FORMACIÓN PROFESIONAL

El salario de un buen soldador puede llegar a doblar el de muchos titulados universitarios. Y lo mismo podría decirse de otros perfiles técnicos, como fresador con control numérico, electromecánico o técnico de mantenimiento. A pesar de ello, cuando concluyen sus estudios obligatorios muchos jóvenes optan por el Bachillerato y no por la Formación Profesional de Grado Medio; y el mismo patrón se repite cuando se trata de elegir entre la Formación Profesional de Grado Superior o la Universidad.

Esta decisión se toma en parte por desconocimiento pero, también, por la poca consideración social que tienen los oficios, cuando se comparan con otras actividades que, al parecer, precisan más de la cabeza y requieren menos del uso de las manos. Como si un buen mecánico no tuviera que pensar o un maestro no tuviera que mancharse. Y, puestos a comparar, sería difícil decidir, en algunas de las situaciones con las que se tienen que enfrentar, cuál de los dos pensamientos estaba siendo más complejo.

Incluso entre los estudios profesionales, se demandan más aquellos que forman en actividades de bata blanca que los que preparan para ocupaciones de mono azul. Y nos encontramos con la paradoja de que las empresas tienen más dificultad para encontrar instaladores industriales o expertos en fabricación mecánica que para seleccionar informáticos o personal sanitario.

Al parecer, en el sentir colectivo todavía queda un residuo de la mentalidad y los comportamientos del hidalgo, de ese noble empobrecido que consideraba indigno el trabajo manual y prefería la carrera de las armas, del clero o de la burocracia de palacio antes que dedicarse al comercio, la artesanía o cualquier actividad propia de moriscos, judíos o plebeyos.

También es una consecuencia de la ideología adquirida en la escuela, que siempre ha favorecido a las clases dominantes y en la que quedan todavía inercias de aquellos tiempos en los que llegar lo más lejos posible en la carrera académica suponía estar más alejado de las clases trabajadoras. Y cuando lo que se aprende en la escuela es más práctico que teórico se habla de profesión, en vez de hacerlo de oficio, queriendo indicar con ello que se dispone de algún tipo de formación teórica y de un título que lo acredita.

Y esta disociación entre lo intelectual y lo manual, que otorga prioridad a lo primero sobre lo segundo, todavía se refleja en las leyes educativas; en las que, a partir de cierta edad, las enseñanzas se separan en académicas y aplicadas. Se establece con ello una división artificial entre la enseñanza teórica y abstracta y la enseñanza práctica, dando a entender que el desarrollo de la inteligencia (una de ellas) es totalmente independiente de la actividad productiva y que el trabajo embrutece o, como poco, obstaculiza el desarrollo intelectual.

El caso es que, por los motivos que sean, la tasa de universitarios españoles es superior a la media de la Unión Europea, pero el número de titulados en Formación Profesional apenas alcanza la mitad. Como consecuencia, casi un tercio de los españoles con trabajo lo están desempeñando en empleos para los que están sobrecualificados, es decir, que están por debajo de sus posibilidades académicas. A esto hay que añadir que tres de los cinco millones de parados apenas cuentan con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o con algún tipo de certificado profesional básico.

Todas estas cifras y otras similares suelen manejarse en todos los discursos electoralistas que versan sobre educación, así como en las propuestas de leyes que se derivan de ellos, en los que la formación profesional ocupa un lugar central. Sin embargo, tanto los discursos como las leyes se contradicen con los hechos que después los acompañan, y todo se queda en palabras y letra muerta sobre un papel.

Por ejemplo, después de intentar convencer a los alumnos y sus familias sobre las bondades y beneficios de la FP, resulta que 40000 alumnos se quedan sin plaza cada año para cursar un Ciclo Medio de Formación Profesional. Bien porque en el lugar donde viven no se ofertan las enseñanzas que demandan, bien porque el número de plazas ofertadas es menor que las requeridas; lo que determina, por ejemplo, que quien quería formarse como Técnico en Soldadura y Calderería se tenga que conformar con ser admitido en un Ciclo Formativo de Pastelería y Panadería.

Como es habitual en el discurso político, se manejan verdades a medias o mentiras descaradas y se hacen promesas que se sabe a ciencia cierta que no se van a cumplir. Forma parte del mismo mensaje en el que aparecen el bilingüismo o el uso de las TIC. Unas consignas inmediatas y populistas que dejan de aplicarse cuando han cumplido su función: convencer a la opinión pública y recolectar los correspondientes votos.

Y uno de los temas recurrentes es el de la Formación Profesional Dual, presentada como panacea que permite arreglar los problemas laborales de cualquier país, y que consiste en combinar el estudio en las aulas con el trabajo remunerado en las empresas. Es el sistema de formación mayoritario en Alemania, en donde los empresarios publican ofertas de formación en sus empresas y eligen los estudiantes que consideran más adecuados después de un proceso de selección. Durante el periodo de formación los estudiantes reciben un salario y las empresas están obligadas a cubrir las cuotas de seguridad social, desempleo y jubilación de sus aprendices. Al finalizar el periodo de aprendizaje, es bastante habitual que estos aprendices sean contratados por las empresas que los formaron. Parece una estrategia mucho más lógica e inteligente que seleccionar entre personal supuestamente formado en una institución externa, pero desconocido. Aunque esta formación le suponga un gasto importante a la empresa, que no lo considera como tal sino como una inversión.

Para que este modelo fuera posible en nuestro país, lo primero que se necesitaría es que hubiera empresas suficientes para acoger a todos los alumnos que lo demandaran, dando por supuesto que dichas empresas estuvieran dispuestas a formarlos y a pagar por hacerlo, considerando que esto suponía un beneficio para ellas y no una molestia.

Pero el tejido industrial de este país es escaso y proliferan más las pequeñas empresas, los trabajadores autónomos y los negocios familiares. Apenas un 1% de las empresas españolas tienen más de 50 empleados. Pocas de ellas tienen la posibilidad de ampliar su plantilla o están en condiciones de asumir el coste que les supondría la formación de cada alumno. Incluso con el sistema actual, en el que la formación teórica se completa con un periodo de formación práctica en centros de trabajo, donde los alumnos no cobran, hay bastantes dificultades para encontrar empresas en las que realizar las prácticas.

Aunque, en la futura implantación de la LOMCE, hay una contradicción mayor: por un lado se pretende hacer una reforma educativa de bajo coste y por otro se quiere impulsar a la Formación Profesional. Y esto supone dinero, ya que una plaza escolar de Formación Profesional es considerablemente más cara que una plaza de bachillerato y supone un gasto por alumno que varía entre 8000 y 9500 euros anuales, dependiendo de la titulación de que se trate, mientras que el coste de un alumno de bachillerato se sitúa en torno a los 5500 euros.

Posiblemente se pretende que, además de las Comunidades Autónomas, sean las empresas y los propios aprendices los que soporten el gasto. Y ya hay indicios que lo sugieren. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han firmado algunos convenios de colaboración con empresas para formar alumnos en la modalidad dual; aunque el salario que reciben es más reducido que el de los aprendices alemanes y la Administración bonifica las cotizaciones empresariales. Pero, al mismo tiempo, y manejando el argumento de la futura implantación del modelo dual, se van a retirar los conciertos educativos con centros privados, de gran tradición y prestigio en las enseñanzas profesionales, que ofertaban Ciclos Formativos de Grado Superior. Estos ciclos, cuya demanda no se cubría con la oferta pública, ¿quién los va a asumir?

Resumiendo: la futura ley de educación ni siquiera es coherente con su principal objetivo declarado, que consiste en «mejorar el nivel educativo de los ciudadanos para abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor». Tampoco ofrece una respuesta satisfactoria para conseguir que los futuros reponedores, mensajeros, camareros, telefonistas, empleados del hogar, y tantos otros puestos de trabajo que sostienen un país, reciban una formación lo suficientemente sólida y flexible que mantenga la tensión y les permita continuar con su aprendizaje cuando lo precisen o lo estimen oportuno. Y, sobre todo, que consiga que la experiencia escolar no les haga percibirse a si mismos como los apartados del sistema. Pero este es otro tema, que se tratará en un próximo artículo.