La proclamación del nuevo Rey y su cohabitación con el viejo Monarca ha hecho que nos planteemos diversas cuestiones en relación con inviolabilidades y aforamientos. El Gobierno y las Cortes se han apresurado para buscar una vía rápida para aforar al viejo Rey; si no quedaría desprotegido, nos dicen.

Como quiera que muchas veces se confunden, empecemos por distinguir entre inviolabilidad y aforamiento. La primera supone que la totalidad o parte de las actuaciones de una persona no son fiscalizables por los Tribunales. En el aforamiento, en cambio, toda la actividad de la persona es enjuiciable, pero solo por un tribunal determinado que especifica la ley.

El origen histórico de la inviolabilidad se encuentra en que la justicia emanaba del Rey y, por tanto, este no podía quedar sometido a aquella (era más bien al revés). Por supuesto, en las modernas Monarquías parlamentarias el fundamento ha cambiado. Hoy se encuentra en que el Rey tiene funciones puramente simbólicas y sus actos siempre deben ser refrendados por alguien del Ejecutivo. Por tanto, de los actos del Rey responde quien los refrenda y no el propio Monarca. En la práctica totalidad de las Monarquías parlamentarias europeas se prevé la inviolabilidad del Rey en términos similares a los que establece nuestra Constitución (que, en la regulación de la Monarquía, se inspiró precisamente en las Constituciones nórdicas).

Pero no solo las Monarquías. En algunos regímenes republicanos al Jefe del Estado e incluso al Presidente del Gobierno también se les reconoce algún grado de inviolabilidad. Así, aunque no está expresamente previsto en la Constitución, al Presidente de los EEUU se le reconoce inviolabilidad en aquellas actuaciones estrictamente referidas al ejercicio de su cargo. Es bien conocido que Nixon la invocó en el caso Watergate, pero el Tribunal Supremo consideró que no era un asunto directamente relacionado con las funciones propias del cargo (se refería a la campaña electoral del Presidente) y, por tanto, no quedaba protegido por el privilegio. En los EEUU este privilegio se justifica en el mantenimiento de la división de poderes y en la conveniencia de garantizar la eficacia en la acción del Presidente, que podría verse paralizada por continuas acciones judiciales.

En España, fuera de la inviolabilidad del Rey, solo existe la de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, que tuvo el sentido histórico de evitar que una justicia controlada por el poder absoluto pudiera perseguir a los parlamentarios por sus opiniones. Con una justicia independiente, esta inviolabilidad pierde sentido.

No existe ningún otro espacio infiscalizable para los Tribunales. De hecho, aunque al principio se dudó si los actos puramente políticos del Gobierno eran susceptibles de enjuiciamiento, hoy nadie discute de que lo son, al menos, en sus elementos reglados.

En cualquier caso, parece claro que, más allá de su sentido histórico, hoy tienen poca justificación los supuestos de inviolabilidad a que hemos hecho referencia. La división de poderes ya no se entiende como prohibición de que los jueces se entrometan en lo que hacen los otros dos poderes, sino como la absoluta independencia del poder judicial para fiscalizar la sujeción de aquellos a la ley. Además, en relación con la figura del Jefe del Estado, es difícil creer que toda su actividad se limite a los actos refrendados por otros.

Vamos con el aforamiento. Este se basa históricamente en la desconfianza hacia el Poder Judicial, al que consideraban cómplice del Poder Absoluto. En la actualidad, dice defender la división de poderes, impidiendo que denuncias o querellas injustificadas puedan paralizar o dificultar la actuación de los otros dos poderes; y que altos cargos puedan intentar presionar a pequeños juzgados en asuntos de gran repercusión.

En nuestra Constitución únicamente aparecen aforados los Diputados y Senadores, el Presidente del Gobierno y sus Ministros, que solo pueden ser enjuiciados por el Tribunal Supremo. Sin embargo, a través de leyes posteriores, el número de aforados en España ha alcanzado la escandalosa cifra de 10.000 personas. En esto, como en otras cosas, España sí es diferente. En el resto de países de nuestro entorno el aforamiento está en franca decadencia. Así, en Portugal e Italia no existe más aforado que el Presidente de la República; en Francia, solo son aforados el Presidente de la República, el Jefe del Gobierno y sus Ministros; y en Alemania o Reino Unido hoy no hay aforados. En España la lista es larguísima: incluye a todos los miembros de los Gobiernos estatales y autonómicos, los parlamentarios estatales y autonómicos, además de los jueces, magistrados y fiscales. Incluso los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado o el Defensor del Pueblo están aforados ante el Tribunal Supremo.

En general, la cosa funciona así: mientras los altos cargos estatales están aforados ante el Tribunal Supremo, los autonómicos lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad. Tan pronto como el Juez que conozca de un asunto considere que hay indicios contra un aforado (aunque haya otros muchos imputados que no lo sean) debe abstenerse de seguir conociendo de la causa y remitir las actuaciones al Tribunal de aforamiento.

¿Qué distorsiones provoca el aforamiento en el enjuiciamiento de los casos de corrupción? La primera, que el Juez que instruye trata de retrasar la imputación de un aforado ya que sabe que en cuanto lo haga pierde su asunto. El proceso, además, se eterniza cuando tiene que pasar de uno a otro tribunal. Pero quizá la consecuencia más grave es que genera la sospecha de que la justicia no es igual para todos. A nadie se le escapa que los Magistrados del Tribunal Supremo son designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de cada 5 plazas vacantes, 4 se designan entre magistrados y la quinta entre juristas de reconocido prestigio. Por desgracia, en nuestro modelo, no está garantizada la independencia del CGPJ, que sigue funcionando por cuotas de los partidos políticos y siempre puede existir la duda de si esas cuotas se trasladan también al Tribunal Supremo. Esta sospecha se refuerza si la referimos a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, que deben enjuiciar a los altos cargos autonómicos. Una de cada tres plazas de estas Salas se cubre por un jurista (no juez) designado por el CGPJ sobre una terna presentada por el propio Parlamento autonómico. Es decir, ¡el posible imputado elige a quien le va a juzgar!

Con una justicia independiente y de calidad, hoy no tienen sentido la inmensa mayoría de los aforamientos previstos en nuestra legislación. El juez ordinario predeterminado por la ley (es decir, te juzga quien te toca) es un logro de los modernos Estados de Derecho que evita que quien es juzgado pueda elegir e influir en quien le juzga. Y esto ha de valer para todos por igual. Es ciertamente escandaloso lo que está ocurriendo en las Comunidades Autónomas en las que, al menos, el 33,3% del Tribunal que debe enjuiciar a los altos cargos regionales puede tener un perfil político y no profesional (depende del rigor en la selección de los Parlamentos autonómicos). Posiblemente los únicos aforamientos que tengan todavía algún sentido serían los del Jefe del Estado (si desaparece su inviolabilidad), el Presidente del Gobierno y los Ministros. El Gobierno recoge el guante y dice que va a abrir un debate sobre la reducción del número de aforados. A ver si es de verdad o es que ya ha comenzado una larga precampaña, en la que lo importante es aparentar.

Tenemos un largo trecho que recorrer entre dónde estamos y una verdadera democracia. Que la cosa se vaya pudriendo o que evolucione aireando sus trapos sucios depende, en buena medida, de lo alerta que estemos como sociedad.

5 comentarios

5 Respuestas a “PRIVILEGIOS Y AFORAMIENTOS”

  1. Desaforada dice:

    En este País donde unos cuantos, muy pocos pero suficientes, han estado sistemáticamente elaborando leyes que les protejan de los atropellos que se proponían cometer contra el patrimonio común ( la tierra, el agua, el aire y todo lo que lo contiene y lo soporta), los aforamientos y las inviolabilidades están perfectamente diseñadas para que el déspota no sólo jamás sea juzgado, sino que siga -presuntamente, siempre presuntamente- participando de los beneficios de su botín.

    Es decir, además de Rey ( dos) hay cientos de mediocres reyezuelos.
    ¡dioses del cielo, protéjannos!.
    He leído aquí que usted y algunos otros critican el estado de las autonomías, quizás porque son de la opinión de que es mejor que el nacionalismo español de unos pocos siga teniendo acceso a la propiedad y el beneficio comercial de los ciudadanos alejados del km cero.
    No sorprende pues “en absoluto” que ” con una justicia independiente y de calidad” sea coherente y defienda el aforamiento de los ministros del gran gobierno central, que en realidad son los únicos encargados de modificar la ley no sólo para prevaricar sino para poder saltársela si hace falta.
    Por eso, estará de acuerdo conmigo en que es un alivio para el actual de Industria, y para los anteriores estar aforado, sino nadie podría salvarlos de lo que han hecho y siguen haciendo.

    ¿Cómo es posible que creamos en la justicia, cuando los que la ejercen no son capaces de parar tanta corrupción, tanta destrucción?
    El señor ministro decide, se salta las sentencias del tribunal supremo- que por lo tanto no lo es- y ahora hay que indemnizar a una empresa que deliberadamente y delante de todos ha provocado terremotos, sabiendo además que de esa zona por mucho gas que se inyectara no se iba a sacar nada.
    Así es como rentabilizan hoy las empresas su maquinaria, saben que van a sacar beneficios, pero no de lo que NO HAY,-ellos saben mejor que nadie- sino de ésta otra forma, mucho más eficaz, limpia y barata. – enredo un poco, asusto a la gente, caliento el mar y lo que haga falta y después tu me das 1400 millones y que ellos, la gente, siga rebuscando en la basura para comer.

    Si todos no somos iguales ante la ley y no lo somos, la ley es papel mojado y la justicia en vez de protegernos nos está condenado.
    Señor Salama, los aforamientos e inviolabilidades son los que permiten el abuso de poder en primer lugar y esto se parece cada vez mas a un feudo.

  2. Adam Smith dice:

    Isaac,

    Si el Poder Judicial de cualquier país fuera independiente y de calidad, estaríamos en el Paraíso. Aquí en el Planeta Tierra, el Poder Judicial nunca es y será independiente de cualquier persona o grupo de personas que se consideren con poder suficiente para imponer costos al resto de la población. Además, el Poder Judicial nunca tendrá la calidad suficiente para que tengamos la certeza de que los jueces han decidido en base únicamente a principios compartidos por todos (estén o no incorporados en las leyes dictadas por políticos). Ojalá algún día se pueda decir que el Poder Judicial de España tiene un mínimo de independencia y calidad como para que por lo menos en la mayoría de los conflictos entre privados se hace justicia.

    Lo anterior sólo refuerza la necesidad y la urgencia de eliminar todos los privilegios que algunos han conseguido por sus cargos públicos o por herencia o simplemente por su poder para imponer costos a otros. Esa eliminación requiere en algunos casos (la monarquía) eliminar la institución, pero en otros requiere reconocer que no tienen fundamento moral y que las consideraciones prácticas en el mejor de los casos justifican una exención pero sólo por un tiempo mínimo y al costo de agravar las penas que eventualmente correspondan. Un caso grotesco se ha conocido estos días a propósito de la pretensión de Rubalcaba de volver a ejercer como funcionario una vez que abandone su cargo público y luego de 28 años de servicios especiales (ver post en HayDerecho del 1 de julio).

    Sabemos bien que la ley (el Derecho) jamás será igual para todos, pero eso no implica conformarse con la situación actual. El Poder Judicial puede y debe mejorarse. Los privilegios pueden y deben eliminarse.

    1. Isaac Salama Salama dice:

      Gracias por tu interesante reflexión, que en el fondo plantea si es realmente posible la existencia de un Poder independiente. Efectivamente, como dices no creo que pueda existir un Poder (llámese judicial, organismo regulador, etcétera) totalmente independiente. Pero dentro de la asunción de la dependencia, existen grados y, por tanto, un largo camino a recorrer en la garantía del mayor grado posible de independencia. Es sabido que en el primer CGPJ, 12 de sus 20 miembros se elegían por los propios jueces. En 1985, el PSOE pasó a un modelo en el que todos los miembros se designaban por los políticos. Guerra exclamaba haber matado a Montesquieu. Y en esas seguimos, con los partidos encantados con su cuota de poder en la Justicia.
      Saludos.

  3. colapso2015 dice:

    Enmienda a la totalidad.

    Es erróneo el origen de la inviolabilidad. La inviolabilidad es un tema RELIGIOSO, porque bajo ningún precepto racional puede sustentarse tal cosa. La justicia es una creación, un elemento abstracto para un orden común, y, racionalmente es imposible que alguien, en justicia, esté fuera de ese orden común sin romper el propio concepto.

    Para más señas busque “templos e inviolabilidad en la Grecia antigua”.
    Un rey y su hijo (Alejandro Magno) finiquitaron “el tema de la isonomía” griega. Isonomía y rey solamente puede habitar en una mente disfuncional, oportunista o ambas a la vez.

    La división de poderes es otro error. Pues no es posible ninguna división sin haber separación en ORIGEN. Si aprendemos algo de la oligarquía espartana, de los iguales, DOS reyes nombrados. Un poder solamente lo para otro poder, en origen y con distintos intereses.

    Esa es una de las principales razones por las cuales LA ASAMBLEA fiscalizaba a los MAGISTRADOS y al CONSEJO (Atenas). Que traducido a “lo moderno”, la Asamblea Nacional debe tener la misma legitimidad que el ejecutivo y deben ser elegidos en diferentes elecciones. El primero representa la nación (si se cumple el principio de representación) y el segundo ejecuta la legislación de la nación. El Estado es una corporación,…

    El Estado español NO tiene forma de monarquía parlamentaria, porque el parlamento no pinta absolutamente nada (ver votaciones), es un Estado de Partidos. Y el rey lo ponen los partidos, más concretamente Franco inició el “revival”.

    monarquía parlamentaria: rey reina, parlamento gobierna.
    onarquía constitucional: rey gobierna, asamblea legisla.
    monarquía de partidos: rey pantalla, aparatos de los partidos legislan.

    No es de extrañar pues, todos los edificios institucionales “democráticos” quieran parecerse al Partenón (templo de Atenea), las razones son claras y obvias,…, UN TIMO.
    Como decía Joseph Goebbels ; “miente, miente que algo queda”

    La constitución es vivo ejemplo, como lo pone “el papelito” redactado en secreto, ocultado a las cámaras franquistas legislativas (sin partidos republicanos salvo el monárquico partido comunista) y votado sin ningún viso de legitimidad, pues no se podía aprobar por artículos o bloques, ni elecciones a cortes constituyentes, ni nada parecido.

    “Hispania” está corrompida y lo único que parece funcionar eficazmente es Hacienda,…,porque esto es un estado cleptocrático.

    La mayoría de la arquitectura racional que sustentan una democracia es errónea, disfuncional en el Estado de Partidos. Ni separación de poderes, ni representatividad y por supuesto la isonomía ni está ni se la espera.
    La democracia, el debate público, no se entiende sin ser “encarnizado” buscando la hegemonía de las ideas, aquí todo va con el consenso. Esto es, pacto de unos cuantos para repartir, con botín. Donde lo único que se dirime es quien roba a quien,…

    ¿Democracia?,…, oligarquía.

    Saludos.

  4. José María Bravo dice:

    Muy interesante articulo de Salama. No por lo que dice, estrictamente el articulo, sino por lo que insinua.

    El tema del aforamiento no es algo nuevo, el que se haya masificado es problema de un modo de interpretar la Justicia y ahí esta el problema.

    El aforamiento estaba en el Derecho Procesal antiguo y surgio para salvaguardar la libertad de expresión en epocas en las que era dificil hacer su uso.

    Pero, el fondo del articulo de Salama es algo a lo que el se refiere habitualmente. El tema de la Justicia “independiente”, yo creo que ese termino no es el mejor. Quizas sería mejor decir Justicia “imparcial”.

    Y aunque parezca poco, hay mucha diferencia entre los dos terminos: independiente e imparcial.

    En el Juicio Moral, porque la Justicia y la Moral están intimamente unidas, son matices muy diferenciados. Independiente no tiene una atribución definida hacía el Bien . Porque la jJusticia tiene que ver en el como tratar a los demás. Podríamos decir en el como “juzgar” a los demás. La imparcialidad, en cambio es entender el valor sustantivo del individuo. Y se refiere a las condiciones de cada individuo. Hay que considerar las condiciones historicas de los valores morales. Es verdad que esto nos lleva a reflexiones filosoficas.De Teoria de la Justicia.

    Eso es lo que vislumbro en el ariculo de Salama. Yo creo que es muy interesante estos temas. Hay que irnos a Nietzsche, a Raws. A ver que es la Justicia Distributiva o la Retributiva.

    Así, quizas, nos iremos más allá del “capricho” electoral de nuestros representantes institucionales

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies