Terminado el juicio, sigue el procés

Concluido el juicio del procés, es buen momento para recapitular.

Ya ha llovido desde que, en septiembre de 2014, la Generalidad colgó en su web el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, donde nos contaba exactamente cuáles iban a ser los pasos para llegar a la independencia y a la creación de la República de Cataluña.

También han pasado años desde que, en 2015, el Parlamento de esa región abrió formalmente lo que se bautizaría como el procés, declarando nada menos que Cataluña quedaba desconectada de la Constitución, del ordenamiento español y, en particular, de las resoluciones que pudiera dictar el Tribunal Constitucional.

Desde entonces, la Generalidad, en absoluta rebeldía, ha venido cumpliendo cada punto de sus amenazas: ha actuado como si la Constitución, el Tribunal Constitucional o las leyes del Estado no existieran en esa comunidad; desobedeciendo directa y frontalmente cada una de las decisiones de los Tribunales que frenaban las distintas iniciativas del procés.

El punto álgido de la rebelión se produjo cuando en diciembre de 2016 se hizo público el borrador de la conocida como ley de transitoriedad, que era la Constitución que debía regir entre la declaración de independencia y la implantación de Cataluña como Estado. Esa ley junto con la del referéndum se presentaron en el parlamento de Cataluña en agosto de 2017 y se aprobaron en septiembre de ese año, en una de las sesiones más convulsas del parlamentarismo catalán, con todos los representantes de los partidos constitucionalistas abandonando la Cámara antes de la votación.

Lo que sucedió después, con el referéndum del 1 de octubre, la posterior declaración de independencia del Parlamento de Cataluña y la inmediata petición de suspensión de esa declaración, por parte del Presidente de la Generalidad, ya forma parte de la historia negra de este país.

Ante esa rebelión, el Estado de Derecho ha puesto en marcha los mecanismos más intensos para restablecer la legalidad y para sancionar los graves hechos que se produjeron.

Así, se acudió al mecanismo excepcional de protección de la Constitución del artículo 155. Este era un precepto que estaba pensado para que su simple existencia e invocación permitieran evitar situaciones como la que se han dado en Cataluña. Es verdad que, cuando el Presidente del Gobierno activó el 155, nadie sabía cómo iba a funcionar. Y, en particular, cómo el Estado iba a conseguir que toda la Administración catalana -singularmente la policía autonómica- obedeciera las instrucciones que se recibieran desde Madrid. Lo cierto es que el mecanismo funcionó perfectamente y no se produjo el peor escenario posible de desobediencia de los funcionarios.

En cuanto al proceso penal seguido ante el Tribunal Supremo para sancionar los posibles delitos cometidos por los autores del procés, no podía haberse desarrollado mejor. Tanto es así que incluso uno de los abogados de la defensa que ha tenido un papel relevante–Xavier Melero- reconoció que el juicio se había celebrado “con todas las garantías” y que fue “ejemplar”. Nada más que añadir: el Presidente y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han dado una lección de derecho procesal y de respeto de las garantías y derechos fundamentales.

Sin embargo, lo descorazonador es que, después de aplicar los mecanismos jurídicos más intensos para restablecer la legalidad, ese objetivo no se ha logrado ni mucho menos y tenemos al Presidente de la Generalidad pavoneándose de que lo volverán a hacer (en curiosa contradicción con los acusados del procés que en el juicio han sostenido que nada había ocurrido).

Hablando con un inteligente abogado catalán, me comentaba que lo que estaba pasando en Cataluña era como si, en un juicio, el abogado contrario soltara una perorata kilométrica repleta de mentiras mil veces repetidas y en el otro estrado hubiera un silencio sepulcral. El cliente mira a su abogado perplejo de su parálisis, el juez sonríe y la suerte está echada.

En Cataluña llevan años usando la potentísima maquinaria de los medios de comunicación catalanes (es la Comunidad, con mucha diferencia, que más dinero público dedica a los medios de comunicación) para transmitir una realidad deformada, orientada a difundir la propaganda nacionalista. Y todo ello envuelto en una programación de una gran calidad formal.

Están siguiendo paso a paso los principios de la propaganda descubiertos por Goebbels: el principio de simplificación y del enemigo único (Spain, of course); el principio de unanimidad, dando la falsa impresión de que todos piensan como tú (y de que el no separatista no existe o es el enemigo); el principio de orquestación (si una mentira se repite lo suficiente, se convierte en verdad: al final habrá habido presos políticos); el principio de transposición, cargando sobre el adversario los errores propios (España nos roba, cuando la Generalidad está despilfarrando en una pésima gestión plagada de corruptelas); el principio de vulgarización, trasladando mensajes pegadizos y fáciles de comprender…

Y así hasta los 11 principios de Goebbels, seguidos con una calculada inteligencia y sin un contrincante a la altura.

Mientras no se articule una política de comunicación al menos tan inteligente, persistente y pegadiza como la del adversario, ya pueden ponerse en marcha todos los mecanismos del Estado de Derecho que el problema persistirá.

4 comentarios

4 Respuestas a “Terminado el juicio, sigue el procés”

  1. EB dice:

    Isaac, gracias por su resumen de lo que ha estado ocurriendo. Usted concluye lamentándose de que no se ha restablecido la legalidad. Esta conclusión, sin embargo, sería «la segunda mejor opción». Me explico. La primera mejor opción es que –de alguna manera– «el independentismo» desaparezca. Pero la única manera de que desaparezca es su derrota por la fuerza, algo imposible en países viejos con horror por la violencia –dicho de otra manera, no hay suficientes jóvenes para una nueva guerra civil. Por eso, la segunda mejor opción es la «lucha» diaria de contenerlos para que no terminen ganando «por cansancio», es decir, por un desgaste continuo de la disposición de la mayoría de toda España a tolerar que una minoría de catalanes se hagan del poder para beneficio propio. Para el resto de España –en particular para la mayoría catalana que está en contra del «independentismo»– el costo marginal de esa lucha aumenta diariamente y su beneficio marginal disminuye, de manera tal que para los «independentistas» es solo cuestión de insistir con pasos que «consolidan» avances o abren frentes nuevos para otros avances.

    Si hoy mismo se hiciera un análisis «racional» de la conveniencia para el resto de España de mantener a los «independentistas» dentro de España no me extrañaría que la respuesta ya fuera negativa. Y si ya no lo fuera, usted puede estar seguro que pronto lo será incluso para los catalanes no-independentistas que todavía insisten en no emigrar. Para peor, el resto de Europa no ayuda porque la UE ya es pasado –y repitiendo algo común en la historia de Europa de los últimos 500 años, pronto aparecerán los traidores que denuncien a España por «maltratar» a los independentistas o encuentren algún beneficio personal en apoyarlos. Los «independentistas» ya exigen un precio muy alto por quedarse –se parecen a esas parejas que ya deberían haberse separado porque una de las partes extorsiona a la otra con el castigo que implica su sola presencia diaria si no se le da todo lo que pide. Insistir en contenerlos con prédicas de valores e intereses comunes es perder el tiempo porque los independentistas no son diferentes a cualquiera que busca el poder a cualquier precio –sí, aunque la Cataluña que les quede luego de la independencia sea una vulgar porquería como la Cuba de Fidel y Raúl (fíjese en las diferentes posiciones del PNV y Bildu en el País Vasco). Sí, no creo que su propuesta de política comunicacional pueda revertir la situación (peor si tomo en cuenta la alta probabilidad de que el PSOE vuelva a traicionar a España).

    Si me apura le diría que la segunda mejor opción para España hoy es dejarlos ir, pero sin darles nada y facilitando que todos los catalanes que rechazan a los independentistas se puedan reubicar en el resto de España. Mejor hacer las pérdidas hoy que vivir la agonía de un divorcio inevitable cuyo costo sin duda sería mucho mayor.

  2. EB dice:

    Isaac, lamento que no publique el comentario que le envié ayer. Supongo que no le gusta que hable de violencia, pero tenga en cuenta que el hecho de que hoy no se pueda recurrir a la violencia como antes ha tenido consecuencias importantes, en particular que cualquier idiota puede lanzar amenazas juntando una manada de otros tan idiotas como él y hacerle la vida imposible a quienes se opongan a ellos –digamos una forma de bullying contra quienes no tienen coraje de enfrentarlos porque rechazan el recurso a la violencia. Sí, como yo y todos los que ya han cumplido 50 años, usted ya está viejo para recurrir a la violencia pero no le quepa duda que cualquier idiota lo amenazará de violencia en cuanto usted manifieste su oposición, y peor si tiene la desgracia que ese idiota esté protegido por un Pedrito Sánchez.

    Si usted cree que se puede negociar con una manada de idiotas, se equivoca. De igual manera que uno no pierde tiempo negociando con manadas de asesinos, tampoco debe perderlo negociando con idiotas. Si no se puede recurrir a la violencia, entonces lo único que cabe es excluirlos, de igual manera que se pone en prisión a quienes cometen crímenes graves. En este caso, la exclusión se logra dándoles un pedazo de tierra «para que se desarrollen y entretengan» y cerrándoles la entrada a España (o por lo menos haciéndola muy costosa). Si usted cree que estoy equivocado, le pregunto ¿Por qué cree usted que la UE –en cuanto proyecto de un Estados Unidos de Europa– es algo imposible? ¿Por qué cree usted que en UK una mayoría, aunque no sea absoluta, está por salirse de UE?, o dada su formación jurídica ¿Por qué cree usted que la propiedad privada ha sido esencial para nuestra riqueza? ¿Por qué hoy tantos se cuestionan los límites de la privacidad? Sí, la exclusión ha sido y sigue siendo esencial para la convivencia humana.

    Si usted cree que es un problema jurídico, se equivoca. No hay Estado de Derecho cuando el gobierno no puede hacer cumplir la ley, o peor cuando no quiere hacer cumplir la ley. Y bien sabe usted que para querer y poder cumplir la ley se requiere un gobierno legítimo y competente, condiciones necesarias pero nunca suficientes (ojalá supiéramos cuáles podrían ser condiciones suficientes, pero no lo sabemos).

  3. EB dice:

    Isaac, gracias por publicar los dos comentarios. Le recomiendo leer

    https://www.elmundo.es/espana/2019/06/26/5d1267b6fc6c83db048b4751.html

    donde se entrevista a Luis Garicano, muy conocido entre economistas pero ha dedicado a la política. Pobre Luis, cree que sus conocimientos de economía le será útiles para una carrera profesional en política.

    El punto crítico de la entrevista es la disposición de Luis a negociar con Pedrito Sánchez. Me hizo acordar lo leído tiempo después de que sucediera sobre cómo Salvador Allende terminó siendo elegido presidente por el Congreso de Chile luego de la elección popular del 4/9/1970. Dado que Allende había obtenido solo el 36% de los votos, poco más que Jorge Alessandri del Partido Nacional y bastante más que R. Tomic del Partido Democristiano, se requería una elección por el Congreso. Allende necesitaba el apoyo de los democristianos, bloque que estaba dividido entre apoyar a Allende o apoyar a Alessandri (había sido presidente en 1958-1964). Finalmente el bloque democristiano negoció un Acuerdo de Garantías Constitucionales con el bloque socialista y Allende fue elegido presidente. El derrocamiento de Allende en septiembre 1973 fue precedido por denuncias del Partido Demócrata Cristiano sobre el incumplimiento de ese Acuerdo (algo que luego del derrocamiento, Eduardo Frei Montalva –presidente 1964-1970– argumentaría como decisivo para apoyar el derrocamiento). Los democristianos chilenos no aprendieron nada de aquella lección, ni tampoco Luis Garicano.

  4. O'farrill dice:

    Me gustaría resaltar la oportunidad del artículo de Isaac, sobre todo tras haber comprobado cómo los nuevos diputados prestaban ¿juramento? en otra sesión bochornosa para el Estado y se empieza a apuntar a posibles indultos. Como muy dice EB el estado de Derecho parece que ha dejado de existir en España y está siendo sustituido por el estado de las «ocurrencias» donde todo vale para los mismos de siempre mientras al ciudadano se lo sigue persiguiendo por minucias administrativas.
    El independentismo debería haberse cortado en el ámbito oficial (gobierno y parlamento de Cataluña), con simples resoluciones de cese y el artº 155 debiera haberse mantenido al menos durante una legislatura para revertir en lo posible la situación. Los que podían haberlo hecho han pecado de omisión o negligencia con la chapuza de su gestión de la crisis. Pero, como se suele decir, «no hay que llorar sobre la leche derramada», sino aprender de la experiencia. Ya va siendo hora de aplicarlo de nuevo con más intensidad (al fin y al cabo todos sabemos que no ocurre nada perjudicial para la ciudadanía o para la sociedad) y empezar de una vez a reajustar todo el sistema autonómico que se ha ido de las manos. La titularidad competencial es del Estado, otra cosa es la cesión de la gestión de las competencias y la multiplicación de «cargos» y «entes» que sólo sirven para aumentar el clientelismo partidario.
    Si de una vez C,s y el PP no son capaces de salir de la cantinela de los «cordones sanitarios» a Vox /(que al menos en esto tiene las ideas más claras), vamos a comprobar como la desintegración social se extiende a otras autonomías y, la fragmentación final en forma de «federalismo» acaba por llevarse por delante al Estado y a sus instituciones. Hacen falta más canas responsables y menos «postureo yuppi». Con España no se juega. Un saludo.

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