EL TSUNAMI DE LA CORRUPCIÓN ¿A DÓNDE NOS LLEVA?

La marea de la corrupción amenaza con convertirse en un auténtico tsunami. Decir que la corrupción es un mal endémico que se extiende por casi todos los rincones de la sociedad, es una obviedad. No añade nada nuevo. Pero, cuando el país está como está: en medio de una profunda crisis económica a la que no se le ve salida y con una valoración de los políticos bajo mínimos, esta acumulación de escándalos de corrupción salpicando de lleno a las principales instituciones y partidos, convierte el desánimo colectivo en un cabreo mayúsculo.

Personalmente no soy nada proclive a los análisis que se mueven en la simplicidad del blanco o negro. Estoy convencido de que la realidad es siempre mucho más compleja y la corrupción política no es una excepción. Son muchos los factores que intervienen y las soluciones no son ni fáciles ni inmediatas. Pero eso no significa que no se pueda actuar y que el problema no se pueda aliviar en gran medida. Sí, se puede y es imperioso que se haga.

En este blog ya hemos apuntado algunas de las medidas a tomar. Isaac Salama ha dedicado varios artículos al tema, de los que destaco dos (la justicia y poder y la corrupción) y Raúl Pérez Ponce ha centrado el último de los suyos también en esta cuestión.

Los análisis que se leen y se oyen por todas partes llevan a la misma conclusión: una de las raíces clave del problema está en la financiación de los partidos. No hay duda. Ya en mayo del 2009, el GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción), dependiente del Consejo de Europa y una de las voces más serias y reputadas sobre esta cuestión, publicó su tercer informe de evaluación sobre la transparencia y la financiación de los partidos en España señalando cuáles eran las prácticas que, en su opinión, había que cambiar para erradicar o al menos minimizar esta lacra. Dos años después, en abril del 2011, sus expertos seguían considerando “oscura” la financiación de los partidos en España. Según ellos, nuestro país seguía sin cumplir satisfactoriamente ninguna de las seis recomendaciones hechas en 2009. En un reciente artículo del diario ABC se exponen claramente cuáles son esas prácticas.

Sin embargo no parece que los principales partidos hayan estado por la labor de ponerle el cascabel al gato. Por lo menos hasta ahora. Es cierto que la reciente Ley del 2012 introdujo algunas mejoras. Pero sigue siendo un coladero para las prácticas corruptas. Así, por ejemplo y por señalar las más llamativas, esta ley sigue permitiendo que los bancos presten dinero a los partidos en condiciones muy ventajosas y, lo que es aún peor, que después les perdonen sus deudas (aunque ahora “solo” se las pueden condonar hasta 100.000 €). Comentario lateral: ¿no habrá tenido eso algo que ver con la excesiva libertad con la que han operado los bancos y cajas de ahorro, y la carga de riesgos que han venido asumiendo? Pero sigamos. La Ley también permite que las fundaciones de los partidos reciban donaciones privadas sin límite ni control. Tampoco establece ningún control sobre las subvenciones que reciben los partidos de los Ayuntamientos cuando, según los informes del Tribunal de Cuentas, estas constituyen el 25% de los ingresos de los partidos.

Pero el principal problema al que se apunta reside en el insuficiente control que viene ejerciendo el Tribunal de Cuentas, que es consecuencia de los escasos recursos y atribuciones que se le han otorgado para fiscalizar a los partidos, y también de su falta de independencia política. Sus informes se publican cada vez más tarde (¡el 29 de marzo de 2012 se aprobó el estado de las cuentas de los partidos del 2007!) y tienen muy poco que ver con la profundidad de análisis de cualquier auditoria. Por supuesto nada que ver con lo que se les exige a las empresas que cotizan en bolsa o lo que se ha aplicado recientemente a los bancos y cajas de ahorro. ¿Por qué no se crea un equipo permanente en este Tribunal dedicado al control exhaustivo de las cuentas de los partidos, tal como se le exige al Banco de España en relación con los bancos y cajas de ahorro? ¿Por qué no se incluyen estas auditorias en la Ley de Transparencia que se está cocinando, y se publican para conocimiento de todo el mundo? Solo ahora es cuando el PSOE ha considerado oportuno proponer que se incluya en esta Ley a los partidos y a la Casa Real. Vaya por Dios. Más vale tarde que nunca.

En fin, propuestas hay muchas. En estos momentos es un auténtico hervidero. Pero la marea ha alcanzado ya unos niveles difícilmente manejables y en cualquier momento el tsunami puede desencadenarse llevándose todo por delante. Las noticias sobre los manejos del Sr. Urdangarin están haciendo tambalearse a la propia institución monárquica. Las nuevas revelaciones que, un día tras otro, apuntan a la posible existencia de financiación irregular en el seno del PP amenazan con derribar la cada vez más precaria estabilidad política de este país. ¿Cuánto durarán sin romperse las costuras del sistema institucional-político que garantiza la gobernabilidad? ¿Cuántos escándalos más será capaz de aguantar este país? ¿Hasta dónde llegará la paciencia de la gente?

De seguir así, desayunándonos cada día con nuevos titulares sobre la corrupción, sospecho que vamos a tener que empezar a pensar en una segunda Transición. Una que dé paso a nuevos partidos políticos tras la práctica desaparición de los actuales, sea como consecuencia de un demoledor veredicto de las urnas o directamente por su autodisolución, a la vista de sus negras perspectivas electorales.

Es fácil imaginar que el cabreo de la sociedad llegue a tal punto que los ciudadanos no quieran saber nada de los actuales partidos ni de la clase política. No estamos muy lejos de esa situación. Se está instalando una actitud psicológica en la población en la que cualquier acusación a un político, por descabellada que sea, tiene crédito. Es una actitud injusta porque hay mucha gente honesta metida en política que está haciendo una gran labor. Yo he conocido personalmente a unos cuantos.

Pero, si nos viéramos abocados a esa segunda Transición, cosa que puede llegar a ser necesaria por motivos de higiene política, institucional y social, sospecho que se demandaría una nueva generación de políticos y, desde luego, nuevos partidos, nuevas reglas de funcionamiento de nuestra democracia y probablemente una nueva Constitución.

Nadie ignora que un paso así tiene sus riesgos. El primero es el de la emergencia de una nueva clase de políticos demagogos y populistas que entendieran la política como un reality show televisivo. Políticos a los que la gestión del país les importase un pito, pero que fuesen tan simpáticos y ocurrentes como para encandilar a la opinión pública durante un cierto tiempo. Hasta que se les viera el plumero y tuvieran que venir otros, de similar pelaje, a sustituirlos.

Otro problema sería el de la inexperiencia de la nueva clase dirigente y la dificultad para reclutarla; habida cuenta de que cada vez más la opinión pública demanda que los políticos no se conviertan en “profesionales” de la política y que, por tanto, al cabo de unos años se retiren a otros quehaceres laborales; que su experiencia política apenas se valora en el mercado de trabajo, salvo algunas excepciones; que el sueldo en la mayoría de los cargos públicos no da para muchos ahorros; y que, además, no se admite que luego les contraten empresas con las que hayan tenido algún roce… las posibilidades de tener nuevos políticos se reducen a unos cuantos empresarios o millonarios que tengan su retirada asegurada o a los funcionarios de la Administración Pública. Es decir, en la práctica serán estos últimos. Con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva. En todo caso implicará un coste de inexperiencia, porque no es lo mismo gestionar los asuntos públicos encerrado en tu despacho que salir a explicárselo a la gente. Máxime cuando se trata de pedir sacrificios y de adoptar medidas impopulares.

Otro riesgo es que los nuevos políticos lleguen, en el mejor de los casos, cargados de buenas intenciones pero sin tener claro qué necesita el país. Como ya me he referido a ello con anterioridad no me voy a extender aquí sobre ello. Solo decir que, en la presente crisis, lo que necesitamos es gente que sepa cómo sacarnos del hoyo, no aprendices.

Añadamos a todo esto la financiación de esos nuevos partidos. Si no lo resolvemos bien podríamos tropezar de nuevo en la misma piedra. Posiblemente será necesario continuar con la financiación pública, pero será fundamental que se nutran en gran medida con donaciones privadas. Sobre todo si se quiere dar opción a que, de cuando en cuando, surjan nuevos partidos. Ahora bien, esas donaciones deberían provenir de ciudadanos (nada de empresas), ser transparentes, con límites en las cuantías y, por supuesto, auditadas en serio.

Otro inconveniente es que los nuevos partidos reproduzcan, en su funcionamiento interno y en sus relaciones con la sociedad, los mismos vicios que los actuales. Si no se constituyeran en estructuras abiertas a los ciudadanos, tanto en la elaboración de los programas como en la elección de sus candidatos electorales, habríamos perdido el tiempo.

Pero el principal riesgo, en mi opinión, es el de la pasividad de la sociedad civil. Si todo esto se acaba zanjando con la simple sustitución de una clase política por otra, y con el mismo desinterés que ha venido mostrando la sociedad hasta ahora, no habremos resuelto el problema de fondo. Lo más probable es que al cabo de un tiempo volvieran a aparecer los mismos males que queríamos extirpar. O incluso peores. Es esencial, por tanto, que una buena parte de los ciudadanos dediquen tiempo a informarse, a formarse y a “supervisar” lo que se está haciendo, expresando su opinión, elaborando propuestas y defendiéndolas ante las instituciones y los partidos.

Cualquiera de los riesgos mencionados se multiplicaría si la ciudadanía continuase dejando la política en manos de unos cuantos políticos profesionales. Aunque ahora pueda parecer lo contrario, la solución a esta situación pasa por la política, no por su abandono. Pero una forma de hacer política en la que gran parte de la sociedad se sienta y actúe como sujetos políticos. Al margen de que ocupen o no puestos de responsabilidad en las instituciones, en los partidos o en ningún sitio.

Si eso se consiguiera, el tsunami desencadenado por la corrupción podría aprovecharse como una magnífica oportunidad de regeneración.