Ha habido fraudes mayores en lo que a cantidad de dinero se refiere –basta con abrir un periódico para encontrarlos–, pero pocos han sido tan audaces como este, con el que voy a empezar el post.

En mayo de 1925, los cinco mayores comerciantes de chatarra de Francia fueron citados a una reunión oficial con el Director General del Ministerio de Correos y Telégrafos en el hotel Crillon, por aquel entonces el más lujoso de París, y fueron recibidos por el Director General, un tal Mounsieur Lustig en una elegante suite.

El señor Lustig, después de exigir a los asistentes la más estricta confidencialidad, les hizo saber que el Gobierno de Francia no podía asumir por más tiempo los costes de mantenimiento de la Torre Eiffel y que iba a proceder a demolerla, esperando de ellos ofertas por todo el acero en que se convertiría el, por aquel entonces, polémico monumento. Les presentó el pliego del concurso, con sus correspondientes membretes oficiales y, tras hacerles subir a una lujosa limusina, les llevó a la torre, mostró un pase oficial con el que les dieron acceso a la misma y les hizo un recorrido por las instalaciones, salpicando la visita de divertidas anécdotas. Al acabar la visita les hizo saber que esperaba sus ofertas en el plazo de unos días, y que podían remitírselas a la suite del hotel.

Varios días después de presentadas las ofertas -por increíble que pueda parecer todos presentaron la suya- uno de los comerciantes, un tal A. Poisson recibió la notificación de que la suya era la oferta aceptada, y que para asegurarse la licitación debía presentarse en el hotel con un cheque certificado por más de 250.000 francos (más de un millón de euros de hoy en día). Contra la entrega de dicho cheque recibiría los documentos que le transferirían la propiedad de la torre.

Poisson estaba nervioso: pasaría a la historia como el que compró y demolió el símbolo de París; pero al llegar al hotel empezó a dudar: algo le olía mal. ¿En un hotel? ¿Un solo funcionario? ¿No sería una estafa?…

No llegó a vocalizar sus dudas, pero al verle dudar, el tal Lustig -más conocido como el Conde Lustig, uno de los estafadores de guante blanco más audaces de la historia- cambió por completo de registro y empezó a quejarse amargamente de lo bajo de su salario, de lo poco valorado que estaba su trabajo -el que tanto se sacrificaba por el bien público- de lo duro que era trabajar sin que se reconocieran sus esfuerzos…

De repente, el señor Poisson volvió a encontrarse en una situación familiar: ¡le estaban pidiendo un soborno! Estaba tan acostumbrado a que los funcionarios y los altos cargos con los que trataba aceptasen sobornos que, para él, este era un síntoma de normalidad y le hizo recuperar la confianza en su interlocutor: pisaba terreno conocido, las cosas funcionaban bien. ¡No tenía por qué ser un fraude! El chatarrero entregó al conde su soborno y luego el cheque para el Gobierno con el que creía hacerse con la Torre Eiffel.

La primera vez que leí sobre caso lo que me llamó la atención de la historia fue como alguien inteligente -se supone que los exitosos comerciantes lo eran; por cierto, el Conde Lustig vendió la Torre otra vez posteriormente- puede ser timado con algo tan aparentemente obvio, pero ahora, teniendo en mente la decadencia de nuestras instituciones, lo que de verdad me llama la atención es que parece que está dentro de la naturaleza humana dar por supuesto que la gente que llega a cargos de poder o responsabilidad es corrupta por naturaleza. Lo damos por sentado.

Lo que hizo que triunfase la estafa, por inverosímil que pareciera, no fueron los sellos oficiales, las limusinas o los pliegos de condiciones; lo que hizo que todo fuera creíble fue que el cargo público estaba pidiendo un soborno; en la Francia de los años veinte igual que en la Andalucía de los ERES, el Pozuelo del Gürtel o el Palau de la Música.

Yo, y es una opinión, no creo que todo aquel que decide dedicarse a la política o que todos los altos funcionarios sean, por principio, corruptos; es más, ni siquiera creo que todos sean corruptibles; pero lo que es evidente es que esa es la percepción que se tiene de ellos, y lo peor de todo es que no están haciendo nada para que esa opinión cambie.

Todos los partidos políticos, empezando por el del Gobierno, pasando por el PSOE, por CIU y acabando con los que hasta hace bien poco decían ser los únicos representantes de la izquierda en España, se comportan frente a la corrupción con una laxitud que es, cuanto menos, mosqueante. A todos se les llena la boca cuando se trata de atacar las podredumbres de sus rivales, pero ninguno actúa de forma consecuente con las de los suyos; a los propios se les presupone inocencia, al menos hasta que un juez determine lo contrario.

Esa es la excusa que ponen siempre: hasta que lo diga un juez los nuestros son inocentes. Por eso, ahora que los jueces hacen público un documento en el que se enumeran las medidas que, desde su punto de vista podrían ayudar a dar a los gobernantes la legitimidad de la que ahora mismo carecen, se hace aún más evidente la ceguera de los políticos, porque la mayor parte de esas medidas, de puro sentido común, serían relativamente sencillas de implementar.

Medidas como la ampliación del plazo de prescripción de los delitos, la agravación de las penas, agilizar la instrucción de los casos o la tipificación como delitos de conductas que ahora quedan impunes, son medidas tan de sentido común que parece increíble que no hayan sido tomadas ya, y que nos hace preguntarnos a los ciudadanos a quién sirven de verdad los que deberían servirnos a todos.

Parece que de momento todos los partidos políticos que han tenido algún tipo de poder en sus manos (Gobierno, Comunidades, ayuntamientos…) tienen más miedo de que salgan a la luz los esqueletos de sus armarios que de que les metan a ellos en el armario para no dejarlos salir; pero esto está cambiando, rápidamente, además.

Esperemos que el escalofrío que les está empezando a recorrer la espina dorsal a los que llevan años repartiéndose el poder y los casos de corrupción en España, gracias sobre todo al efecto de la irrupción de Podemos y al miedo que esto les da, les haga meditar lo suficiente como para que se pueda llegar a un verdadero pacto contra la corrupción en este país, un pacto que incluya algo más que medidas de maquillaje.

Como no se puede sobornar a un hombre honrado, asegurémonos de llenar las cárceles con aquellos a los que se puede sobornar.

2 comentarios

2 Respuestas a “PARÍS”

  1. José Maria Bravo dice:

    Es un articulo llamando a la simple honestidad basica. Podriamos decir a la honestidad del “vulgo”. Porque, desgraciamente, la “educación” permea los valores. El Sistema hace, como en tu “parabola”, que las reglas se vuelvan laxas y el “exito” sea sacar provecho.

  2. Loli dice:

    Hace poco asistí a una charla donde el ponente llamó la atención hacia el siguiente dato:
    somos el país de la UE que más registros y tiempo de la jornada laboral utiliza en rellenarlos, en cuanto a instituciones públicas se refiere.

    Todo el que trabaje en alguna de estas instituciones, creo que lo sabe muy bien.

    El registro se multiplica exponencialmente, porque muchos de ellos están pensados para constatar supervisiones.

    Es decir, no basta con meter los datos recogidos del trabajo, sino que también se ha de contemplar el trabajo de los demás (de forma directa o indirecta), que se cumpla, y sobre todo y lo más importante….que ese trabajo quede registrado…porque si no es así…si no está reflejado en la aplicación informática correspondiente…es que no está realizado, aunque los hechos indiquen lo contrario.

    Y, ésto ¿porqué?…Pues creo que porque, entre otras cosas, esta forma de funcionamiento implica una cadena importante de personas donde pedir responsabilidades de no cumplirse los objetivos impuestos…o bien de las incidencias o problemas que se puedan derivar de la realización del trabajo.

    Y ¿de dónde viene todo ésto?, pues puede que una razón importante sea la desconfianza crónica hacia el trabajo público en general, en su cumplimiento.

    Esto enlazaría con el artículo de Raúl, en ese, al parecer antiguo, maridaje entre cargo público y soborno.

    Y aunque es una situación que afecta al resto de países de nuestro entorno europeo…y de otros países, claro está, pero ciñiéndome a la UE, donde nos movemos, me temo que no en todos ellos se intenta atajar del mismo modo.

    Aquí se ha optado por la vigilancia en cadena para la posterior depuración de responsabilidades, de tal modo que hay un montón de gente, además de la que trabaja y supervisa en su trabajo, fuera de ámbito laboral concreto, pero pagada igualmente con dinero público, con la única misión de auditar y supervisar los trabajos de las instituciones públicas, sobretodo de aquéllas que tienen que ver con tareas y servicios de índole social y sociosanitario.

    En definitiva se les contrata y paga por supervisar periódicamente un trabajo que supone está ya supervisado, como así lo indica el organigrama del centro…no importa…nada es fiable…¡hay que supervisarlo de nuevo! y ¡desde fuera¡.

    Me gustaría conocer si al elaborar estos procedimientos de “control”, se ha observado cómo lo hacen en otros países de la UE…, donde, aparte de no entender cómo nos apañamos con diecisiete administraciones distintas, tampoco entienden muy bien (a raíz de lo que se expuso en esa charla) la cantidad de registros que se obligan a rellenar aquí en una jornada laboral de cualquier índole de servicio público, y cómo se compagina eso, con realizar el trabajo encomendado en esa jornada..

    Podríamos mirar cómo se solventa el problema de la calidad y el control en países europeos de los de primera línea, claro…son a los que aspiramos ¿no?..y no emplear esfuerzo y dinero (de todos) en crear cadenas interminables de candidatos a “presuntos culpables”, y que la responsabilidad nunca salpique “arriba”…que luego se tienen que presentar a candidatos en… elecciones.

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