LA REFORMA DEL SECTOR PÚBLICO (QUE YO HARÍA)

He tenido un sueño: El Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, me llamaba y me pedía que le hiciera una propuesta para reformar a fondo el sector público. Según él, aunque ahora hay que reducir drásticamente el gasto público, cuando salgamos de la crisis y volvamos a crecer, habrá que volver a contratar funcionarios porque en muchos sitios las plantillas están bajo mínimos y además envejecidas. Por tanto, si aprovechamos ahora para pensar bien qué sector público necesitamos, luego podremos crecer donde haga falta y conforme a ese nuevo modelo. Me dijo que estaba decidido a pactar ese modelo con el PSOE para asegurar que la reconversión del tinglado actual se hiciese aunque requiriese dos o más legislaturas, porque era consciente de que al constituir casi el 45% del PIB, el sector público condiciona por completo el crecimiento de toda la economía nacional. “¡Qué gran sentido de Estado”, pensé yo, “¡lanzarse a un proyecto tan difícil, que llevará mucho tiempo y energía y que, además, no le beneficiará electoralmente! ¡Merece la pena que me lo tome en serio!”.

Pues venga, empecemos por lo más sencillo y evidente (aunque en este tema casi nada lo es). El sector público es un conglomerado de actividades muy distintas entre sí; por eso lo primero es evitar caer en el error de verlo como un todo homogéneo. Entre escuelas, hospitales, juzgados, aeropuertos, protección civil, tráfico o Banco de España, por poner algunos ejemplos, hay muy poco en común. Por otra parte, el criterio que nos debe guiar en cada uno de estos casos es el de mejorar el servicio que se presta a sus respectivos usuarios, que suelen ser los ciudadanos. Por tanto, una reforma en serio del sector público tendría que empezar por identificar los cambios que necesitan cada uno de estos subsectores, en función de sus especificidades. No vale el “café con leche para todos” que ha caracterizado a los anteriores intentos de reforma. Además, cualquier cambio estructural en una organización debe estar supeditado a una visión estratégica de futuro. Así que, en cada uno de esos subsectores habría que definir previamente qué servicios deberían prestar en los próximos 10 años y de qué forma, teniendo en cuenta la evolución previsible de las demandas de sus usuarios, de la tecnología, de los recursos financieros disponibles, etc.

Este enfoque tendría que venir acompañado por otro, de carácter transversal pero supeditado al anterior, que tuviera como objetivo mejorar la eficiencia y productividad de las estructuras existentes. Este segundo enfoque tendría varios ejes de actuación, pero aquí me limitaré a señalar tres. El primero de ellos se centraría en la simplificación e informatización de los procesos y trámites. Para ello, habría que llevar a cabo una revisión de todos los existentes en cada organización, eliminando los que se pudiera y simplificando el resto. Tras ello debería abordarse la plena informatización de cada organización, para automatizar esos procesos, integrar las diversas bases de datos y permitir a los usuarios que realicen sus trámites por Internet. Sólo con esto, reduciríamos sustancialmente la burocracia que tanto molesta a los ciudadanos y que tanto lastra la gestión interna de cada organismo, sobre todo en la Administración.

El segundo eje de actuación se centraría en la gestión de recursos humanos de la Administración Pública. Por no extenderme me limitaré también a mencionar los cambios más importantes, que son los que afectan al sistema de ingreso, la evaluación del rendimiento, las retribuciones y el régimen disciplinario. Dejo aparte el sistema de selección de los directivos porque ya lo he comentado en otro artículo. En cuanto al primero de estos cambios, sustituiría el actual sistema de oposiciones memorísticas por otro que se centrase en valorar la experiencia profesional de cada candidato, tal como se hace en la mayoría de las empresas (incluidas las públicas), exceptuando aquellos casos donde realmente las oposiciones fuesen el sistema adecuado. El objetivo sería eliminar barreras para incorporar a profesionales con experiencia que no pueden dedicarse en exclusiva a estudiar dos o tres años los temarios de las oposiciones. Soy consciente, sin embargo, de que esta fórmula podría abrir más la puerta al amiguismo, y por eso habría que tratar de buscar un sistema que minimizase ese riesgo sin comprometer la eficacia del propio sistema como mecanismo para atraer y seleccionar a los mejores.

La evaluación del rendimiento, o del desempeño, de cada empleado es clave para discernir quién trabaja más y quién menos, y acabar con el mito de que los funcionarios “no dan golpe”. Salvo excepciones, este tipo de evaluación brilla por su ausencia en la Administración, pese a que todos los Ministros del ramo prometen su implantación. Para lo primero que debería servir es para premiar a los que destacan en su trabajo, tanto por la vía de su promoción como en sus retribuciones, que deberían mejorar sustancialmente. No se puede pretender tener gente competente y motivada con sueldos bajos. Pero esa mejora salarial tiene que venir ligada al rendimiento y al cumplimiento de objetivos. Por último, habría que tomarse en serio el régimen disciplinario. Y en esto es clave la evaluación del rendimiento. Cuando se constata que un funcionario trabaja por debajo del mínimo aceptable debería ser sancionado y, llegado el caso, despedido. En la Administración no hay despidos ni prácticamente sanciones por escaso rendimiento, y eso no solo afecta a la productividad general sino que, además, contribuye a desmotivar a los que trabajan bien, que son la mayoría.

El tercer eje de actuación para mejorar la eficiencia lo centraría en el marco jurídico de cada organismo. No hay un criterio claro por el cual, dentro del sector público, unos organismos, como la Dirección General de Tráfico o la de Protección Civil, se encuadran dentro de la Administración, y otros, como RTVE, Aeropuertos o RENFE, son empresas públicas con diversas modalidades jurídicas. Pero la autonomía, y las posibilidades de llevar a cabo una gestión ágil y eficiente, son muy distintas en unos casos que en otros. Un ejemplo: el ingreso de un nuevo funcionario en la Administración es un proceso que tarda unos 15 meses, desde que se publica en el BOE la Oferta Pública de Empleo hasta que empieza a trabajar; en una empresa pública ese proceso se resuelve en un par de meses. Así pues, habría que clarificar qué papel deben tener, dentro del sector público, la Administración y las empresas. Esto, desde luego, tiene muchos matices. Por ejemplo, la Administración es mucho menos ágil que las empresas públicas porque, entre otras cosas, ofrece un montón de posibilidades a los ciudadanos para recurrir las decisiones que les afectan. ¿Hasta qué punto debe ofrecer tantas garantías la Administración a costa de sacrificar su agilidad? Habría que aclarar en qué actividades de la Administración se justifica eso.

En todo caso si, pese a los cambios que he propuesto hasta aquí, siguiera habiendo notables diferencias en la agilidad de gestión entre la Administración y las empresas públicas, propondría que todos los organismos de la Administración, que no tuviesen necesariamente que permanecer en ella, se convirtiesen en empresas. Quizás muchas de ellas tendrían que seguir financiándose de los Presupuestos del Estado pero su funcionamiento, aún con los oportunos controles, sería bastante más ágil y eficiente.

Hasta ahora sólo he hablado de lo que habría que hacer para que la Administración que tenemos fuera más eficiente. Pero desde luego lo más importante para reformar en profundidad el sector público tiene que ver con dos grandes cuestiones que he preferido dejar para el final. Ambas con mucha carga ideológica y emocional. Me refiero, por una parte, al papel de lo público frente a lo privado y, por otra, al debate territorial, comúnmente centrado en el Estado de las Autonomías.

El papel del sector público es un debate que difícilmente tendrá fin, pero no por ello debe ser aparcado. En síntesis, habría que empezar por definir qué cuestiones deberían ser competencia de los ciudadanos (y de la economía privada) y cuáles del sector público. La tradición socialdemócrata, inspiradora en gran medida del actual Estado de Bienestar, apostó por un amplio y potente sector público, entendiendo que esa era la mejor forma de proteger a la mayoría de los ciudadanos frente a los poderosos, las desigualdades, el infortunio, etc. Frente a esta visión, el pensamiento libertario ya advirtió a finales del siglo XIX y principios del XX de la amenaza que conllevaba, para la libertad individual, ponerse en manos de un Estado todopoderoso.

El devenir de los acontecimientos, con los avances en las tecnologías de la información y su capacidad de intromisión en la vida privada, las crecientes prerrogativas policiales justificadas para hacer frente a las amenazas terroristas y al crimen organizado, el sometimiento de los Estados a los intereses de las grandes multinacionales e inversores privados, la hiperregulación que se deriva de esa forma de entender la acción política como simple producción de legislación, por citar algunos ejemplos, sitúan al Estado más cerca de un inquietante “Gran Hermano” que de la benévola y paternal imagen que concibieron los pensadores socialdemócratas. Por ello, pese al positivo papel que en muchos ámbitos desempeña el Estado (y su brazo ejecutivo, el sector público), yo propondría una revisión de todos los ámbitos que ha ido ocupando para considerar su posible “devolución”, o no, a la sociedad. Por citar solo un ejemplo: ¿está justificado que el Estado nos diga a los padres (y a los docentes) qué es lo que tienen que aprender nuestros hijos, a qué edad y de qué manera?

Para finalizar este rápido repaso de lo que debería ser la reforma del sector público, habría que abordar su configuración territorial. Ya sabemos que este aspecto está muy contaminado por el afán independista que late en el País Vasco y Cataluña. Pero, procurando separar las churras y las merinas, habría que analizar caso a caso, evaluando sus costes y beneficios, las competencias, responsabilidades y controles que son ejercidas por cada Administración (Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Administración Central) y sus correspondientes empresas. De ello debería derivarse una clara racionalización de organismos, con eliminación o transformación de aquellos en que estuviese justificado.

Esto sería lo que yo le presentaría, como primera aproximación, al Sr. Rajoy. Seguro que me miraría como si le estuviera contando una de indios, pero yo le diría que no solo el país necesita a todas luces que se haga algo así sino que, además, si él y el Sr. Rubalcaba se comprometieran en serio, esta reforma sería perfectamente realizable.

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Sobre Manuel Bautista Pérez

Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. En la Administración Pública ha sido Director General de Aviación Civil (2004-2009), Director General del Instituto Nacional de Meteorología (actual Agencia Estatal de Meteorología) (1986-1996) y Asesor del Ministro de Transportes, entre otros puestos. En el sector privado ha trabajado en el Grupo Anaya, como Director General de la División de empresas multimedia, y en la empresa Multimedia Resources como Director General. En el ámbito internacional ha sido Vicepresidente de la Organización Meteorológica Mundial, miembro del consejo de administración de organismos como el IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático), Eumetsat, Eurocontrol, etc., y ha trabajado para varios Gobiernos de América Latina como consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, en temas de desarrollo estratégico.

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15 Respuestas a LA REFORMA DEL SECTOR PÚBLICO (QUE YO HARÍA)

  1. José María Bravo 3 octubre, 2012 at 12:25 #

    Alabo el tono de Bautista en este articulo. No creo que sea facíl para el, en un par de cuartillas exponer un tema tan complejo como el problema del sector ´publico.

    Es interesante que, de acuerdo al curriculum de Bautista, como Director, que fue,de varios organismos estatales, nos presente la importancia del funcionariado publico, tan denostada en estas épocas de confusión propagandista. Desde luego que, a la vez, hace un análisis para que esta función pública tenga una mayor profesionalización y competencia. Se aleja con estos criterios del fácil y grosero populismo que impera en detrimento de los funcionarios.

    Es verdad que, no hace mucho, la Social-Democracia quiso implementar un Estado que favoreciera al ciudadano y que lo protegiera de las desigualdades sociales. A la historia hay que analizarla ,permitanme que sea algo imperativo, en su contexto. Veníamos de un siglo como el XX, en donde se libraron dos guerras mundiales y varias civiles. La pobreza generada fue enorme, la destrucción de poblaciones enteras fue patética. Pues, entonces, había que reconstruir. Había que tejer una nueva estructura social desde la miseria , desde las enfermedades, desde las plagas, desde las mutilaciones. Vino entonces la llamada Protección Social, la protección civil. La Educación pública, la socialización de la salud, etc. Luego, desgraciadamente, a pesar del éxito en muchos aspectos, vino lo que ha venido a llamarse el Estado de Bienestar o el neo-capitalismo. La “barbarie” del consumo y, porque no darle ese nombre, de la irresponsabilidad. Entonces el “new deal” para sacar de la depresión a las economías se convirtió en un gran negocio bancario, inmobiliario, etc. Y, todos nos sentimos ricos e “infelices”. Siempre nos faltaba algo más para alimentar nuestra dicha.

    Aquí Bautista, habla, entonces, de un gran paso. El de devolver al individuo su responsabilidad. De descargar al Estado de muchas de las atribuciones que hacen inviable su sostén. No hace mucho la esperanza de vida, en los países desarrollados, era mucho menor y se han disparado los gastos sociales. Los gastos sanitarios y educativos son enormes. Y, hay un asunto añadido, los países emergentes ya no quieren permitir más su explotación para el bienestar de nuestros países. Hay que reflexionar, hay que cambiar el paso. Pero claro que no hay que pauperizar a los que siguen descolgados dentro de los paises desarrollados. Hay, como, muy bien, dice Bautista, crear una función publica acorde a la realidad,de ahora, aquí y en este mundo tan “globalizado”

  2. Manu Oquendo 10 octubre, 2012 at 5:19 #

    Para educar a alguien, un niño, es preciso tener una idea de sus fines.

    Sólo entonces podremos comenzar a discernir contenidos, modos y formas de trasladarle aptitudes y actitudes. Con la sociedad y con la economía sucede algo parecido.

    Sólo definiendo y acordando fines podemos pensar en diseñar los mecanismos y los medios necesarios para alcanzar aquello que deseamos.

    Si analizamos los resultados que venimos obteniendo en estas esferas de actuación colectiva resulta fácil ver que no estamos haciendo lo debido sino que las prioridades del diseño son otras muy distintas.

    Este artículo de M.Bautista me deja francamente preocupado tras escuchar lo que Rajoy manifiesta al respecto. Que volverá a pactar con el PSOE un modelo de estado que permita crecer el sector público como venía creciendo.

    Me quedo preocupado porque Rajoy no da puntada sin hilo y resulta que el propósito que manifiesta es coherente con lo que viene sucediendo desde la Ilustración y ya nos anunció Tocqueville en la cuarta y última parte de su libro más famoso.

    ¿Y qué viene sucediendo? Pues que la primera prioridad de cada acto del poder es su propio crecimiento y refuerzo. El resto viene en segundo o tercer lugar (si queda espacio)

    Nos recuerda la cibernética que el objetivo de un sistema es aquello que realmente hace.

    Esto es un asunto que quizás valiera la pena tratar privadamente porque por este camino vamos a hacer aquello que sugería Einstein: Si hacemos siempre lo mismo nos seguirán pasando las mismas cosas. O algo por el estilo.

    Saludos y buenos días.

  3. Manuel Bautista 10 octubre, 2012 at 19:27 #

    En respuesta a José Mª Bravo, es cierto que las grandes decisiones políticas hay que juzgarlas en el contexto en que se produjeron. Y la creación de los Estados del Bienestar han sido un gran avance. Lo que pasa es que luego viene la inercia, y los diseños y propósitos iniciales van derivando hacia otras cosas.
    Los Estados modernos se han acabado convirtiendo en aparatos enormes, con vida propia y nadie encuentra el momento de adecuarlos a lo que hoy se requiere. Máxime cuando, si no se les pone límites, se convierten en una amenaza para la propia libertad de los ciudadanos y para la propia democracia.

    En respuesta a Manu Oquendo, desde luego a lo que yo me estoy refiriendo es a un sector público mucho más eficiente y mucho mas reducido de tamaño.

    Reducido, no solo porque la racionalización de este Estado de las Autonomías que nos hemos sacado de la manga tendría que traer consigo importantes recortes, sino porque también la mejora de la eficiencia, de la productividad, de la Administración haría que se pudiese hacer lo mismo con bastante menos funcionarios. Y si además nos metiéramos en serio a examinar cuántas cosas se hacen desde el sector público que podrían dejarse en manos del privado, la reducción sería aún mayor.
    Conste que yo no soy partidario de las privatizaciones solo para “hacer caja”, pero sí creo que hay muchas cosas que no tendría por qué hacer el sector público. Por poner solo un ejemplo: Iberia es una compañía aérea privada y muy eficiente; sin embargo, hace 20 años parecía un sacrilegio cuestionar que tuviera que seguir siendo pública, cuando entonces era nuestra flamante compañía “de bandera”.

    En fin, esto es un debate muy largo y, al tratarlo así, necesariamente lo estamos simplificando. No obstante, espero que haya ilustrado a algunos.

  4. José María Bravo 11 octubre, 2012 at 10:44 #

    En general la interpretación de los artículos de opinión pueden deformar el propósito del autor. La respuesta de Bautista, a M.Oquendo y a mi, me suscita varías dudas, que enumero:

    La expresión de Bautista: “el Estado de las Autonomías que nos hemos sacado de la manga”, que quiere decir?. Es curioso, estaba en estos días buscando a los constitucionalistas que, con base a sesudas reflexiones filosóficas como la gobernanza cercana al ciudadano, incluso el Tao menciona algo referido, han propugnado por las democracias municipales o afines. Quiere Bautista identificarse con un Estado centralista?. Yo creo, firmemente lo contrario, que una organización comunitaria, algo así como municipalista o, mejor ejemplo, “cantonista , reduciría la burocracía muchisimo, vease el ejemplo de la Confederación Suiza.

    Con respecto a, la siempre agradable y fina, opinión de M.Oquendo. La prevalencia de la lucha por el Poder no se fortalece al no pactar. Ahí esta el grave problema del centralismo, el tomar decisiones ideológicas, no comunitarias.

    Un saludo.

  5. José María Bravo 11 octubre, 2012 at 11:26 #

    En mi comentario al comentario de M.Oquedndo quise decir que la prevalencia de la lucha por el poder no se DEBILITA al no pactar. Gracias

  6. Pedro 19 octubre, 2012 at 2:37 #

    Sr. Bautista, viendo el relato que hace y viendo su curriculum llego al convencimiento de que usted de oposiciones sabe poco, tirando a nada. Las oposiciones tienen una alta variabilidad de procesos, las hay como comenta, memoristicas, adecuadas para personas que tendrán que desarrollar su trabajo memorizando leyes, reglamentos, ordenes, circulares para posteriormente aplicarlas, pero también hay oposiciones en las que se realizan supuestos prácticos, en las que se realizan pruebas físicas, sicológicas, en las que hay periodos de practicas de un mes, dos, seis, un año, dos años.
    Hay oposiciones en las que no se valora el curriculum previo, otra en las que si se valora. El sistema es mas variado de lo que usted cree y podría encajar lo que usted propone sin necesidad de cambiar ni una sola norma legal. Igual si es como es, es por algo, y que usted lo desconozca no significa que no haya motivos para que sea como es.

  7. Manuel Bautista 19 octubre, 2012 at 15:30 #

    En respuesta a Pedro,

    Soy funcionario desde hace 27 años y he formado parte en 7 u 8 ocasiones de tribunales de otras tantas oposiciones. Pero sobre todo me he pasado cerca de 15 años negociando con Administraciones Públicas (y Hacienda) la forma de flexibilizar esto y lo que he visto es que, pese a que existe ciertas posibilidades en la normativa vigente, luego la interpretación que se hace es mucho más restrictiva. Por ejemplo, la ley admite los sistemas de “concurso-oposición”, en los que se puede valorar el CV (sin ahorrarte los ejercicios memorísticos), pero luego esta posibilidad se admite con enorme dificultad.

    Usted dice que “igual si es como es, es por algo”. Bueno yo he visto infinidad de “bancos pintados” en la Administración, que si estaban así desde hace un montón de años es, simplemente, porque nadie se había preguntado qué sentido tenía aquello. Mi experiencia es que si uno quiere dotar de “sentido común”, del más elemental, al funcionamiento de la Administración, y le dejan hacerlo, tiene trabajo para estar un montón de años.
    Un saludo

  8. HORMAX 20 noviembre, 2012 at 19:55 #

    Muy bién expresado, creo que tus ideas son bastante coherentes y posiblemente compartidas por mucha gente, implementarlas ya es otro cantar.

    En cuanto a que algunas de ellas pueden incrementar el amiguismo, el enchufismo y todas esas lacras, existen procedimientos para evitarlas o al menos minimizarlas, la primera de ellas, la transparencia. También se puede recurrir a procedimientos de adjudicación automatizados y/o independientes de forma tal que los que quieran contratar tanto personas como servicios no pueda tener influencia en lo contratado ya que ni depende de ellos ni en muchos casos llega a saber quién va a tomar la decisión ya que esta se hace en base a criterios de selección asépticos.

    También hay que establecer responsabilidades, ya que una de las cosas que mas perjudican a los ciudadanos y hace ineficiente a la administración son los errores y omisiones de los funcionarios, errores y omisiones de los cuales nadie se hace responsable y quedan impunes lo que provoca que se repitan una y otra vez. edit

  9. José 9 febrero, 2013 at 12:56 #

    Estoy de acuerdo, en general, con el análisis y las grandes líneas de actuación que “pinta” Bautista para abordar una reforma de la Administración.

    En base a mi propia experiencia apuntaría algunas cuestiones.

    1. Creo que una de las cuestiones previas a cualquier reforma de la Administración sería instaurar de forma generalizada sistemas de contabilidad de costes. A la hora de tomar cualquier decisión, y ahora más, es muy importante el coste. ¿Sabemos lo que cuesta un recurso de reposición? ¿Conocemos lo que cuestan unas pruebas selectivas (oposiciones)? ¿Tenemos idea de lo que cuesta realmente, cada curso de nuestros hijos en los colegios o en las universidades?.

    2. La evaluación del rendimiento es algo que cíclicamente aparece y desaparece en la Administración. En mi caso he vivido dos experiencias.
    Creo que es cardinal abordar la implantación de sistemas de ese tipo. Pero tan importante como ello es determinar previamente cuál será el sistema y qué se va a medir. Digo esto por la necesidad, a mi juicio, de que la implantación de un sistema de evaluación del rendimiento no se convierta en una forma de institucionalizar el clientelismo…
    Creo que debería abordarse con más urgencia la evaluación de los resultados en base a sistemas, previamente implantados, de determinación de objetivos. Comenzar de ese modo creo que se contribuye más a garantizar que el sistema cumple su objetivo. Dicho de otro modo, si la actividad es la resolución del recurso de reposición evaluemos esa actividad globalmente. Una vez consolidada esa fase, ya vendrá la individual, porque lo que demanda el usuario es la citada resolución…

    3. Respecto a las oposiciones, comparto en cierta medida. Estoy radicalmente en contra del sistema actual: no premia la excelencia, premia únicamente la fuerza de voluntad, la memorística y la disponibilidad de fondos para estar 3-4 años estudiando sin garantías de nada; el sistema de oposiciones está patrimonializado (como la propia administración) por determinados cuerpos supuestamente ” de élite” que tienen intereses bastante oscuros; el sistemas de oposiciones es totalmente opaco (qué registro queda de un examen oral que se “corrige” sobre la marcha?).
    Sin embargo, dado que se seleccionan personas que se retribuyen con fondos públicos tiene que ser un proceso transparente y con garantías por lo que a mi juicio el sistema privado no es extrapolable.
    ¿Cómo se pueden reducir la duración de esos procesos?: a) eliminación de exámenes memorísiticos; si queremos garantizar que el candidato se sabe la materia evaluemos sus calificaciones académicas que para eso están; b) ejercicios únicamente prácticos; c) regulación y profesionalización de los órganos de selección: hay que acabar con el actual sistema que es una forma de asignar “sobresueldos”; d) modificación de la normativa al respecto: desde la convocatoria al 1º ejercicio un mes máximo; entre el primer y último ejercicio un mes máximo.

    4. Por último dos comentarios más
    Una de las cuestiones que más necesita la Administración es la eliminación de los cuerpos y escalas. Creo que es más racional tener unas plantillas en las que esté establecida la cualificación necesaria de cada puesto y, a partir de ahí, buscar a la persona adecuada. Si estamos hablando de selección, por ejemplo, necesitaremos a un psicólogo; si hablamos de gestión necesitaremos a licenciados en administración de empresa u otros titulados que tengan formación postgrado en esas materias, etc. Creo que hay que terminar con el predominio de los ldos. en derecho. La administración es una prestadora de servicios, no un juzgado-bis…
    La otra cuestión es la relativa al tema de la agilidad. No creo que la administración tenga que funcionar como una empresa privada ya que no lo es: no hay accionistas (o dueño) identificados. Eso si, la agilidad, con las servidumbres que conlleva “la cosa pública” (transparencia, rendición de cuentas, etc.) y que no tienen las empresas privadas se podría mejorar con lo que se ha mencionado en el artículo de Bautista: identificando procesos y procedimientos, racionalizándolos, informatizándolos, etc. En ese sentido yo que si adoptaría una decisión inmediata: la eliminación de todos los recursos contra los actos de la Administración cuya resolución esté en manos de la propia Administración. Ser juez y parte no es una práctica precisamente garantista. Además consume no pocos recursos (coste) y dilata mucho la decisión que afecta al usuario.
    Un cordial saludo

  10. Manuel Bautista 9 febrero, 2013 at 19:28 #

    Estimado José,

    Salta a la vista que sabes de lo que hablas y te felicito por ello, porque esta es una materia compleja y de la que es fácil salir con cuatro tópicos. No es desde luego tu caso.

    Estoy plenamente de acuerdo con lo que has dicho sobre la necesidad de implantar una contabilidad de costes. A mí se me olvidó mencionarla, pero es fundamental. También lo es implantar la evaluación del desempeño después de haber fijado bien los objetivos. Primero los del organismo, después los de cada unidad y tras ello los propios de cada persona. Hay que reconocer, no obstante, que no todas las tareas de una persona en su puesto de trabajo, aún siendo incluso importantes, son definibles en función de objetivos.

    Yo también suscribiría lo de suprimir los cuerpos y escalas de la Administración. En principio me parece más lógico el enfoque “por puestos” más que “por cuerpos”, y por ahí iría yo. Lo que pasa es que el enfoque por puestos es mucho más complejo de implantar. Requiere, por ejemplo, que la Administración tenga a todos y cada uno de sus funcionarios y laborales bien descritos en sus conocimientos y habilidades, así como lo que se requiere de cada puesto de trabajo, tanto sus funciones como el perfil de su titular. Como eso lleva mucho tiempo, pues se remedia con los cuerpos.

    De todos modos, estarás de acuerdo en que si nos pusiéramos manos a la obra habría muchos más detalles que ni hemos mencionado y que también serían importantes.

    Muchas gracias por tu comentario. Un saludo

  11. EsPrueba 2 julio, 2013 at 13:38 #

    Al hilo del nuevo sistema de selección de personal que propones para las Administraciones dices que en general suprimirías el sistema actual de oposiciones, por un sistema nuevo, y afirmas lo siguiente:

    “Soy consciente, sin embargo, de que esta fórmula podría abrir más la puerta al amiguismo, y por eso habría que tratar de buscar un sistema que minimizase ese riesgo sin comprometer la eficacia del propio sistema como mecanismo para atraer y seleccionar a los mejores….”

    Pues la respuesta es que, hasta que se encuentre ese sistema del que hablas el mejor sistema es…. las oposiciones actuales (¡sorpresa!)

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