¿Cuánto nos cuestan los Presupuestos de Sánchez?

Por desgracia, en nuestra democracia ha sido relativamente frecuente asistir a negociaciones presupuestarias bastante obscenas, en las que un Gobierno sin mayoría absoluta debía mendigar el apoyo de las minorías nacionalistas. Pero lo habitual es que ese mercadeo se mantuviera en los términos de “tú me das tanto para mi Comunidad y yo te voto los presupuestos”.

Nadie había llegado -hasta ahora- tan lejos como este Presidente del Gobierno, que, para mantenerse un tiempo más en la Moncloa, está dispuesto a poner en cuestión el modelo de Estado, la credibilidad internacional de España o lo que haga falta. La aceptación, con cierto disimulo, por parte del presidente Sánchez de la imposición de los partidos separatistas de, nada menos, que un relator para supervisar unas negociaciones bilaterales con el Gobierno central ha sido lamentable, por decirlo suavemente.

Aunque para el Diccionario un relator es el que, en una asamblea, hace relación de los asuntos tratados; en el ámbito internacional de las Naciones Unidas tiene el significado preciso de una persona a la que se le otorga un mandato para que supervise una situación problemática respecto de la protección de los derechos humanos. En el ideario nacionalista, las palabras no son inocuas. Y ya sabemos perfectamente que sus dos obsesiones son, primero, la negociación bilateral en la que aparece, de un lado, el Estado español y, de otro, los representantes de una parte de la sociedad catalana, es decir, los partidos separatistas. Como si fuera una negociación de igual a igual entre dos sujetos de Derecho Internacional Público.

La otra obsesión del separatismo es la internacionalización del conflicto, falseando, con un intolerable descaro, para crear artificialmente la imagen de que España es un Estado fallido en el que no se respetan las garantías y derechos fundamentales.

Con la negociación de presupuestos, el Presidente del Gobierno está dando oxígeno al separatismo en un momento delicadísimo en el que España debe celebrar uno de los juicios más importantes de su historia, lanzando, una vez más, el mensaje de que la justicia está sola en la defensa de la Constitución y de la soberanía nacional.

Y de este modo la consigna separatista, mil veces repetida, va adquiriendo cuerpo en una opinión pública perezosa y poco formada. Desde las instituciones, con el Gobierno a la cabeza, se deberían estar cada día contradiciendo las burdas falsedades de aquel mensaje. Y si no lo hacen ya sabemos lo que ocurre: miente que algo queda.

El ideario nacionalista repite sin pudor que el derecho de autodeterminación de los pueblos es un derecho fundamental y que, por tanto, una Constitución que no lo reconozca es antidemocrática. Sin duda, dos de los referentes entre las democracias más respetadas son probablemente Francia y Alemania. Pues bien, habría que repetir cada día que esas dos democracias no es que no reconozcan el derecho de autodeterminación de una parte frente al todo; sino que expresamente prohíben que se plantee cualquier reforma constitucional que pueda afectar a su modelo de Estado o a su integridad territorial. También convendría repetirnos cada día que ningún país de nuestro entorno reconoce el derecho de una parte del territorio a separarse.

Hay más. El Tribunal Constitucional italiano declaró en 2015 que no era posible una reforma constitucional para permitir un referéndum que pudiera afectar a la indivisibilidad del Estado. El Tribunal Constitucional alemán en 2017 dijo que la Constitución no permitía ni siquiera admitir a trámite peticiones que pudieran romper la unidad territorial. O, en fin, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (que en ese país hace las veces de Tribunal Constitucional) ha rechazado tajantemente el derecho de separación hablando de “una Unión indestructible de Estados indestructibles”.

¿Serán todos estos Estados regímenes antidemocráticos y poco respetuosos con los derechos humanos? ¿No será más bien que los nacionalistas no dejan de engañar, sin que se les esté dando respuesta alguna?

El discurso separatista no se amilana ante estos obstáculos y nos dice que por encima de las Constituciones están los Convenios de Naciones Unidas y que el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificado por España- reconoce que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”. Por tanto, ese derecho podría exigirse por cualquier pueblo por encima de la Constitución que rija el Estado. Es decir, aunque las Constituciones alemana o francesa digan lo que dicen, Baviera o Córcega podrían ejercer su derecho a la libre determinación quebrantando aquellas Constituciones.

Este es un disparate de tal calibre que el Estado español no puede dejar de contestarlo continuamente y con la mayor firmeza. Las Naciones Unidas han repetido que el derecho a la libre determinación no permite la ruptura de Estados soberanos. Así, la resolución 2625 de la ONU señala que el supuesto derecho de autodeterminación no autoriza “a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes (…) dotados de un gobierno que representa a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”. El derecho a la libre determinación solo surge cuando una parte de la población es excluida por razones de raza, etnia o religión de los procesos políticos, y lo hace como un derecho, no a romper la integridad territorial, sino a participar en las elecciones internas mediante las que se forma la voluntad social.

La Corte Internacional de Justicia de la ONU ha señalado que esta resolución 2625 tiene el máximo rango como norma obligatoria universal, aplicable a todos, a diferencia de los Convenios que sólo se aplican a los firmantes.

A pesar de lo expuesto, los nacionalistas nos contestarán con el famoso dictamen de Kosovo de 2010 de la Corte Internacional de Justicia. Pues bien, al margen de la grave crisis humanitaria que se produjo con la ruptura de Yugoslavia -nada que ver con nuestro caso- ese dictamen reiteró que la resolución 2625 era la norma central de Derecho Internacional y dijo lo de siempre: no existe un Derecho Internacional a crear un nuevo Estado, si bien la declaración unilateral de independencia no supone una infracción del Derecho Internacional Público, sino que debe tratarse desde la perspectiva del Derecho Interno. Es decir, dijo lo que es evidente para cualquiera que sepa algo del tema: el Derecho Internacional no se mete en las cuestiones internas de los Estados y, por tanto, nada legisla sobre eventuales declaraciones unilaterales o levantamientos; pero lo que sí deja claro es que nunca puede invocarse una disposición de Derecho Internacional para menoscabar la soberanía de un Estado o su responsabilidad para defender la unidad nacional y la integridad territorial.

En fin, el “monstruo” del separatismo radical ha ido creciendo ante la dejadez de muchos Gobiernos. Pero en estos momentos ha adquirido tal tamaño que o le hacemos frente con decisión o nos vamos preparando para una ruptura traumática que dejara el Brexit en un verdadero juego de niños. Y me temo que, sin una continua presión ciudadana, el Gobierno no va a estar a la altura.