos olvidemos de principios muy básicos de un Estado de Derecho. Recuerde que el artículo solo habla del proceso penal por delito fiscal no del procedimiento administrativo de inspección y liquidación, en el que curiosamente y gracias a la jurisdicción contencioso-administrativa se respetan con más celo los derechos del administrado.
      En fin, creo que somos un país muy de blancos y negros y nos cuestan los matices.
      Saludos,
      Isaac

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