¿QUÉ EDUCACIÓN QUEREMOS?

En cualquier conversación sobre lo mal que está el mundo siempre sale alguien diciendo que, para cambiar de verdad las cosas, la clave es la educación. Y es cierto que esa es una de las herramientas más eficaces para que un Gobierno oriente el desarrollo de una sociedad con visión de largo plazo. Además es uno de esos ámbitos dónde todos tenemos cosas que decir, aunque solo sea por experiencia personal. Por eso, ahora que tenemos al mundo educativo en ascuas por culpa de los recortes presupuestarios, de un controvertido proyecto de ley y de un ministro propenso a provocar polémicas, viene muy a cuento reflexionar sobre qué es y qué debería ser la política educativa.

Para evaluar si una política educativa es, o no, la correcta, habrá que ver si los objetivos son adecuados y si son alcanzables con los medios existentes. Ese proyecto de ley cita básicamente tres. El primero viene a decir que cada persona adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para que pueda “acceder a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”. El segundo que cita es el de facilitar el desarrollo personal de los alumnos. Y el tercero habla de facilitar su integración social. Enunciados así estos objetivos suenan muy razonables. Otra cuestión es cuando se entra en su interpretación y en su aplicación práctica.

Para hacer realidad el primero de ellos necesitaremos crear muchos y buenos investigadores a fin de tener una potente actividad en I+D+i. También hará falta formar muchos emprendedores, capaces de tener buenas ideas, de traducirlas en proyectos viables y de llevarlos a buen fin. Unos y otros habrían de ser la punta de lanza de nuestros avances en materia de competitividad. Será necesario asimismo formar a los escolares para que, en el futuro, sean capaces de reiniciar su vida profesional tantas veces como haga falta y en sectores distintos. Y a estos ejemplos se le podrían agregar otros más.

Pero no hace falta. Con lo que hemos dicho ya uno tiene suficiente como para preguntarse si el sistema educativo que tenemos es, o no, el adecuado. Por ejemplo, los perfiles que hemos citado coinciden en la necesidad de enseñar a dar un enfoque multidisciplinar a los problemas y a sus soluciones, a tener capacidad para integrar múltiples variables, habilidad para buscar los recursos que se necesiten (técnicos, humanos, financieros…), capacidad de organización, confianza en sí mismo, etc., etc. ¿Cuánto de todo esto se enseña en nuestras aulas?

Vayamos ahora al segundo de los objetivos citados: facilitar el desarrollo personal de cada individuo. ¿Qué entienden por “desarrollo personal” nuestras autoridades educativas? El proyecto de ley no dice ni pío. ¿Se estarán refiriendo al desarrollo artístico, al ético-moral… o a otra cosa? ¿Les interesa de verdad este objetivo o lo incluyen solo por que “hay que ponerlo”? Seguramente a los padres les parecerá muy importante, aunque si les preguntásemos qué aspectos deberían configurar este desarrollo personal, quizás sus respuestas fueran bastante divergentes y hasta imprecisas. Algo así como que aprendan a hacer frente a las adversidades, a tener fuerza de voluntad, a pensar y a tener su propio criterio, a ser justos, a ser generosos, alegres, cariñosos y, en la medida de lo posible, a ser felices.

Sorprende que este tema no sea objeto de un apasionado debate público en el que todas las fuerzas vivas con alguna responsabilidad en la educación, empezando por las propias autoridades educativas, tratasen de aclarar en qué debería consistir ese desarrollo personal y cómo progresar en su logro desde un trabajo en las aulas, qué aspectos conciernen a los padres, qué coordinación debería haber entre éstos y los profesores, qué papel debería tener el Gobierno, etc. Un debate de esta naturaleza debería reunir a un amplio espectro de especialistas, desde pedagogos y psicólogos hasta neurólogos, pediatras y biólogos, pasando por filósofos, sociólogos y economistas, además de los padres, para identificar aquellos aspectos en los que el ser humano puede ampliar sus capacidades actuales, así como las formas de conseguirlo.

Respecto al tercero de los objetivos citados, no cabe duda de que una buena integración social es deseable y que depende mucho del trabajo que se haga en la escuela. Lo difícil es ponerse de acuerdo en qué tipo de integración social es la que conviene. Porque una cosa es promover la solidaridad o el respeto a los diferentes, por poner algún ejemplo, y otra muy distinta es el adoctrinamiento y la uniformización ideológica. Cuando vemos cómo se utilizan la Historia o la Lengua para crear un sentimiento de identidad nacional, o la controvertida asignatura de Ciudadanía para imprimir determinados valores políticos o sociales, es difícil no pensar que es por éste motivo, precisamente, por el que los Gobiernos quieren controlar tan de cerca la educación.

Es obvio que cuanto más homogéneos sean los valores en los que cree una sociedad, más fácil será gobernarla. Un rebaño donde cada ovejita esté convencida de que debe hacer lo que hacen las demás es mucho más fácil de pastorear que si cada una tiene sus propias ideas. Claro, pero entonces ¿cómo se compagina esto con lo de fomentar el desarrollo personal? ¿Cómo se compatibiliza incluso con lo de formar investigadores y emprendedores? ¿Se puede formar a la gente para que tenga sus propias ideas, y sea capaz de llevarlas a la práctica, como necesitamos para que nuestra economía sea innovadora y competitiva, si al mismo tiempo se quiere evitar la proliferación de “librepensadores” en el ámbito social y político?

En cuanto se piensa un poco en el alcance de estos objetivos se da uno cuenta de que, salvando las excepciones que siempre hay, nuestro sistema educativo está muy lejos de tener las ideas, los métodos de trabajo en las aulas y los recursos que se necesitarían para alcanzar, de verdad, esos objetivos. No parece que esté clara la línea pedagógica a seguir. Parece que ideas hay muchas, pero sin que hayan llegado a integrarse coherentemente en proyectos educativos a nivel de centro escolar ni hayan sido suficientemente verificadas con la experiencia.

En estas circunstancias, el escenario ideal sería que todos los centros escolares tuvieran la autonomía y los recursos necesarios para que pudiesen investigar, innovar y experimentar las fórmulas pedagógicas que les pareciesen más apropiadas para alcanzar esos objetivos. En ese caso, habría colegios que apostarían por un modelo de enseñanza muy tradicional mientras que otros, en el extremo opuesto, lo harían por modelos muy innovadores y distintos entre sí. De éstos, unos tendrían más éxito que otros pero, con el tiempo, es probable que algunos destacasen por haber desarrollado nuevos enfoques y métodos pedagógicos, especialmente idóneos, cuyos logros harían que se fueran extendiendo al resto de los centros.

Sin embargo, cuando queremos avanzar hacia ese escenario, nos topamos con un modelo educativo muy homogeneizado, al estar dirigido y estrechamente controlado por el Estado –que, en la práctica, se concreta en un reducido grupo de funcionarios del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas, con las típicas interferencias políticas– lo cual hace que su capacidad de innovación pedagógica y de adaptación a las nuevas necesidades sea muy pobre. Es muy difícil, por no decir que imposible, que el sistema evolucione en bloque. Para poder aspirar en serio a esos objetivos habría que “liberalizar”: dar la autonomía necesaria a cada centro educativo para que evolucionase por sí mismo. Así podríamos albergar la esperanza de que, algún día en algunos de ellos, se llegase a concretar con éxito el tipo de educación que necesitamos.

Ahora bien, para ello se requeriría un tipo de autonomía que permitiese a cada centro escolar definir libremente qué contenidos impartir en cada curso, cómo hacerlo, con qué profesores, con qué organización, etc. Naturalmente ello debería venir acompañado por la correspondiente libertad de los padres para elegir el centro que más les gustase. ¿Y cuál debería ser el papel del Estado? Por una parte, financiar la educación para mantener su gratuidad. Pero una cosa es subvencionarla y otra, muy distinta, imponer cómo debe ser el funcionamiento interno de cada centro. El Estado también tiene que asegurar que los títulos obtenidos por los estudiantes garanticen unos determinados conocimientos homologables dentro de la Unión Europea. Para ello, debe establecer los conocimientos a adquirir en determinados ciclos –no en cada curso- y controlar su cumplimiento mediante las pruebas correspondientes.

Este modelo podría aplicarse manteniendo la escuela pública, siempre y cuando se diese el tipo de autonomía a los centros indicado. En este caso, el papel de las autoridades académicas se reduciría a auditar el cumplimiento global del presupuesto asignado, y poco más. Si esto no fuera posible, cabría, entonces, la opción de privatizar los centros y establecer conciertos con ellos; o recurrir al sistema del cheque escolar por el cual los padres reciben la subvención estatal directamente. En todo caso, el debate principal no es, en mi opinión, escuela pública versus escuela privada, sino homogeneización educativa frente a pluralidad y libertad. Y, sobre todo, qué proyectos educativos son los que harán que sean alcanzables los objetivos formulados al comienzo del artículo.

El debate político es qué educación queremos: aquella que nos permita tener el modelo vigente o la que de verdad necesitamos, con los cambios en el modelo que sean pertinentes.