Herencias

El artículo 33 de la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia; y añade que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Y este añadido abre la puerta a que, ajustando las leyes, el Estado pueda disponer de nuestro patrimonio según le interese o considere conveniente, dependiendo de lo que entienda cada Gobierno por utilidad pública o interés social. Los criterios para hacer este trasvase desde lo privado a lo público son una de las principales diferencias entre los autodenominados gobiernos de izquierdas o de derechas: la cantidad de impuestos que pretenden recaudar y, en consecuencia, la parte de la economía controlada por el Estado y la que está en manos de los ciudadanos.

Todos sabemos que los impuestos se necesitan para sostener los servicios públicos así como para corregir las desigualdades sociales, redistribuyendo la riqueza; pero también se emplean para sostener al Estado mismo, para que crezca sin que ello siempre beneficie a los que lo soportan sino todo lo contrario. Un ejemplo evidente es la mayor o menor capacidad de control que pueda llegar a tener un Estado de sus ciudadanos.

El hecho es que, con independencia de la orientación política de cada gobierno, nuestro actual modelo socioeconómico favorece que los ricos lo sean cada vez más mientras que el resto de la humanidad se empobrece. Las desigualdades se perpetúan y se alimentan a sí mismas de diferentes maneras. Y una de ellas, que no la única, es la herencia, lo que recibimos de nuestros antecesores.

Aunque no hay una herencia sino varias; no solo se heredan el patrimonio o las deudas, sino también la genética, la historia y las consecuencias de los actos de nuestros antepasados, cercanos y remotos. Estas herencias, junto con el ambiente o las circunstancias que nos rodean, van a condicionar gran parte de nuestra trayectoria vital.

Pero la Constitución no se refiere a la herencia en su sentido amplio, sino a la vinculada a la propiedad privada. Ya que suprimir el derecho a la primera sería un paso decisivo para una distribución más equitativa de la segunda. De hecho, de hacerse, supondría un cambio drástico en el modelo socioeconómico actual.

Pero no todo es blanco o negro en este razonamiento, sino que admite muchos matices que, inevitablemente, nos llevan a contradicciones.

Se argumenta que las herencias son uno de los principales mecanismos de acumulación de riqueza. Y es cierto; pero también lo son el matrimonio o las primas escandalosas que reciben los futbolistas de élite o los altos ejecutivos de las multinacionales.

También se afirma que las herencias transmiten las desigualdades sociales de unas generaciones a otras; y esto ya no está tan claro, sino que depende; en unos casos sí y en la mayoría no. Generación tras generación, hay múltiples familias que han conseguido salir de la miseria; gracias, entre otras cosas, a la transmisión del patrimonio de padres a hijos. Sin herencia nunca lo habrían conseguido.

Habría que valorar si la supresión de las herencias o su gravado fiscal excesivo perjudica más que beneficia a las llamadas clases desfavorecidas, a aquellas que viven de su trabajo, cuando lo tienen. Que el Estado disponga de más dinero no implica necesariamente que todos seamos menos pobres.

Y parece lógico que alguien que recibe 100 millones pague un impuesto elevado por ello; pero no lo parece tanto cuando la herencia consiste en el domicilio de los padres y unos miles de euros. Sobre todo cuando esta herencia va a ayudar a cubrir necesidades básicas del que la recibe. Y tampoco lo parece cuando la herencia consiste en una pequeña o mediana empresa familiar de la que dependen 10, 20, 30 o 50 trabajadores. ¿Quién garantizaría su continuidad?

Al margen de estas consideraciones, y de muchas otras que podrían hacerse, sobre las herencias ¿qué consecuencias sociales y económicas tendría su desaparición?

Previsiblemente, disminuiría el ahorro y también la necesidad de acumular. En consecuencia aumentarían el gasto y el flujo de dinero, recuperando con ello su principal función, que es la de facilitar los intercambios. No tendría sentido almacenar más dinero del que se puede gastar en una vida, ya que todo el dinero sobrante pasaría a la comunidad.

También cambiaría la concepción que se tiene de la propiedad privada. Los primeros anarquistas modernos, los de finales del siglo XIX, ya distinguían entre la propiedad privada y las pertenencias personales, queriendo decir con la primera la posesión de la tierra y los bienes de producción, que pasarían a ser comunales, pero no estatales. Evidentemente. Cada cooperativa, cada barrio, cada municipio, serían los administradores de sus recursos. Lo que no evitaría, por si solo, que hubiera grandes diferencias entre unas comunidades y otras. Sería necesario, por tanto, fijar un límite a la cantidad de capital, bienes o recursos que se pueden llegar a concentrar.

Todo ello suponiendo que los gestores de cada comunidad se eligen adecuadamente y que hay un acuerdo entre todas ellas acerca de los límites que se pueden alcanzar. Algo que parece posible para comunidades pequeñas, de unos cientos o miles de personas, pero que es difícil de imaginar cuando se trata de ciudades con decenas de millones de habitantes.

Actualmente, hay un vínculo claro entre la propiedad privada y la familia. Toda familia es una empresa, una sociedad limitada, y las relaciones entre sus miembros no son exclusivamente afectivas sino también de intereses, económicas. Al desaparecer la posibilidad de recibir un patrimonio, no solo se irían extinguiendo las grandes fortunas familiares sino que también cambiarían el concepto mismo de familia y los lazos que las mantienen unidas. 

Claro está que crecería la dependencia que cada persona tiene de su comunidad. Al desaparecer el responsable de aportar recursos económicos, los que no pueden obtenerlos quedarían desprotegidos. Pero, si en algún momento se suprimen las herencias, es porque la sociedad en su conjunto va a evitar que esto suceda.

La desaparición paulatina de las herencias conseguiría que progresivamente fueran disminuyendo las grandes concentraciones de capitales. Las acciones de las grandes empresas, por ejemplo, no pasarían a los herederos sino que lo harían a la comunidad. Aunque esto tiene el peligro de que todas estas empresas acaben siendo propiedad del Estado (una fórmula cuyos resultados ya conocemos; solo hay que recordar el fracaso de la economía planificada de la URSS); o a que estén fuertemente controladas por él, como sería el caso de las grandes empresas chinas.

A lo que hay que añadir que, para que fuera efectiva esta disminución de capitales, la supresión de las herencias debería ser universal. De nada sirve que desaparezcan las multinacionales de un país si no desaparecen las de los otros, tanto si son privadas como estatales.

Si queremos evitar que la eliminación de las herencias derive en una colectivización totalitaria, una sociedad sin ellas solo puede ser anarquista; algo a lo que, espero, llegaremos después de muchos años de educación, más que de leyes; con otros valores que no las hagan ni necesarias ni deseables.  Entre tanto, lo que es evidente es que quien recibe una herencia también adquiere una responsabilidad.