¿Quién defiende a la justicia?

Nos encontramos a pocos meses del juicio más relevante y delicado al que se haya enfrentado nuestra democracia: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es decir, la élite de los magistrados penales, debe juzgar a un buen número de políticos catalanes por el delito más grave contra la Constitución: rebelión.

La particularidad, que hace si cabe más complicado el proceso, es que los políticos enjuiciados pertenecen a los mismos partidos que hoy gobiernan en Cataluña y manejan, en esa autonomía, los dineros públicos, los medios de comunicación, la educación, la policía autonómica y un largo etcétera de competencias, que hacen de Cataluña una de las regiones más descentralizadas del mundo.

Pues bien, a las puertas de un juicio de tal calibre, se está desatando el ataque más brutal que recuerde contra los jueces y, en particular, contra el Tribunal Supremo. Como a nadie puede sorprender, encabezan la lapidación los líderes de los partidos políticos catalanes cuyos camaradas van a ser enjuiciados y, para ello, utilizan todo el poder que les da el control de los medios de comunicación catalanes, pero también la presión que pueden ejercer sobre el Gobierno con menos apoyo parlamentario de la democracia, que dejaría de respirar sin el boca a boca de los nacionalistas.

Lamentablemente, al acoso y derribo se ha unido un partido nacional con vocación de gobierno, como Podemos; no tengo claro con qué interés, salvo el de demoler el sistema constitucional creado en una Transición de la que reniega. Pero más grave aún es la actuación del Gobierno de la nación, que, por sus ambigüedades y su inacción, está dando alas a esos ataques contra la Justicia.

Los “argumentos” que vociferan los partidos nacionalistas no aguantan una mínima crítica, aunque me temo que hace tiempo que en este país interesa poco el debate inteligente, que ha sido suplantado por el titular pegadizo (tenga o no sustento).

Lo primero que nos cuentan es que España no es un país democrático y la justicia lo es menos. Y para justificarlo nos dicen: vean cómo la justicia española ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no haber respetado el derecho a un proceso justo de Otegui. ¡Qué mejor prueba de que no es democrática ni respetuosa con los derechos humanos!

Esta crítica general a la justicia española sobre la base de una sola sentencia del TEDH es sencillamente un desvarío. Vayamos a los datos. Basta consultar las estadísticas oficiales de ese Tribunal para ver que España en 2017 fue de los países firmantes del Convenio que menos condenas recibió, únicamente 5, frente a las, por ejemplo, 28 de Italia, 36 de Grecia (donde por cierto gobierna un partido afín a Podemos), 16 de Austria, 7 de Alemania o 6 de Francia. Y ¡oh sorpresa! un país con mucha menos población que el nuestro y que pretende dar lecciones de democracia, como Bélgica, también tuvo más condenas -7- en 2017 que nosotros. Pero es que, si nos vamos a las estadísticas generales de todos los años de funcionamiento del TEDH, el resultado es el mismo: España es uno de los países con menos condenas del Tribunal.

Es decir, a poco que rasquemos, resulta que es lo contrario a lo que no dejan de repetirnos a gritos: la justicia española es de las más respetuosas con los derechos fundamentales y, por tanto, de las más democráticas. O por lo menos está al mismo nivel que la justicia de cualquiera de los países colocados en la vanguardia de la protección de los derechos.

El segundo ariete que se está utilizando para derribar la credibilidad de la justicia es la llamada sentencia de las hipotecas. Lo primero que hay que señalar es que esta es una cuestión de gran complejidad jurídica que cuesta resumir en unas líneas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala III) del Tribunal Supremo tenía un criterio bien asentado según el cual, en los préstamos con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados debía ser el prestatario y no la entidad prestamista. Y este criterio se basaba en que el artículo 68 del Reglamento atribuye ese carácter al “prestatario”. Esa Sala III está dividida en Secciones que se reparten la carga de trabajo. Pues bien, la Sección Segunda de esa Sala, en la Sentencia 1505/2018, decidió cambiar un criterio jurisprudencial de años para decirnos que el Reglamento se había excedido en su función de desarrollo de la Ley y que era contrario a esta. Lo cierto es que la Ley no decía claramente quién era el sujeto pasivo de un acto complejo como el préstamo con garantía hipotecaria en el que se combinan dos negocios: el préstamo y el derecho real de hipoteca.

Por tanto, la primera responsabilidad, señores parlamentarios, es suya. ¿Sería mucho pedir que se hicieran normas de mayor claridad y calidad que evitaran, en la medida de lo posible, complejos debates interpretativos?

En cuanto al Tribunal Supremo, es cierto que la Sección Segunda no debió cambiar un criterio tan asentado sin dar ocasión de pronunciarse al Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Pero resulta evidente que sólo desde el más absoluto absurdo se puede pretender fundar en esa disfunción una enmienda a la totalidad al poder judicial en España.

En cualquier caso, la más dolorosa puñalada es la que viene directamente del Gobierno de la nación. Fue lamentable ver este verano cómo el Ministerio de Justicia pretendió dejar a los pies de los caballos a todo un magistrado del Tribunal Supremo, instructor de la causa penal con la que empieza este post, cuando fue demandado por Puigdemont ante la justicia belga. Sólo la filtración de dos informes de la abogacía del Estado hizo recular al Gobierno. Vemos cómo tampoco hay ninguna reacción gubernamental ante el acoso que está sufriendo el juez Llarena y su familia en Cataluña. Tampoco hay apoyo alguno a los cientos de jueces, fiscales y abogados del Estado que tratan de ejercer sus funciones en ese territorio, con presiones intolerables en cualquier Estado de Derecho. Las peticiones de traslados de esos funcionarios a otras regiones están siendo abrumadoras, con lo que los separatistas están consiguiendo de facto borrar al Estado de Cataluña y llevar a cabo una verdadera limpieza ideológica de los que no comulgan con el credo nacionalista.

Y, si el Gobierno no está dispuesto a hacerlo, ¿quién defiende al poder judicial? En los sistemas democráticos, los jueces son la boca de la ley y sólo deben hablar a través de sus resoluciones, no pueden ni deben defenderse entrando en un debate público. La independencia y la tranquilidad del poder judicial en el ejercicio de sus funciones deben venir garantizadas por su órgano de gobierno, esto es, en nuestra Constitución, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es decir, ese mismo órgano en el que obscenamente los partidos políticos ya se han puesto de acuerdo en quién será su Presidente y sus miembros; lo cual resulta sencillamente mágico, ya que son los 20 miembros “independientes” del Consejo –una vez nombrados- los que, en su sesión constitutiva, deben elegir al Presidente. ¿Realmente creemos que un CGPJ pelele de los partidos puede defender a alguien?

En estos momentos hay pocas cosas más urgentes que volver a un Consejo General del Poder Judicial verdaderamente independiente.

4 comentarios

4 Respuestas a “¿Quién defiende a la justicia?”

  1. O'farrill dice:

    La Justicia como tal no necesita defensa. Permanece ahí, a la espera de que pueda ser una realidad. En cambio el Derecho, que es una herramienta de la Justicia, parece que hace aguas por todas partes. Está sufriendo sus muchas contradicciones y su exceso regulatorio. El ordenamiento jurídico del estado, es la asignatura pendiente. No es de extrañar pues que esté siendo señalado como uno de los problemas más acuciantes a que se enfrenta el Estado. Empezando por la propia Constitución en la que ya hemos señalado sus muchas deficiencias y siguiendo por los llamados “estatutos autonómicos” y las leyes que los desarrollan. De igual forma habría que revisar la “jurisprudencia” y entenderla como una interpretación ocasional de las leyes, realizada ocasionalmente por magistrados que, en muchos casos, están más o menos cerca de las puertas giratorias.
    En cuanto al juicio que se avecina, hemos visto cómo arrecian las “opiniones” sobre el supuesto delito de “rebelión”. Cómo se están enviando mensajes a quienes corresponda desde la política o el gobierno, en forma de comentarios supuestamente intrascendentes.
    Como el tema de Cataluña ya parece que ha quedado enquistado, voy a proponer una visión diferente del mismo, que quizás suene a ciencia- ficción, pero podría ser la forma de desatascar el problema.
    Para ello bastaría con que todos aquellos catalanes que no se sientan “españoles” puedan renunciar a su nacionalidad como tales, en forma individual y por escrito, devolviendo los documentos que la acrediten. Empezando por todos los cargos públicos que cobran y viven (muy bien por cierto) de un estado al que detestan y siguiendo por todos aquellos empleados públicos y miembros de organizaciones separatistas que cobran del Estado Español o simples ciudadanos. Esto lleva aparejado la renuncia a los servicios públicos del Estado Español en ese territorio por quienes prefieren “su” república que, en todo caso, dejaría de financiarse con dinero español. Tanto los recursos como los medios, incluso el territorio, seguirían siendo españoles y la renuncia los incluiría. Eso daría una idea más clara de la realidad catalana. La Generalitat seguiría siendo la representación del Estado en Cataluña, desapareciendo de ella quienes no lo entienden así (cargos públicos y parlamentarios inclusive).
    Ello demostraría la coherencia de sus ideas y les permitiría seguir trabajando por ellas desde el espacio civil. Podrían por fin declarar “su” república independiente que atendería sus necesidades y el resto de catalanes españoles seguirían su vida tranquilamente sin confrontaciones ni enfrentamientos sociales.
    Quizás el autor del artículo pueda indicarnos si existe la posibilidad de pedir la condición de “apátrida” y si ésta sería equivalente a la de “residente”. Hace años me suena que un ilustre escritor español se planteó tal posibilidad pero no sé cómo acabó.
    Un saludo.

  2. pasmao dice:

    Efectivamente Don Isaac

    ¿Pero que pasó con el 11M?

    Por precisar mas, con la instrucción y el juicio del 11M.

    Porque a estas alturas del partido no es posible creerse que la instrucción y la sentencia, la llamada verdad oficial, guarden alguna coherencia con el sentido común.

    No se entiende que pasó, y por qué, con las pruebas que desaparecieron (por toneladas) y con las que aparecieron.

    Ya venía tocada de antes, pero desde “eso”, y teniendo el peso que tuvo (y que continua teniendo) ese atentado; en mi opinión mayor incluso que el Golpe de Estado en Cataluña (y de rebote en toda España). Por qué el cómo se enterró lo que pasó ese terrible día y de cómo se aprovecharon las mentiras asociadas unos cuantos muy poderosos tomaron nota para que se hiciera parecido en el futuro.

    Un muy cordial saludo

    PS Por suerte Marchena ha renunciado a presidir el CGPJ, demuestra no sólo integridad si no inteligencia. Pero si lo hubiera hecho unos días antes a la Justicia le habría ido mejor.

  3. O'farrill dice:

    Acabo de enterarme de la renuncia del nuevo presidente del CGPJ. Aplaudo la decisión que demuestra que, cuando se quiere, se puede y que la ética no está perdida del todo, aunque a veces lo parezca.
    En cambio echo de menos que el autor de los “whattsApp” pueda seguir en su puesto al frente del grupo parlamentario popular en el Senado. Es más, no sé cómo puede ser tan torpe un político, como para explicitar su idea personal de la “separación de poderes” a través del “jueguecito tecnológico”, propio de la “política infantilizada” que vivimos. Más todavía cuando aún está por aclarar lo de los “papeles” de Bárcenas.
    La Justicia es ajena a todo ese “cambalache” político al que asistimos (ya sin sorprendernos) cada día. Otra cosa puede ser algunos que dicen representarla. Cuando la herramienta se ha hecho más importante que el objetivo de su uso, algo está fallando estrepitosamente.
    ¿Estamos antes una campaña de desprestigio del poder jurisdiccional, ahora que los demás poderes se están yendo por el desagüe?
    Creo que hace falta reescribir nuestra historia última (del régimen de la Transición) desde los cimientos sobre los que se construyó, pero nos faltará coraje para ello y debemos contentarnos con las pequeñas dosis de verdad que vamos descubriendo. En muchos aspectos somos un alarde de resignación manipulada. “Nosotros, los robots” es el título de una exposición sobre estos artefactos, que los verdaderos “robots” visitan a diario.
    Un saludo.

  4. EB dice:

    Isaac, la respuesta a su pregunta es muy simple. Pocos, muy pocos han defendido y defenderán la Justicia, sea entendida como un valor social, sea como órgano estatal encargado de aplicar la ley. Entre esos pocos ha habido y hay muy pocos abogados –sí, esos que por formación y práctica profesional se llenan la boca de Justicia pero que no dudan en venderla por un plato de lentejas. No me extraña porque la vigencia efectiva de las normas jurídicas dependen de la judicatura, órgano que en manera alguna es independiente del poder del gobernante de turno. Podemos seguir ilusionandonos con la posibilidad de una judicatura menos dependiente, pero jamás será totalmente independiente.

    Entre todos las judicaturas vigentes en los estados-nación, y por mucha que le duela a la intelectualidad falsa de Europa, quizás la única con una pretensión de “poca dependencia” es la de EEUU. Pero ese poco no es tan poco y a veces queda bien claro lo muy dependiente que es. Le recomiendo leer este artículo

    https://www.nationalreview.com/2018/12/robert-mueller-plan-trump-russia-investigation-report-not-case/

    recién publicado. Le servirá para recordar y recordarle a otros lo que es un proceso criminal y lo que puede ser cuando se usa para fines políticos. Y más importante cómo en EEUU, sí ese EEUU que los intelectuales falsos denuncian para cubrir su profunda podredumbre, un presidente puede ser el objetivo de un proceso aparentemente criminal pero que es parte del circo político, ese circo romano en que hacer y decir cualquier cosa vale para destruir a los enemigos. Se lo recomiendo porque supongo que usted, como todos los españoles, no puede informarse a través de los medios españoles de lo que está ocurriendo en EEUU. Y no me refiero solo a El País –instrumento servil de los políticos más podridos de España– porque otros también están al servicio de políticos.

    Si quiere seguir la larga historia de la investigación de Mueller sobre la colusión Trump-Rusia, le recomiendo leer los muchos artículos de Andrew McCarthy desde antes que empezar esa investigación.

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