Estado de Derecho es una de esas expresiones que están tan sobadas que ya nadie se las cree. Expresiones que, por el abuso, han perdido el brillo que tuvieron cuando se pronunciaban en los albores de las democracias, cuando las tiranías hacían y deshacían a su gusto. Como sabéis, básicamente supone el sometimiento de todos al imperio de la ley y tiene una serie de manifestaciones sin las cuales no puede entenderse que dicho Estado exista.

De entre todas las características del Estado de Derecho a nadie se le escapa que hay una que emerge con fuerza especial y sin la cual la expresión es pura retórica. Me refiero a la necesidad de que exista un poder judicial independiente y eficaz. Y cuando aludo al poder judicial incluyo también a nuestro Tribunal Constitucional que, aunque en España no forma parte del mismo, desempeña una función jurisdiccional.

Sin una justicia eficaz e independiente, el poder político lo podría todo: suprimir y desconocer derechos (incluido el de participación política de los ciudadanos) ya sea directa o sutil y subrepticiamente.

En Occidente existen dos modelos de justicia que, en el devenir de los tiempos se han ido aproximando, pero que todavía muestran rasgos singulares que deben a sus distintos orígenes. El modelo de justicia europeo continental es heredero de la Revolución francesa y el racionalismo. Se basa en la profunda desconfianza de los revolucionarios hacia el juez, a quien consideraban esbirro del Antiguo Régimen, y en una creencia casi religiosa en la Ley que, aprobada por los Parlamentos, se consideraba expresión de la voluntad popular. El juez aparecía así como un simple operario que debía limitarse a aplicar la ley al caso que se le planteaba. Si Monstesquieu hubiera podido imaginar un mundo dominado por la inteligencia artificial, para él la función del juez la desempeñaría un ordenador.

El modelo anglosajón, por el contrario, no parte de esa desconfianza hacia la figura del juez, sino todo lo contrario. Jueces como Marshall contribuyeron a construir algunos de los pilares de lo que hoy denominamos democracia. Por eso el Derecho anglosajón escrito no era tan asfixiante como el continental y permitía que el propio juez, con las soluciones que daba a los casos que se le planteaban, creara verdadero derecho (judge made law).

Con el devenir de los tiempos, ambos modelos se van aproximando. La ley anglosajona es cada vez más prolija y el papel del juez menos creativo; mientras que en el Derecho continental hemos desmitificado la Ley, más que imperfecta, y además tenemos bien claro que, por muy detallada que sea, no tendrá más remedio que dejar siempre un margen de apreciación al juez. Hace tiempo que sabemos que la Ley no es lo que dice, sino lo que los jueces entienden que dice. Pero hay un poso diferencial que todavía queda y que debemos a ese origen dispar: el prestigio -la posición institucional, que dirían los cursis- del juez. En España, que ha bebido de la Revolución francesa aunque aquí no hayamos hecho ninguna, al juez se le teme por su poder, pero no se le respeta por su prestigio. Por decirlo en otras palabras y simplificando, en Gran Bretaña al juez se le considera un garante de las libertades, mientras en España una herramienta del aparato opresor.

Esta importante diferencia de matiz altera sustancialmente cómo los políticos y los ciudadanos valoran la necesidad de contar con una justicia ejemplar. Los anglosajones no conciben una democracia sin una justicia de máximo nivel que garantice sus derechos (aunque ya sabemos que la justicia americana es una justicia de ricos que deja mucho que desear). En España, por el contrario, la reforma de la justicia no está entre las prioridades de los ciudadanos y, por tanto, tampoco lo está en la de los políticos. Hay que partir de la base de que el juez es el contrapeso del poder del político, por lo que a este siempre le va a interesar una justicia debilitada y manipulable. Si los ciudadanos no colocamos la justicia entre nuestras prioridades es difícil que algo se mueva en este campo.

Todos sabemos lo que haría falta para contar con una justicia eficiente que respondiera a las necesidades de los ciudadanos y limitara el poder político. Doy algunas pinceladas. Primero es necesario que los mejores quieran ser jueces. El juez es una de las piezas claves de nuestra sociedad, es quien resuelve nuestros conflictos cuando no hay acuerdo y es quien pone límites al resto de poderes para que no se entrometan en nuestras vidas. Esta es una responsabilidad descomunal, que debe asumirse por los mejores. Si no, vamos apañados. Ahora existen pocos incentivos para que los mejores estudiantes se inclinen por hacer judicatura. La figura del juez no tiene ni prestigio ni reconocimiento social y tampoco recibe una remuneración equivalente a su grado de responsabilidad. Si queremos que los mejores se interesen por esta función, debemos ofrecerles una carrera profesional atractiva en la que progresen los más aptos y no los más advenedizos o los más hábiles en el arte del peloteo. Sobre esto ya he hablado en otro post al que me remito. Sin una carrera profesional estimulante seguiremos viendo como los mejores deciden hacerse socios de despachos de abogados, Notarios, Registradores, Letrados de Cortes o del Consejo de Estado, pero no jueces.

En segundo lugar hay que hacer una evaluación seria de las necesidades. Un juzgado sobrecargado es un juzgado que no va a poder hacer bien su trabajo y que, cuando lo necesitemos, no va a garantizar nuestros derechos. No resulta tan difícil estimar la carga de trabajo de cada juzgado, distribuir efectivos en función de las necesidades y calcular los nuevos efectivos necesarios. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva años intentando hacer este trabajo, con resultados manifiestamente mejorables.

Así entro en el tercer punto que se refiere a la necesidad de contar con un CGPJ independiente y eficaz, como propuse en otro post. Es decir, nada parecido al que tenemos. Es una cuestión de voluntad política. Y la voluntad no va a existir mientras el político de turno no vea la oportunidad de vender el proyecto con rédito electoral.

Y, finalmente, no podemos olvidar que el juez se apoya en una oficina judicial que adolece de todos los vicios -y alguno más- de la Administración y a la que podrían aplicársele muchas de las recetas necesarias para que esta sea más eficaz de lo que lo viene siendo. Además de esos vicios, hay uno que es singular de la justicia y es que cada actor depende de un jefe distinto: el juez del Consejo General del Poder Judicial; el secretario judicial del Ministerio de Justicia, es decir, del Estado; y el personal de la oficina judicial, de las Comunidades Autónomas. Alguien debería preguntarse ¿cómo puede funcionar una organización en la que cada uno de sus miembros depende de una administración distinta?

En los últimos tiempos estamos viendo como toda la vida política y social está judicializada. A los escándalos de corrupción que a todos nos vienen a la cabeza habría que añadir que casi todas las reformas de calado que se han hecho en los últimos años están pendientes de decisión judicial (tanto de tribunales ordinarios como del Tribunal Constitucional). Dicho esto nadie puede dudar de la importancia que tiene contar con una justicia del máximo nivel. Pero, si no la exigimos a nuestros políticos con firmeza, luego no nos quejemos de que pase lo que pasa.

2 comentarios

2 Respuestas a “¿PUEDEN LOS JUECES PONER DERECHO AL ESTADO?”

  1. colapso2015 dice:

    Yo no sé que diría Montesquieu,…, quien más cobra es más apto, es decir, las personas se guían por incentivos monetarios. ¿Deberíamos fiarnos de alguien que sólo se funda en la recompensa monetaria por muy “apto” que sea? Yo personalmente no creo ,…, el aristócrata ¿escribiría El Espíritu de la leyes?

    En otro asunto, no acabo de entender eso de “Estado de Derecho”, no le veo ningún sentido. ¿Es aquello dónde todos se someten a la ley? Entonces sería Estado de Ley en contraposición al “legitus solutus”. Pero la pregunta es, ¿la ley es igual ante todos?, No.
    La cuestión, si Derecho es equivalente a ordenamiento jurídico en nuestros días, o no, otra cosa más pleonástica como “Social y de Derecho”.
    Dado que la condición de Estado, presupone un orden burocrático y legal, todos los Estados son de derecho, solamente varía la ley dogmática-moral (constitución). Si esta autoriza al autócrata, estamos en que no existe diferencia ente solutus o coetus. Es decir, todos los Estados tienen ordenamiento jurídico por lo tanto todos son de Derecho, si tomamos la acepción romana, incluidos estados totalitarios (ej: Alemania “Democrática” nazi)

    Es decir, el Estado (de Ley) no necesariamente de Derechos es condición necesaria pero no suficiente para la de Democracia.

    Y, evidentemente, el juez tiene una capacidad legislativa tendente a cero, siempre se puede enmendar. Si las leyes son ilegítimas, todos quienes participan de su aplicación son autómatas del poder, por decir algo suave.

    El judicial no es un poder, en tal caso sería una serie de entidades de tendencia diversa con soporte de un marco histórico legislativo previo. Que ahí sí está el poder, en digamos los hechos de existencia, entre ellos el ordenamiento jurídico no modificado o modificable por el legislativo. Creo tiene más que ver con el proceso de civilización combinado con el devenir de los pueblos, que con el propio “poder judicial”. En este aspecto los anglosajones tienen una superior regla en los días, milenios, que corren de –máxima total económica–, …, por aquello de la proporcionalidad económica de la pena.

    Tema complejo, no apto para un comentario.

    Y ,por supuesto, lo único que puede poner Recto al Estado (aparato institucional, funcionarios, el ejecutivo, etc) es la NACIÓN (legislativo + ciudadanos). El Estado no somos todos, como lo de “soberanía popular”, vocablos para ignorantes.
    “Soberano” popular, vaya locura,…

    Cabe añadir, en España no hay separación de poderes, por si algún despistado aún no ha visto los palomos azules en el Congreso. Y además me permito afirmar, que la separación, el control, el análisis continuo del poder es la base misma de las sociedades civilizadas. “España” no está civilizada,…, más concretamente el Estado español, los partidos políticos y anexos no están civilizados.

    civilización.
    1. f. Estadio cultural propio de las sociedades humanas más avanzadas por el nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres.
    2. f. Acción y efecto de civilizar.

  2. José Maria Bravo dice:

    Interesante articulo de I Salama.
    Es evidente, como adujo el Juez Marshall, que todo los poderes de un Estado tengan como marco la Constitucion, a la Ley Fundamental.

    Quizás, debemos notar que ese cuerpo legal es Politico. La Constitución es Política.

    Entonces, de suyo, no podemos desligar las leyes de Politica. De suyo no hay mayor independencia que la dinamicidad constitutiva. Su propia esencia

    Que sería de la Constitucion si fuera estatica?. Si su espíritu fuera impermeable al devenir de los pueblos?, a la dinámica social?.

    Efectivamente el equilibrio de los poderes reside en la Constitucion pero esta en el pueblo o en lo que hoy se llama ciudadania, que en nuestro marco legal es el Parlamento

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