Se dice que para cambiar la realidad un Gobierno tiene, básicamente, dos instrumentos: el presupuesto y las leyes. Del primero se habla mucho pero del segundo no se dice casi nada. Y, aunque no lo parezca, es tan importante o más que el primero.

Por leyes me estoy refiriendo al conjunto de normas de distinto rango que son de obligado cumplimiento. Las de rango superior, las leyes, las aprueba el Parlamento, pero luego están los reales decretos, que solo dependen de la decisión del Gobierno; las órdenes ministeriales, que aprueba cada Ministro, las normas de cada Comunidad Autónoma, etc., etc. Y a todo eso hay que sumarle los Reglamentos de la Unión Europea.

Para hacernos una idea del volumen de producción normativa que eso supone, en los once primeros meses del 2012 se han aprobado ya 37 leyes, más de 1600 Reales Decretos y casi 2600 Órdenes Ministeriales. Además de cerca de 1100 Reglamentos comunitarios. Y este año no está siendo especialmente prolífico.

Naturalmente, este conjunto de normas no afectan a todos los sectores de actividad de la sociedad, sino solo a aquellos a los que expresamente van dirigidas. Así que, probablemente a cada ciudadano le afectará solo una pequeña porción de todo esto. Pero aunque solo fuese el 1% del total: ¡serían más de 50 normas nuevas al año que “caerían” sobre cada uno de nosotros! ¿Alguien se está parando a pensar en serio en las implicaciones que tiene cada una de estas normas antes de aprobarla? Sospecho que, más allá del formalismo, apenas se hace. Y las implicaciones pueden llegar a ser muy serias.Para el ciudadano, sea en su actividad profesional, social o privada, cada norma que se aprueba es, en principio, una nueva regla de funcionamiento a la que debe sujetarse. En teoría, y para empezar, eso le exigiría un esfuerzo por enterarse de qué dice. Pero el problema viene después, porque aunque es verdad que algunas de esas normas le protegen y son bienvenidas, otras, en cambio, restringen sus libertades hasta el punto de que podrían sancionarle por su incumplimiento.

Para una empresa, una nueva norma puede ser positiva si facilita su actividad, pero puede ser negativa si genera más trámites (burocracia), más gastos y más restricciones. Si, además, cambiase sustancialmente las reglas de juego en las que se venía desenvolviendo su actividad, puede incluso obligarla a un replanteamiento a fondo de su estrategia a largo plazo y de su modelo de negocio. En algunos casos, tales cambios fuerzan a muchas empresas al cierre.

Para la propia Administración las consecuencias son mucho más relevantes de lo que se cree. La mayoría de esas normas, al ser de obligado cumplimiento, requerirían que hubiera funcionarios en la Administración competente capacitados para verificar que se aplican correctamente o, si no es así, advertírselo al incumplidor para que tomara las medidas correctoras oportunas y, de no hacerlo, sancionarle. Esa es la lógica que, con carácter general, subyace a la actividad reguladora de la Administración. De hecho, cada vez que se produce una catástrofe o accidente de cualquier tipo, vemos cómo la opinión pública se vuelve hacia la Administración para pedirle cuentas por sus posibles fallos en la labor inspectora, por entender que si esta hubiera sido bien ejercida habría podido prevenir y evitar esa catástrofe. Y no acaba ahí la cosa: a renglón seguido suelen entrar en acción los jueces, llenando el banquillo de imputados.

Si las cosas se hicieran bien y nuestros gobernantes fueran coherentes, cada nueva norma que requiriese una actividad de supervisión de su cumplimiento debería ir acompañada de la correspondiente asignación, a la Administración competente, de los recursos necesarios para ejercer esa supervisión como Dios manda. Y si no fuera posible disponer de esos recursos adicionales, por la austeridad en el gasto público o por el motivo que fuese, y tampoco fuera posible sacarlos de otros sitios de la Administración, habría que renunciar a aprobar esa norma. Así de sencillo.

Esto no es lo que suelen hacer nuestros gobernantes. Da la impresión de que estas “menudencias” no interesan, que casi nadie quiere renunciar a esa ficción política que confunde gobernar con legislar, y que además considera que la responsabilidad de legislar termina cuando la ley ya está publicada en el BOE. Parece que solo interesa esa clase de discurso que mide la cantidad de cosas “hechas” por el número de leyes, reales decretos, etcétera, producidos. Pero a nadie parece importarle cómo va creciendo la bola del fraude a la sociedad, al seguir legislando sin la correspondiente asignación de medios, socavando la capacidad de la Administración para hacer bien su papel, mientras se hace creer a los ciudadanos que todo “está bajo control” y que cada vez tenemos un Estado “más moderno”. Cuando la realidad es que, así, la eficacia de ese Estado se va minando día a día, sin que apenas se note.

Desgraciadamente, esta clase de irresponsabilidad política también está muy instalada en las instituciones de la Unión Europea, que funcionan como una auténtica “máquina” de producir normas y de endosárselas a los países Miembros, sin querer saber nada sobre sus capacidades para aplicarlas. Pero, eso sí, exigiéndoles reducciones del gasto público que limitan aún más esas capacidades.

¿Es cuestión de legislar menos, de tener menos regulación? Cuidado: depende de en qué ámbitos estemos hablando. Hay actividades que, sin duda, deben estar muy bien reguladas. Por ejemplo, el sistema financiero. Estamos en un lío monumental, tanto en España como en Estados Unidos y en muchos otros países, por culpa de una inadecuada regulación y de una supervisión ineficaz. En principio, una buena regulación es necesaria cuando se trata de proteger el interés general frente a los intereses de las grandes empresas. Pero hay muchos otros ejemplos donde se necesita una adecuada regulación, como las actividades en las que se pone en juego la seguridad de las personas o contribuyen a la prevención de catástrofes.

Pero, hechas todas las salvedades que sean pertinentes, no cabe duda de que las normas y las leyes deberían ser las justas y necesarias, ni una más. Y cuantas menos mejor. A fin de cuentas, cada nueva ley que se aprueba constituye, demasiado a menudo, un nuevo corsé para el ciudadano y un paso más para obligarle a ejercitarse en la obediencia, cuando lo que necesitamos para llegar a una democracia madura es que se fomente el ejercicio de la responsabilidad.

Responsabilidad que implicaría que los ciudadanos fuéramos capaces y nos comprometiéramos a organizarnos por nosotros mismos, sin tener que depender, como tantas veces, de que Papá-Estado viniera a decirnos lo que tenemos que hacer.

2 comentarios

2 Respuestas a “CUIDADO CON LA MÁQUINA DE LEGISLAR”

  1. Suleiman dice:

    Diario Nacional 23.12.12:

    “España genera anualmente un millón de páginas de nuevas regulaciones. Los políticos han creado más de 100.000 normas y leyes, de las que 67.000 son autonómicas. Solamente en 2012, el BOE y los diarios oficiales autonómicos aprobarán más de 1,2 millones de páginas de nuevas normativas nuevas en apenas doce meses.”

    Sin comentarios. Saludos

  2. José María Bravo dice:

    El articulo de Bautista me remite a la “Ética de la Responsabilidad” que enunciaba Max Weber. Lo que dice Bautista, es por lo menos lo que me pasa a mí, cuesta percibirlo en su gran dimensión. Las palabras no solo son lo que pronuncian sino su intencionalidad.

    Al referirnos al problema legal y luego a la legitimidad nos lleva al problema de la responsabilidad. Es consciente el ciudadano, de esa responsabilidad, al no ser participe de esa “maquina de legislar”?. Bueno esto es, evidentemente, una simplificación del asunto. Pero, es que la frase final del articulo de Bautista “me lleva” a interpretar que el problema es que los ciudadanos nos evadimos de la responsabilidad y se la damos al “Papa Estado”.

    Es claro, porque conoce uno al Bautista de otros artículos, que no va por ahí. Pero el discurso salta un paso difícil de superar: el conocimiento de la realidad. Un ejemplo sencillo , la UE impone que no se puede fumar en los locales comerciales y pasan varias cosas: se sigue vendiendo tabaco en esos mismo locales, merma la afluencia de consumidores en los locales porque no se puede fumar dentro, se implementa el uso de terrazas y se crean nuevos impuestos o tasas a los comerciantes que repercuten en el consumidor final. Para este caso cual sería la solución “responsable” ?. Que el ciudadano dejará de fumar?. Que dejará de consumir? Que hubiera menos bares?. El “Papa Estado” lo que hace es prohibir fumar en los locales, obligar al propietario del local cumplir la norma, hacer pagar al fumador una multa si transgrede la norma y al propietario si no lo denuncia. Y, por ultimo gravar de más impuestos al pequeño empresario si quiere sobrevivir ampliando, su marco de acción, con una terraza al aire libre. El “Papa Estado” es el que evade su responsabilidad castigando a su “hijos”.

    Y así en todo. En la Educación, en la Sanidad, en la Justicia, etc. Es que no estamos es una sociedad primitiva sin “pecado original”. Estamos en un Sistema “pecaminoso”, valga la ridiculez. Y, si es cierto Bautista, debemos ser conscientes para ser responsables.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies