Nos estamos acostumbrando a levantarnos cada día con un nuevo caso de corrupción; de forma que tenemos la sensación de que todo está podrido. Sin embargo, si nos detenemos en el mapa de la corrupción de los últimos años, observaremos algo curioso: la mayoría de los casos han tenido como foco principal a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales y/o a los partidos políticos. Han sido relativamente infrecuentes los supuestos de corrupción que hayan afectado a la Administración del Estado. La principal excepción a esta afirmación fueron los sonados casos de corrupción que, a principios de los 90, afectaron al Ministerio del Interior y al PSOE. Conviene destacar que estos casos se produjeron con los llamados fondos reservados, con los que los políticos hacían y deshacían a sus anchas sin control alguno.

Y en todo esto la ciudadanía se pregunta: ¿qué podemos hacer para que no nos tomen más el pelo? ¿Qué hacer para que no nos roben el dinero que tanto nos cuesta pagar en impuestos? Acertar en la respuesta a estas preguntas requiere atinar en el diagnóstico. En la explicación de lo sucedido, Podemos se ha quedado en una reacción infantil de culpabilizar a lo que ha bautizado como la casta. Como operación de marketing tiene una indudable eficacia señalar a alguien visible como cabeza de turco, presentándose a un tiempo como salvador. Hay algo de mesiánico en el ellos son los culpables, yo no soy como ellos y yo soy vuestra salvación. Sin embargo, excepto para Podemos y sus expectativas electorales, el planteamiento tiene escaso interés por su inutilidad. Al margen de la simplificación que supone afirmar que todos los que no están tocados por la varita mágica de Podemos son unos corruptos, me parece más interesante analizar cuáles han sido las causas de la última explosión de podredumbre.

El diagnóstico de lo que ha ocurrido es relativamente sencillo: un sector público con una fuerte intervención en la actividad económica y unos años de crecimiento económico desaforado sobre la base de que una simple autorización administrativa (licencia urbanística) multiplicaba el valor del activo en cuestión. Este es el caldo de cultivo. En paralelo se produjo un relajamiento del control sobre el gasto.

El caso de los ERE de Andalucía es revelador de lo ocurrido: lo que reprocha la juez Alaya a los políticos de la Junta de Andalucía es que eliminaran controles administrativos en el otorgamiento de subvenciones.

Para apreciar la gravedad política que tiene la eliminación de estos controles basta acudir a los orígenes del constitucionalismo y de la propia democracia. Estos orígenes están directamente relacionados con la obsesión del ciudadano por controlar el gasto del Soberano, evitando que este pudiera gastar en lo que le diera la gana y luego esquilmar al pueblo con impuestos. Así, la Petition of Rights de 1628, documento fundamental en el constitucionalismo británico, se produjo como consecuencia del conflicto surgido con Carlos I por la negativa del Parlamento a aprobar el gasto para financiar la Guerra de los 30 años. Desde entonces la transición del súbdito al ciudadano, investido de derechos frente al poder, se va produciendo a impulsos de la tensión con el Soberano por el control sobre cómo gasto y sobre el poder de exigir impuestos para financiar esos gastos.

Básicamente, el ciclo del control del gasto puede sintetizarse en tres fases. En la primera, el Gobierno elabora los presupuestos, decidiendo en qué se va a gastar y en qué cuantía, y el Parlamento los debate, enmienda y, en su caso, aprueba. En la segunda fase, antes de realizar cada gasto, debe verificarse que la Administración emplea el dinero en los conceptos específicamente aprobados por el Parlamento y con los límites cuantitativos fijados por este. Por último, en la última fase, una vez cerrado el ejercicio presupuestario, el Tribunal de Cuentas verifica cómo se ha realizado el gasto, mandando un informe al Parlamento para que este pueda examinar cómo la Administración ha ejecutado el mandato implícito en el presupuesto.

En cada una de esas tres fases las cosas no han funcionado como deberían. En la primera resulta obvio que el Parlamento -ya sea estatal o autonómico- se limita a validar lo que aprueba el Gobierno; por lo que los representantes electos de los ciudadanos tienen un papel irrelevante en una función que está directamente relacionada con el nacimiento de la democracia, como es la decisión de en qué vamos a gastar los dineros de todos. Esto se produce porque no existe propiamente una división de poderes, como hemos comentado en otros artículos, pero también por la complejidad técnica de los presupuestos: la mayoría de las veces parecen enciclopedias inacabables de números incomprensibles, que ni los parlamentarios ni la ciudadanía tienen la capacidad de entender. En Holanda cuentan con una autoridad independiente que se encarga de evaluar el coste de cada propuesta política que hace el Gobierno o la oposición y de analizar las distintas alternativas para su financiación; de forma que parlamentarios y ciudadanía cuenten con una información clara y simplificada sobre lo que significa cada propuesta de gasto. Aunque no es obligatorio que las propuestas se sometan a la evaluación de la autoridad; si no es así quedan desacreditadas frente a la ciudadanía. En España acabamos de crear la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para verificar el cumplimiento de los objetivos de déficit por el Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales. ¿Por qué no aspirar a una autoridad a la holandesa que también sirva a la sociedad para comprender los presupuestos, programas y propuestas políticas que se hacen? Por este camino empezaríamos a dar pasos hacia una democracia de ciudadanos.

En la segunda fase es donde se ha producido el mayor desmantelamiento del sistema de controles, que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. Aparte de la multiplicación de sociedades, fundaciones y agencias públicas con un gran poder de gasto y donde los controles administrativos se han relajado; la situación se ha agravado en los ámbitos autonómico y local, donde se ha producido un progresivo deterioro de la función pública que debía controlar la aplicación del gasto, esto es, la Intervención. En algunas Comunidades Autónomas, en nombre de su potestad de autoorganización, directamente han desaparecido los cuerpos especiales de funcionarios, en otras se ha reducido su profesionalidad a través de discutibles procedimientos de selección y, en fin, en otras se ha limitado considerablemente las funciones de la intervención. Este desmadre se ha elevado a la enésima potencia en el ámbito local.

Ciertamente, a nadie se le escapa que existe una tensión entre eficacia y controles: al gestor honesto y eficaz, los excesivos controles se le presentan como obstáculos para conseguir el objetivo de una Administración más operativa; sin embargo, el relajamiento de los controles sirven al gestor menos escrupuloso para desviar fondos sin llamar la atención. En un país como el nuestro en el que no tenemos grabado en el ADN colectivo que el dinero público es sagrado (a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Inglaterra en que la conquista de los derechos democráticos viene de la mano del control del gasto público), me parece necesario recuperar controles estrictos. Y solo el Estado puede imponerlos, de forma que operen en todas las estructuras territoriales.

Respecto de la tercera fase del ciclo, el control del gasto a través del Tribunal de Cuentas, puede afirmarse que hay pocos órganos constitucionales que hayan desempeñado más ineficazmente su misión. Si el Tribunal estatal ha funcionado mal, el papel de los Tribunales de Cuentas autonómicos ha sido todavía más discutible. En general, las fiscalizaciones han llegado tarde y han resultado completamente inútiles. Ciertamente la puesta en marcha del portal de la transparencia es un avance, pero ¿costaría tanto explicar analíticamente, por materias y actividades, el gasto público, de forma que todos sepamos claramente en qué gasta cada Administración?

En definitiva, hay mucho por hacer para que el país en que vivimos empiece a parecerse a una democracia. Pero todos deberíamos empezar por recordar los orígenes: la ciudadanía y la democracia nacen para limitar al Poder sobre cómo gasta nuestros dineros. A partir de ahí quizá comience a cambiar nuestra concepción de lo público y nuestra percepción de la necesidad de imponer controles.

2 comentarios

2 Respuestas a “EL MAPA DE LA CORRUPCIÓN”

  1. RBCJ dice:

    Se puede leer este artículo relacionado del Insead Knowledge.

    Corruption: Can You Ignore It?
    http://knowledge.insead.edu/ethics/corruption-can-you-ignore-it-3736#q5sYPl067s0JDjtm.99

    Saludos,

  2. joselelele dice:

    Que no hayan ido al juzgado no significa que por el tufo no lo reconozcamos. El ministro Arias Salgado anunció: hemos adjudicado las licencias 3G por CERO euros (eso sí con fianzas de 522 millones de € que luego recuperaban las compañías). Alemania obtuvo (en subasta) 48.000 Millones, Reino Unido 36.000 Millones y aquí se esperaban un mínimo de 12.500 Millones y un máximo de 24.000 Millones de euros ( entre 2 y 4 Billones de Ptas) como para pagar un sueldo vitalicio a todo Madrid con los intereses sin tocar el capital. Y de esas las que quieras. AENA, sin ir más lejos, entregada a la City, el mayor paraíso fiscal del mundo de una tacada a precios de derribo, en el peor momento. O la mitad del Oro de la Reserva de España que vendió Solbes en un momento parecido de inundación de billetes, a la tercera parte de lo que ya se sabía que iba a costar. A veces no ves el cadaver si está bien enterrado, pero el edor impregna la estancia. Y las hay de todos los colores.

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