Lobbies, funcionarios y oposiciones

Se está debatiendo en el Congreso una reforma de su reglamento interno para regular por primera vez las relaciones de los diputados con los lobbies o grupos de interés. No cabe duda de que es una regulación necesaria dada la influencia que a menudo ejercen estos grupos en la actividad legislativa. Pero, en mi opinión, no está bien identificado el problema que de verdad hay que resolver.

Se suele creer que la única razón de ser de los lobistas es la de influir en la redacción de las leyes para proteger sus propios intereses. Sin embargo, siendo cierta esa visión en muchos casos, hay situaciones en que, por el contrario, es necesaria la intervención de estos grupos de interés en aras del bien común.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las leyes suelen ser de contenido muy técnico, el mayor peso en su elaboración no lo llevan los diputados ni los asesores políticos de los ministros competentes, sino los funcionarios de sus ministerios. Los diputados intervienen cuando los proyectos de ley llegan al Congreso para ser sometidos al debate parlamentario y a su posterior aprobación. Y aunque, en general, introducen pocos cambios, es cierto que estos suelen ser significativos para determinadas empresas, grupos sociales, intereses geográficos, electorales, etc. 

En todo caso, una regulación como la que se está debatiendo en la que se obligue a publicar las conversaciones, asuntos tratados y documentos intercambiados con los lobistas es un paso importante que nos acerca a lo que es una práctica común en otros países. Ahora bien, no sería coherente que esta regulación se limitase a los diputados y no incluyese a los funcionarios que elaboran las leyes.

Las normas legales que son competencia nacional, y no europea, suelen iniciarse porque en el ministerio competente los servicios técnicos ven la necesidad de regular algunos aspectos de la actividad del sector bajo su tutela. Normalmente sucede que, luego, surgen muchas más cuestiones de las inicialmente previstas. Y lo que suele ponerse de manifiesto es que, por muy buenos profesionales que sean y por mucho tiempo que lleven en sus puestos, en general los funcionarios carecen del suficiente conocimiento sobre las actividades de las empresas privadas (o públicas) que se pretenden regular como para garantizar que la norma que se va a aprobar no provoque problemas graves e imprevistos.

(…) es necesario que, más allá de las exigencias formales de los trámites de audiencia, los funcionarios implicados tengan suficiente contacto con las empresas que se van a ver afectadas, para asegurarse de que éstas entienden bien lo que se pretende con la nueva norma y aquellos entienden bien sus posibles consecuencias.

En el procedimiento administrativo está establecido por ley que todos los proyectos normativos de la Administración (y, en definitiva, del Gobierno) tienen que haber dado la oportunidad a todas las organizaciones empresariales y sociales afectadas de conocer su contenido, exponer sus alegaciones y recibir las valoraciones del órgano administrativo sobre esas alegaciones, en lo que se conoce como trámite de audiencia. Por tanto, un cierto intercambio de información y puntos de vista está garantizado. Pero, a menudo no es suficiente. De hecho, en este aspecto estamos lejos de la profundidad y rigor con el que habitualmente la Comisión Europea analiza la situación de un sector antes de regular aspectos de su actividad.

Para evitar errores importantes en la normativa a aprobar es necesario que, más allá de las exigencias formales de los trámites de audiencia, los funcionarios implicados tengan suficiente contacto con las empresas que se van a ver afectadas, para asegurarse de que éstas entienden bien lo que se pretende con la nueva norma y aquellos entienden bien sus posibles consecuencias. Obviamente, en este contexto, las empresas aprovechan en muchas ocasiones para intentar proteger sus propios intereses, en una típica labor de lobby.

Es importante destacar que la necesidad de esa relación deriva, principalmente, del insuficiente conocimiento que tienen los funcionarios públicos de las actividades de las empresas y sectores que ellos deben regular. Naturalmente, gran parte de ese problema desaparecería si la Administración Pública pudiera disponer en sus plantillas de numerosas personas que hubieran estado trabajando antes durante muchos años en empresas de los sectores que han de regularse, porque entonces nadie tendría que explicarles los aspectos clave del funcionamiento de esos sectores.

(…) gran parte de ese problema desaparecería si la Administración Pública pudiera disponer en sus plantillas de numerosas personas que hubieran estado trabajando antes durante muchos años en empresas de los sectores que han de regularse (…).

¿Por qué, entonces, la Administración no contrata a personas que tengan los perfiles que le interesan en términos de conocimientos y experiencia profesional? Esto está estrechamente relacionado con las limitaciones que tiene el sistema actual de selección e ingreso a la Administración Pública mediante las famosas oposiciones. Asunto que también está ahora en el debate político por la intención del Gobierno de modificarlo.

El asunto es controvertido, porque es cierto que el modelo de oposiciones vigente, con ejercicios básicamente memorísticos, garantiza bastante bien la objetividad, la imparcialidad y, en cierta medida, la igualdad de oportunidades. Pero, tiene dos inconvenientes importantes, además de otros que no voy a abordar.

Por una parte, al requerir el aprendizaje memorístico de extensos temarios, obliga a que los candidatos se dediquen exclusivamente a prepararlos durante varios años, imposibilitando que quienes estén trabajando puedan compaginarlo con su dedicación laboral y, por tanto, impide a la Administración reclutar a personas con un conocimiento y una experiencia profesional que le sería de enorme utilidad. En su lugar, selecciona a personas que, en su gran mayoría, acaban de salir de la universidad y apenas tienen experiencia laboral. Es decir, este sistema cierra el paso a muchas personas que podrían aportar un gran valor añadido a la Administración en su relación con los distintos sectores de actividad.

Por otra parte, las oposiciones están diseñadas para ingresar en los cuerpos de funcionarios existentes y, en muchos casos, se necesitan personas cuyo perfil de conocimientos y experiencias se corresponderían con cuerpos que no existen, con lo cual se quedan sin opción de entrar.

Cuando se habla de la Administración Pública se suele olvidar que está integrada por multitud de organismos técnicos de la más variada tipología, y se les mete a todos ellos en un saco común, cuando es mucho más lo que les distingue que lo que les une. Apenas tienen en común los técnicos que requiere, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional, la Agencia Estatal de Meteorología, la Dirección General de Carreteras, Protección Civil o la Agencia Tributaria. Y, sin embargo, el sistema de selección es muy similar en todos ellos.

Seguramente el sistema actual de oposiciones es el apropiado para determinados tipos de profesionales que requiere la Administración, pero no lo es en absoluto para otros.

Lo que planteo es que la Administración debería diseñar diversos sistemas de selección en los que, además de cumplir con los requisitos de objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades, se tuviera en cuenta el tipo de conocimientos y experiencias prácticas que les conviene incorporar a sus diversos organismos, para que estos puedan ejercer de la mejor manera las funciones que tienen encomendadas, sean de regulación o de cualquier otro tipo, sin tener que depender tanto como ahora del conocimiento que les aportan las relaciones con las empresas y sus lobbies.

Un comentario

Una respuesta para “Lobbies, funcionarios y oposiciones”

  1. O'farrill dice:

    De entrada, en un sistema político democrático de verdad, la única presión legislativa viene de la representación política de los ciudadanos (otra cosa es que está adulterada).
    El artículo sigue la senda que planteaba Enrique hace unos días sobre Función Pública y sus necesidades o responsabilidades. Mientras todo el sistema de gestión pública no sea sometido a un análisis riguroso en cuanto a su extensión, pretensiones y efectividad de cara a los ciudadanos, nos limitamos a ir al rebufo de acontecimientos que enmarañan aún más nuestro sistema jurídico-administrativo.
    El sistema de grupos de presión sobre los gobiernos tiene una larga historia. En la realidad sólo presionan los que tienen medios para ello, y… ¿quien los tiene? Los que forman el verdadero poder e incluso pueden derribar gobiernos. Ese es el «lobby» más importante puesto que alcanza con sus redes a gran parte de los países del mundo (sobre todo occidentales) y a todas las agencias y organismos supranacionales.
    Luego están los que se mueven sólo en ámbitos más restringidos, cuyo poder de presión está directamente relacionado con su poder económico y sus intereses particulares. Los que tienen línea directa con los «legisladores» y los que tienen que pasar por el «fielato» de los conseguidores (una figura que se asentó con el primer gobierno del PSOE y sus vías de financiación del partido, generalizadas más adelante). La «bodeguilla» y luego la «beatiful people» eran la nueva corte del poder.
    Están los que se apoyan en organizaciones subvencionadas (por tanto parciales) con rimbombantes nombres que dejan caer sus teorías supuestamente científicas, para influir en cuestiones que redundan en sus intereses particulares, capaces de decir una cosa y la contraria según quien pague. Y… ¿de quien dependen? Pues eso.
    Las AA.PP. españolas como en general las europeas, se fueron formando con grandes profesionales que unían a sus conocimientos, experiencia personal y capacidad de gestión. Los cuerpos del Estado garantizaban los servicios públicos y sus funcionarios tenían a gala su ejercicio. Llegaron otros tiempos en que el listón bajó considerablemente y a la Función Pública llegó de todo, entre ello mucha ignorancia del significado del concepto «público». Y, claro está, eran necesarios los asesores o supuestos «expertos» cuya eficacia vamos conociendo, que a su vez, son «pan comido» para los «lobbys.
    El día que recuperemos esa función pública estructurada en función de necesidades reales de los ciudadanos, los controles internos e independientes de gestión y la objetividad no ideológica o parcial de las instituciones, quizás sobren esos grupos de presión que, de una forma u otra, siempre atenderán sus intereses particulares por encima de los generales.
    Un saludo.

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