¿Habría que cerrar las televisiones públicas?

El pasado mes de mayo, La 1 de Televisión Española obtuvo los peores índices de audiencia de su historia, con un 8,2% de cuota de pantalla frente al 16,2% de Telecinco y el 13,7% de Antena 3. En cuanto a los informativos, el Telediario apenas llegó al 10%, menos de la mitad de los espectadores de Antena 3 Noticias que alcanzó el 21,6%. Todo esto disponiendo de más más recursos, más personal y gastando más dinero que sus competidores; y cerrando el año en números rojos, mientras que tanto Mediaset (propietaria de Telecinco, Cuatro y otras cadenas menores) como Atresmedia (Antena 3 y La sexta, entre otras) aumentaron sus beneficios.

Ante estos resultados, que son la continuación de una tendencia, no faltan opiniones que cuestionan la necesidad de la televisión pública y proponen su privatización o, simplemente, su desaparición. Si ofrece lo mismo que los otros canales y además se emplea para influir en la opinión pública por el gobierno de turno, es decir, si deja de ser plural, imparcial, independiente y veraz y además no ofrece los contenidos que uno no espera encontrar en las televisiones privadas, su función social desaparece.

¿Debe ser la televisión un servicio público, lo mismo que lo son la sanidad o la educación?  Los centros de salud, hospitales, colegios, institutos y universidades públicas ofrecen algo que, de ser privado, no estaría al alcance de mucha gente. Pero no sucede lo mismo con la televisión; puesto que hay muchas cadenas comerciales que llegan a todo el país y son gratuitas. Si esto es así, ¿por qué emplear dinero público en un servicio que ya se ofrece sin ningún coste para el Estado?

Pero esto no es exactamente así. Las tres funciones básicas de la televisión son entretener, informar y formar; y lo que diferencia unas cadenas de otras es el modo en que desarrollan cada una de ellas. Y aunque la mayoría de las cadenas ofrecen concursos, películas, deportes, noticias, debates y tertulias, hay una gran diferencia (cada vez menor) entre unas y otras.

Sálvame, Supervivientes y otros programas estrella de Tele 5, son una auténtica basura que, lamentablemente, tienen una audiencia considerablemente mayor de la que podría llegar a tener un buen documental o la retransmisión de un recital de flamenco. Aunque también hay que decir que el mayor éxito de audiencia que ha tenido la televisión pública en los últimos meses fue el festival de Eurovisión, con más de un 30% de espectadores, y que su programa más visto es Masterchef, con un 15%. Así están las cosas; lo que nos da una idea del éxito que podría tener una televisión dedicada a la música clásica, el teatro, los documentales y las películas de cine independiente.  Así que, para ser vista, TVE ha optado por ofrecer programas equivalentes a los de sus competidores.

Y, con todo, Televisión Española ha llegado a producir programas de debate como La Clave, series como Juncal y obras de teatro como Doce hombres sin piedad, que ahora serían impensables. Bien es verdad que, entonces, no existía Tele 5. Cierto es, también, que La Clave dejó de emitirse porque llegó a tener una gran repercusión, hasta el punto de resultar incómoda al estamento político. Y eso que en aquel momento la televisión se financiaba en gran medida mediante la publicidad, lo que le otorgaba mayor independencia de la que se tiene ahora, cuando se depende de las subvenciones y los presupuestos del Estado.

A diferencia de EE. UU, donde es irrelevante, la televisión pública todavía es una prioridad en Europa. Basta con decir que, hasta la década de 1980, en la que se permitieron los canales comerciales, era la única disponible en la mayoría de los países. Y todavía se le dedican presupuestos considerables; la BBC o la ARD tienen seis veces más recursos financieros y más del triple de empleados que RTVE, si bien se financian de manera diferente, pagando un impuesto directo o canon por tener un televisor, de 165 euros en Reino Unido y 210 euros en Alemania.

En España, RTVE se financia mediante una asignación de los Presupuestos Generales del Estado y la recaudación de las tasas impuestas a las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones, que varían de un año a otro según los ingresos obtenidos. También se pretende que las plataformas de TV online, como Netflix o HBO, contribuyan con un porcentaje de su ingresos en España. Estas aportaciones de las empresas privadas las acaban pagando los consumidores.

Si hay que citar una diferencia entre las televisiones privadas y las públicas es que el objetivo de las primeras es conseguir la máxima audiencia para sus anunciantes, mientras que el de las segundas es ofrecer contenido de calidad que va más allá del beneficio económico. Es más, si la televisión pública no se financia con publicidad, este imperativo de la audiencia pasa a segundo plano.  Aunque cabe preguntarse si tiene justificación costear con dinero público un producto que no se demanda o que va destinado a una minoría.

La televisión gratuita es el principal medio de acceso a la información para aquellos que no tienen Internet ni pueden suscribirse a una plataforma de pago y tampoco pueden costearse el teatro, las academias, los conciertos o cualquier otra forma convencional de acceso a la cultura. Y se argumenta que las televisiones comerciales no ofrecen programas de calidad sino principalmente telebasura; de ahí la responsabilidad del Estado para corregir esta diferencia, poniendo a disposición de todos aquello a lo que solo accede una minoría. Pero se le podría dar la vuelta al razonamiento señalando que las televisiones comerciales ofrecen aquello que la gente quiere ver y que si la ópera o los programas sobre literatura tuvieran audiencia ya estarían incluidos en sus programaciones.

Entre las múltiples atribuciones que se ha auto asignado el Estado, se incluye la de educar. Y esto incluye el empleo de la televisión y la oferta de contenidos de calidad, siendo la maquinaria estatal la que decide qué se considera “calidad” y cuáles son los contenidos adecuados. Pero, aunque la televisión pública ofrezca “programación de calidad” la gente puede escoger no verla, por mucho que sea “pública”.

Si a los políticos les preocupa que la televisión pública no tenga audiencia es principalmente porque esta audiencia tira de la que podrían tener sus informativos, que ponen a su servicio para orientar la opinión en su favor. Pero, si los ciudadanos no acuden a ellos no es porque la audiencia del resto de la programación sea baja, sino porque no les parecen fiables, objetivos, imparciales ni veraces.

No hay televisiones gratuitas.  Todas se financian de manera directa, pagando una cuota, o indirecta, comprando los productos y servicios que se anuncian en ellas. Y esto también vale para las televisiones públicas, que también son de pago, mediante los impuestos. Así, en España, se estima que el coste anual de las televisiones públicas (nacional y autonómicas) es de unos 42 euros por persona o unos 100 euros por hogar, una tarifa equivalente a la que se podría pagar por una subscripción anual a Netflix, HBO o cualquier otra plataforma de pago. Salvo que no es posible darse de baja y dejar de pagar si no nos satisfacen los contenidos.

Un comentario

Una respuesta para “¿Habría que cerrar las televisiones públicas?”

  1. O'farrill dice:

    En este mismo blog ya se escribió sobre la manipulación mediática de la sociedad a través de la TV. A estas alturas no cabe distinguir cadenas públicas (al servicio de la propaganda oficial) y cadenas privadas (al servicio de la misma propaganda mediante subvenciones públicas). Al final, todo el sistema responde a los mismos intereses. Son todas ellas (salvo pequeñas excepciones, convenientemente controladas) medios serviles al régimen político del momento. En unos casos sutilmente, en otros con total descaro. En todos ellos a costa de los presupuestos públicos y de los contribuyentes.
    Un saludo.

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