EXÁMENES

Suponiendo que todo le haya ido bien y que no haya repetido ningún curso, un licenciado universitario ha tenido que superar, aproximadamente, entre 600 y 800 exámenes a lo largo de su historia académica. Desde los nueve años, o incluso antes, ha tenido que demostrar periódicamente su cualificación o valía.

En la mayoría de los casos, incluso en las enseñanzas universitarias, aprobar el examen consistió en trasladar datos e informaciones de un soporte a otro (de los apuntes o el libro de texto a los folios del examen) empleando la memoria como recipiente. El mayor o menor éxito de la operación residía en la capacidad de la memoria, el tiempo necesario para llenarla y la mayor o menor habilidad para recuperar lo que habíamos guardado en ella. Terminado el examen, una vez cumplida su función, la memoria se vaciaba para que pudiera almacenar otra cosa.

Así, sin haber leído a Quevedo, fui capaz de enumerar, con éxito, las principales características de la lírica barroca. De forma similar, memorizando y reproduciendo sin llegar del todo a comprender, dejé atrás las ecuaciones, la formulación y las declinaciones latinas.

Imagino que la mayoría de los que hemos pasado por la escuela hemos tenido una experiencia similar; por eso no deja de sorprenderme que le otorguemos tanta credibilidad a este tipo de pruebas, asumiendo que existe una relación directa entre la nota que se obtiene en un examen y la cantidad de conocimientos que se poseen. Y basta un ejemplo: obtener el certificado de aptitud pedagógica y aprobar una oposición no garantiza que se tengan dotes para la docencia, ni siquiera proporciona la certeza de que se domine un temario. Todos conocemos algún ejemplo de una circunstancia o de la otra. Y lo mismo podría decirse de muchas otras profesiones y oficios.

Las pruebas de aptitud o de madurez son un invento antiguo y hubo un tiempo que el superarlas suponía una garantía de que se poseían ciertas habilidades o conocimientos. Esto es lo que sucedía, por ejemplo, en la prueba de habilidad que debía superar todo oficial para alcanzar el grado de maestría; además de pagar las tasas correspondientes y disponer del capital necesario para establecerse por su cuenta. Hoy en día, cuando todo se pretende institucionalizar, aprobar los exámenes necesarios para obtener un título no garantiza en absoluto que se tengan las destrezas que dicho título avala. Al aislar lo aprendido de la realidad en la que debe aplicarse, al resolver situaciones ficticias en vez de problemas auténticos, se fabrican muchos ingenieros de salón y muy pocos mecánicos de élite.

Este es el resultado de parcelar el conocimiento desglosándolo en temas y asignaturas, en piezas prefabricadas cuyo dominio se mide por separado; empleando para ello útiles y unidades de medida normalizadas. Los útiles son los exámenes y las unidades el número de respuestas acertadas. Y este número presuntamente indica la cantidad de saber que se posee, la parcela del currículo que se domina. Ello permite, además, comparar los resultados y colocar a cada cual en su casilla, de forma que todos ocupen el lugar que les corresponde.

Por eso se utilizan tanto, porque es un sistema muy simple que todos entienden y en el que se dispone de pruebas documentales que permiten defenderse, en el caso de que alguien cuestione nuestra valoración. Es un sistema cómodo, que simplifica enormemente la emisión de un juicio, primando su resultado sobre otro tipo de consideraciones, como el empeño y la dedicación puestos en el aprendizaje o el interés o la pertinencia que, para el aprendiz, tenía lo aprendido. Es un sistema que facilita enormemente el funcionamiento de la escuela como institución, en tanto que evita la posible dispersión y, sobre todo, la complejidad a la que conduce respetar el ritmo y el proceso de aprendizaje de cada uno y alimentarlo en consecuencia.

Sin entrar a cuestionar la necesidad o no de los exámenes, lo cierto es que se utilizan en exceso y se utilizan mal, causando más perjuicios que beneficios. Porque no es lo mismo estudiar para aprobar un examen que estudiar para aprender; las intenciones, las actitudes y los métodos empleados son muy distintos en uno y otro caso, y lo que se consigue también.

En la práctica diaria, cada maestro debería reflexionar hasta qué punto necesita hacerlos para constatar el progreso de cada alumno. En muchos casos, los grupos son lo suficientemente reducidos como para que esto no sea necesario y el examen se plantea más para tener una prueba material que justifique una nota ante una posible reclamación que para diagnosticar los saberes adquiridos.

Si hay que hacer exámenes, que sean pocos y estén bien planteados, que no requieran memorización sino aplicación de lo que se sabe; que no sean la única ni la principal forma de juzgar. Es más, si fuera posible, que sea el alumno el que decida cuándo quiere examinarse, cuándo considera que está preparado para demostrar que sabe resolver aquello que le piden.

Esto supondría otra forma de organización, una que rompiera el actual sistema de edades y cursos y permitiera que cada alumno dedicara a cada aprendizaje el tiempo que necesitara. Una organización en la que los expedientes académicos no consistieran en una relación numérica de los supuestos éxitos o fracasos conseguidos en cada asignatura, sino en una descripción de los progresos que se han ido realizando. Y estos progresos, por supuesto, serían distintos para cada persona. Una organización en la que no tuvieran sentido las repeticiones de curso, ya que la meta final, el recorrido para llegar a ella y el tiempo para alcanzarla no estarían prefijados.

Se podría argumentar que, con los criterios y la forma de funcionar actuales, en la que más diversidad supone la contratación de más profesorado y más especialistas para atenderla, esta organización sería carísima, un lujo que un Estado no se podría permitir, tanto por el coste como por el tiempo que habría que emplear para fabricar el mismo número y tipo de titulados. Y es verdad, y lo seguirá siendo mientras que la educación se considere una inversión y la escuela se conciba como una institución que vende un servicio, mientras se considere que tiene el monopolio de planificar y certificar lo que es necesario saber.