Una de las pocas reglas de oro del derecho presupuestario dice que la administración no puede adquirir un compromiso de gasto sin que exista el correspondiente crédito presupuestario. Todo acto o contrato que celebren las administraciones sin esa cobertura es nulo. Además la infracción de esa regla de oro solía hacer caer sobre el funcionario infractor las penas del infierno.

El Consejo de Ministros de 24 de febrero aprobó el Decreto Ley 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Bajo este largo y aburrido nombre se viene a reconocer que los ayuntamientos tienen una cantidad ingente (se habla de entre 30.000 y 50.000 millones de euros) de deudas pendientes de pago por contratos celebrados, sin contabilizar y sin que existiera partida presupuestaria suficiente para soportarlas.

Esta enorme deuda asfixiaba a las empresas proveedoras, muchas de las cuales tenían como cliente exclusivo a la administración. Pero la deuda no podía ni reconocerse ni pagarse por haberse contraído fuera del presupuesto. Es decir, las facturas estaban en un cajón y el proveedor en un quejido sin respuesta. El Gobierno, ante esta situación, ha optado por exigir que las facturas salgan a la luz, que se reconozcan las deudas y, al tiempo, por eximir de responsabilidad a los funcionarios que cometan esa infracción de la regla de oro (reconocer deudas que no estaban en los presupuestos).

Hasta aquí parece que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: primero conocer y reconocer la realidad de las cosas; segundo aliviar la situación de las empresas proveedoras facilitando el pago de lo que se debe.

Pero a partir de ahí es imprescindible dar un paso más y preguntarse ¿cómo narices hemos llegado a esta situación? ¿Cómo los ayuntamientos han podido reventar todos los controles sin que haya saltado ninguna alarma, hasta que un grupo de proveedores ha puesto el grito en el cielo desesperados por no cobrar? En pura teoría, en el presupuesto sólo puede haber desviaciones por el lado de los ingresos, en cuanto éstos son previsiones que dependen de la recaudación y, por tanto, de la actividad económica. El gasto está perfectamente definido: todo compromiso de gasto ha de estar en el presupuesto y debe ser previamente fiscalizado por un interventor, de manera que no puede adjudicarse un contrato sin comprobar que existe crédito presupuestario.

¿Es que los ayuntamientos se han saltado todo el procedimiento de fiscalización y de contratación? ¿Cuánto tiempo llevamos así? Si están así las cosas ¿realmente nos sorprende la corrupción?

Parece que el Gobierno está preparando un Decreto-Ley parecido para las deudas de las Comunidades Autónomas. ¿Se encuentran las deudas de éstas en la misma situación?

No sé cómo hemos podido llegar a este auténtico desmadre, pero puedo intuirlo. En este país hemos entendido autonomía como ausencia de controles externos, es decir, como que en mi casa yo hago lo que me da la gana. Esta afirmación, cierta en el ámbito local, lo es aún más en el nivel autonómico. Ahora mismo la Unión Europea ejerce controles mucho más férreos sobre los Estados miembros que los que en nuestro país puede aplicar el Estado sobre las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos. Lo cierto es que el Estado carece de mecanismos eficaces para obligar a una Comunidad o a un Ayuntamiento a cumplir con sus obligaciones. No sólo eso, sino que ni siquiera cuenta con instrumentos para supervisar si la Comunidad o Ayuntamiento están cumpliendo.

En efecto, en relación con los ayuntamientos, la autonomía local se ha llevado a extremos absurdos. Del carácter electo de los órganos de gobierno local, se ha llegado a la conclusión de que no son admisibles los controles permanentes de la administración del Estado sobre la local.

Pero es que ningún otro organismo central ha suplido al Estado en esa función. El Tribunal de Cuentas no tiene capacidad para hacer una fiscalización seria de las cuentas locales, por lo que ha delegado la función en los Tribunales de Cuentas autonómicos. La fiscalización de éstos ha sido un auténtico desastre. Y es que, si pueden existir dudas sobre la independencia del Tribunal de Cuentas, ¡qué decir de la de los Tribunales autonómicos!

Y mientras todo esto ocurre, todos a por uvas. No veo ni movilizaciones ni irritación popular. ¿Estamos anestesiados o es que no somos conscientes de lo que está pasando? Este monumental descalabro de las cuentas públicas sí que merecería que la gente saliera a la calle a pedir explicaciones a la puerta de sus ayuntamientos. El sentido de la ciudadanía es precisamente el de poder exigir la responsabilidad de los políticos por lo que hacen con el dinero de todos. ¡No podemos olvidar que todo este invento del parlamentarismo surgió precisamente para evitar que el poder absoluto pudiera imponer impuestos a los súbditos y hacer lo que le diera la gana con el dinero! Este es el gran paso democrático del súbdito al ciudadano. Por desgracia parece que en España somos todavía bastante súbditos.

Las soluciones pasan por un menor grado de pasividad y una mayor exigencia ciudadana. El político sólo se mueve si se le empuja. Además, han de recuperarse los controles estatales sobre las entidades locales y las Comunidades Autónomas. Si queremos ir hacia un modelo federal, hagámoslo, pero con seriedad. Si la Unión Europea está reclamando la competencia para fiscalizar las cuentas de los Estados, ¿cómo puede ser que nuestro Estado no pueda controlar las cuentas autonómicas y locales e imponer sanciones en caso de incumplimientos? ¿Por qué no se está exigiendo responsabilidad a un buen número de alcaldes? ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde la prensa de investigación?

7 comentarios

7 Respuestas a “¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LOS AYUNTAMIENTOS?”

  1. José María Bravo dice:

    Me parece correcto poner, como hace Salama, el ojo en el huracán de la realidad. De esa realidad vestida de playas artificiales, de paseos nocturnos encendidos por palmeras de neón.

    Pero así como, ha sido, “irreal” el gasto, así , ha sido,”real” la deuda.Así como, al bajar las escaleras de la pobreza, nos encontrábamos la ilusión de la riqueza, de la fiesta y de las pompas en la calle. Eso es lo que se llama Demagogia.

    En realidad nuestra democracia es demagogia. Los demagogos triunfan, esta es nuestra factura moral. Pero a quien corresponde pagar la factura real?. No creo, al no haber en realidad democracia, que sean los electores. Los que deben pagar son los elegidos. Pero no, no es este el caso. Los elegidos amordazan la realidad y ahora hacen leyes para evitar su factura moral y que paguen las deudas los ciudadanos.

  2. M.B.ARANDA dice:

    Estoy plenamente de acuerdo con la excelente exposición que hace Isaac Salama. Y también estoy de acuerdo conque el Gobierno tome medidas para aliviar la situación de las empresas proveedoras, facilitando el pago de lo que se debe. Y que, así mismo, tome medidas para evitar que semejantes desmadres puedan volver a ocurrir.

    Pero entretanto, ¿qué pasa con los responsables de estos auténticos desmadres?, ¿se van a ir de rositas? Pienso que la credibilidad del nuevo Gobierno aumentaría muchos puntos, si los responsables recibieran castigos ejemplares. Y que estos castigos, además de estar en proporción al daño causado, se aplicaran con INDEPENDENCIA DEL PARTIDO POLÍTICO AL QUE ESTUVIERA AFILIADO EL RESPONSABLE.

    Si los castigos son puramente simbólicos, o solo se aplican a los cometidos por afiliados a otros partidos, entonces, lamentándolo mucho, tendré que poner en duda la sinceridad del Gobierno cuando afirma que será implacable contra cualquier tipo de corrupción. ¡Señores, el movimiento se demuestra andando!

  3. TOTO dice:

    Lo que tendríamos que plantearnos es si necesitamos el Estado, que impide a la gente de a pie gobernarse a sí misma y reduce a la gente a perpetuos menores de edad, manipulados y dirigidos, sin poder desarrollar una existencia más cercana a su esencia. Quién ha salvado el capitalismo del desmoronamiento en la crisis actual sino los Estados, y con ello nos han conducido a mantener un modelo económico de crecimiento exponencial que es incompatible con un planeta de recursos materiales y energéticos finitos. Además, por qué necesitamos de tanto desarrollo material, de tanto nivel de vida, de tan altas rentas, por qué los fines han de ser siempre económicos y todo lo humano, además de todo lo que forma parte de la naturaleza, ha de sacrificarse a ese desarrollo frenético. Pues estéis o no de acuerdo conmigo, hemos tocado techo, la economía real, la de los minerales, el petróleo, o las cosechas, ya hace años que no crece demasiado, Y NUNCA MÁS LO HARÁ, mientras el poder político a través de los medios niega este hecho rotundo… habría que juzgar al Estado por mantener esta enorme farsa.

    1. Valentina dice:

      Esta frase tuya, “todo lo humano, además de todo lo que forma parte de la naturaleza, ha de sacrificarse a ese desarrollo frenético”; es algo que pienso muchas veces y nunca logro entender por qué es así, ni si ha de ser así. No se encontrar la respuesta a si va implícito en el ser humano como “obligación” o como parte de su destino o de su integración con la Vida el dominar la Naturaleza, sacrificarla y servirse de ella o si, por el contrario, actuar así es un gran error que nos va alejando cada vez más de nuestro verdadero “para qué”. Yo creo que nos aleja y que de alguna manera nos hace pequeños y miserables.

  4. yes we can dice:

    Me parece importante la denuncia, en la línea de activar conciencias de ciudadanos, que, como destaca el artículo, estamos demasiado acostumbrados a aceptar la voluntad pública en el papel de súbditos. En otros sectores de actividad, como el riesgo nuclear, la cadena estos errores (ilegalidad procedimental con responsabilidad de funcionarios y políticos, falta de controles de intervención y abogacía del estado y mesas de conratación, papel del tribunal de cuentas, excesos de la autonomía política, falta de control estatal) con un resultado fatal, da lugar a múltiples acciones de mejora dirigidas a prevenir el fallo de cada uno de esos mecanismos de control.

    Conviene sacudirnos como ciudadanos, no para quejarnos, sino para familiarizarnos con los mecanismos de control que el sistema pone a nuestra disposición, y poder ejercer desde el conocimiento una crítica acertada y proponer soluciones y nuevas formas de actuar.

    Aunque coincido con el tono del artículo, por último, me parece importante que las irregularidades que existen en alguna “parte” no contaminen nuestra percepción del todo, y nos permitan tener una mirada limpia sobre mecanismos de control que sí funcionan. Igual que es una ingenuidad plantear una confianza ciega en el sistema, sería un error desacreditarlo por completo. Tenemos que reconstruirlo, empezando por recuperar la condición ciudadana e la que se inspiro el sistema. Creo que esfuerzos como este blog son un extraordinario incentivo para ello.

  5. Valentina dice:

    NOTA A LOS ADMINISTRADORES:
    Ayer día 10 a las 23.46 puse en este artículo un comentario a Toto, que coloqué bajo el texto de Toto. Habéis subido comentarios más recientes y sin embargo ese mío aparece (cuando utilizo para entrar Google Chrome) como “awaiting moderation” pero, si utilizo Internet explorer, directamente no aparece, ni en ninguna parte ni de ninguna manera.
    Me tiene intrigada, parece que hubiese un duendecillo por ahí dentro haciéndome luz de gas.

  6. José María Bravo dice:

    Como afirmaba,en mi primer comentario a este articulo, estoy totalmente de acuerdo, con Salama, que se deben pedir responsabilidades por las deudas contraídas y sanearlas.

    Yo también quiero que los procedimientos queden claros y que la “solemnidad” de los decretos no parezcan el descubrimiento de la “realidad oculta” por gobiernos anteriores. El decreto 4/2012, no es una genialidad sacada de la chistera del actual gobierno, es simplemente el procedimiento para hacer efectivo unas deudas ya sabidas y que el anterior gobierno también habilito, curiosamente, el mismo procedimiento,el del crédito sindicado bancario. Con la única diferencia en las condiciones de devolución de los prestamos, por parte de las entidades locales.

    La opinión publica puede percibir que antes no se hacía nada al respecto y no es verdad. El problema del déficit oculto tiene también un cariz político que hay que denunciar.

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